Después de casi una década, la economía peruana no ha superado el lento crecimiento del producto bruto interno que, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, alcanzó el 4% y finalizó un año 2023 con una caída del 0.5% por dos sectores anclas en la economía del país referidos al sector construcción y manufactura que han retrocedido en su crecimiento por el ambivalente entorno político y aspectos sociales que conllevan a un retroceso en el crecimiento de la economía peruana.
El entrar en un proceso de recesión para la economía peruana se traduce en estancamiento en la reactivación y falta de un crecimiento sostenido. Por ende, lo que se requiere desde la política monetaria es frenar la recesión para evitar la bola de nieve de la caída del empleo, el quiebre de negocios y el riesgo del sector financiero que ingrese a contagiar al sistema financiero y contagie a una morosidad de los créditos de empresa, consumo e hipotecarios para lograr reactivar la economía a una tasa de crecimiento del producto bruto interno cercando al 3% para el año 2023, para lo cual no solo se requiere activar la inversión pública vía la palanca del gasto público sino también incentivar la inversión privada para mejorar las expectativas empresariales, requiriendo un shock de inversiones que permita enfocarse en reducir la pobreza que bordea el 28% en el año 2023, siendo el primer desafió del país.
El segundo reto es el relacionado a lograr detener la inflación que, para el año 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se cerraría con el 8% y con una informalidad del 80%, cuya preocupación parte del incremento de los precios que afectan a la canasta básica de alimentos. Esto ocasionaría una amenaza a la seguridad alimentaria, principalmente por el impacto causado, donde cinco de cada diez peruanos se encuentran vulnerables a ser pobres. De ahí que el Banco Central de Reserva del Perú ha generado una continua alza de las tasas de interés de referencia alcanzando el 7.5% que produciría un efecto de desaceleración de la demanda interna que afecta al consumo privado.
El tercer reto es el relacionado al Fenómeno del Niño, que complicaría el escenario económico del país en 13 regiones, donde el 60% de la población se vería afectada por la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Esto generaría un impacto negativo sobre las proyecciones de crecimiento económico al poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.
El cuarto reto es el escenario al problema estructural de la delincuencia junto a la reforma estructurales en los diversos sectores como salud, que ante un posible incremento de la alerta epidemiológico, es necesario considerarlo como una amenaza posible para las proyecciones económicas que implica aspectos institucionales del gobierno, donde la gestión pública que se inyecta del problema tóxico de gobernabilidad que no permite atraer inversión privada conlleva a sobrecostos producto de la delincuencia que en promedio asciende al 10% de las ganancias producidas por las empresas.
De allí surge la necesidad del accionar de los actores políticos en los próximos comicios electorales que permita instaurar no solo un gobierno democrático, sino también a un gobierno orientado a las necesidades de la población bajo las brechas sociales y el actuar ciudadano, donde cumplen un rol fiscalizador clave para la gestión pública.
A este punto es necesario comprender que las frustradas expectativas de la población, así como el desperdicio de la bonanza de los precios internacionales de los minerales, un gobierno de confrontación que no comprende el escenario internacional y la situación interna del país que ocasiona la inestabilidad económica, conllevarán que sus tropiezos, escándalos y desatinos políticos ocasionen un futuro sombrío para la economía peruana sobre la cual tiene que accionar el actual ministro de economía a través de la política fiscal, las políticas públicas y la relación con la política macroeconómica, requiriendo para ello tener gestores públicos que consideren al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050, que es el documento orientador hacia los cuatro objetivos nacionales relacionados al desarrollo de las capacidades de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar los niveles de productividad y competitividad con empleo y garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado al servicio de las personas. De esta forma, dicho instrumento orienta el accionar del Estado en el mediano y largo plazo que permita mejorar las condiciones de vida de la población.
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