“el agro, está inundado de seudo políticas que, sólo, siguen contribuyendo a su exclusión y pobreza”
I. PRIMERA PARTE: una mirada de sus condiciones sociales
1. CAMINO AL ENVEJECIMIENTO
Una mirada sólo a la copa de los árboles, nos puede presentar una visión equivocada de lo que es el bosque, pues cuando nos internamos en este, la foto nos muestra una población camino al envejecimiento, los campesinos de hoy son los que aparecieron en la escena política en la época del gobierno militar de Juan Velasco, y, las políticas implementadas posteriormente dieron lugar a jóvenes desarraigados del medio rural – agropecuario, lo cual es una de las preocupantes realidades que enfrenta el sector, que de no ser corregida, pasará en el mediano plazo – y quizás en el corto - la factura en la formación de la oferta laboral en términos de cantidad y calidad.
La estructura de propiedad continuará su tendencia de atomización y tendremos más campesinos trabajando – si se puede usar dicho verbo - pequeñas parcelas para sobrevivir y, lo que aunado a las características socioeconómicas y etarias, constituyen fuertes limitaciones que restringen cualquier proceso de cambio y adopción de tecnologías, restricciones que impactarán en la creciente demanda alimentaria, agudizando la dependencia de los consumidores nacionales y una mayor vulnerabilidad, (hoy estamos en niveles superiores al 65 %), además del incremento de la pobreza rural, y por ende, la anemia y malnutrición infantil, y una mayor migración a las ciudades, haciéndolas cada vez más inviables para atender los requerimientos de sus habitantes,
Específicamente, la distribución de los productores agropecuarios señala que 40 % corresponden a productores con edad mayor a los 60 años, mientras que 36% están en el rango entre 45 – 59 años de edad. Una conclusión inmediata es que, en 15 años, casi tres cuartas partes de nuestros agricultores estarán, jubilados, enfermos, o fallecidos, superando las siete décadas de edad: Tabla 1.
Tabla 1. Productores Agropecuarios, según Edad
PA: productores Agropecuarios
Elaboración: propia
2. MUJERES PROTAGONISTAS
El 33 % de productores agrarios son mujeres, indicador que va en crecimiento (hace una década eran, entre 20 – 25 %); este peso relativo es muy relevante, pero poco considerado en las políticas y programas agropecuarios, aunque ministros y parlamentarios se rasguen las vestiduras pregonando su apoyo a la Mujer. La desatención pública para este importante segmento, puede verse resumida cuando también observamos que estos grupos poblacionales pertenecen a los bolsones de pobreza y pobreza extrema rural.
Una mirada a la mujer agropecuaria, nos muestra que tiene menor acceso a educación, tecnología, financiamiento, negociaciones con los mercados, y otros servicios públicos (escasas posibilidades de mejorar sus capacidades), limitaciones que luego se reflejan en la baja productividad técnica y su utilidad económica (ingresos); en resumen, son productoras conformantes de los segmentos de pobreza y extrema pobreza rural, cuando una gran oportunidad para el país estaría en que sea la Mujer la futura empresaria dominante del sector agrario, dada su mayor capacidad de orden, y permanencia en la localidad de nacimiento. ¿Tendrá, algún día, el Ejecutivo de turno para promover que el sector sea administrado por mujeres?
Una división de los productores, según género y edad, indica que, 42,4 % corresponden a mujeres productoras cuyas edades son mayores a los 60 años de edad; este resultado asociado a su condición económica debería ser considerado al momento de diseñar y ejecutar la política de asistencia social y previsional en el sector; Tabla 2.
Tabla 2. Productores Agropecuarios, según sexo
Elaboración: propia
3. EXCLUSION EN LA CALIDAD EDUCATIVA, restricción a la productividad
Generalmente, la baja productividad de la pequeña agricultura, está asociada a factores como la ausencia de ganancias (baja/nula capitalización, con un cierre de puertas en las entidades financieras formales y el encarecimiento del crédito en el sector informal y usurero), la limitada articulación a los mercados, los insuficientes programas de capacitación a ellas, adaptados a su doble rol de esposas y/o madres, y a los riesgos propios de la actividad que, en suma, son restricciones que obstaculizan todo proceso de crecimiento y desarrollo, condición previa para generar competitividad y rentabilidad.
Una realidad poco comentada – pareciera que el Estado prefiere ‘desviar la mirada’ – está referida al nivel educativo de los productores; así, 51% de estos, sólo han logrado culminar estudios primarios y, únicamente, casi 30%, educación secundaria. En conjunto, 8 de cada 10 productores, acreditan un nivel educativo entre primaria y secundaria, ausente de la formación técnica o profesional, por lo que la educación técnica agropecuaria, sigue ausente. Descomunal paradoja que el Estado, y todos los gobiernos desde 1961 (y antes), conociendo esta situación, no se haya preocupado de por lo menos otorgarles educación secundaria. Incluso, los gremios que reclaman representar a los productores, y con ellos exigir capacitación y tecnología, no se percatan que la aplicación de estas a personas sin estudios escolares, se pierde en saco vacío: Tabla 3.
Entonces, es pertinente preguntarse, si con una masa crítica de productores con el modelo educativo vigente y su falta de recursos para adquirir tecnologías, se puede esperar mejorar la productividad y, en consecuencia, generar competitividad. Preguntémonos cuantas de las tecnologías y programas de capacitación están acorde a sus condiciones, que son limitaciones al momento de implementar estos.
En conclusión, si realmente se desea mejorar la productividad y mejorar la competitividad (y no solo la foto y el floro), resulta prioritario una redefinición del actual modelo educativo para los espacios rurales, como también, revisar los procesos para la generación de tecnologías agropecuarias y los programas de capacitación (escolarizada y no escolarizada).
Tabla 3. Productores Agropecuarios, según nivel Educativo*
*: estudios concluidos. E. educación. S: superior
Elaboración: propia
4. PERUANOS Y PRODUCTORES INVISIBLES (discapacitados)
Recientemente, aparecen en el discurso político, mediático y oenegero, los peruanos invisibles, definidos como aquellos que no son atendidos por el Estado, y viven sin poder satisfacer sus NBI (necesidades básicas insatisfechas); esta población se estima en 1/3 de la población peruana.
En este análisis nos referimos a los peruanos invisibles, en el aspecto de discapacidad que, según el INEI, representa alrededor de 10 % de los 34 millones de peruanos. La distribución etaria de la población con discapacidad (PDC) muestra que, alrededor de 40 % (1,4 millones) corresponde a mayores de 60 años de edad, siguiendo el grupo 45 – 59 años, que representa 22 %. En conjunto, alcanzan casi 2,1 millones de personas que, dada su edad biológica, representan poblaciones de alta vulnerabilidad. También, resultan preocupantes los 800 mil PCD que forman parte del grupo de jóvenes adultos y, aquellos entre 18 – 29 años: Tabla 4.
Tabla 4. Personas con discapacidad según edad
PCD: personas con discapacidad
Elaboración: propia
A mayor cantidad de dificultades que enfrentan las personas con capacidades limitadas, sean físicas, cognitivas o mentales, les resulta más difícil tener o ejercer una vida con pleno ejercicio, y participar en la economía como acceder a la modernidad y el progreso.,. De acuerdo a información del INEI, casi 70 % de las PCD presentan entre 1 o 2 limitaciones (casi 2,3 millones de PCD): Tabla 5 - 6.
Desde el punto de vista de política pública (Estado), la existencia de casi medio millón de PCD que enfrenta más de 4 limitaciones, amerita estructurar una política donde el mejoramiento de su entorno les permita vivir con dignidad.
Tabla 5. Número de Limitantes de las PCD
PCD: personas con discapacidad
Elaboración: propia
Tabla 6. Tipos de dificultades de las PCD
PCD: personas con discapacidad Elaboración: propia
5. LOS PROGRAMAS SOCIALES (facilismo y clientelismo)
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO2022, la incidencia de la pobreza alcanzó 28,7% de la población y es muy probable que una importante de esta sean peruanos con alguna discapacidad. Para hacer frente a la pobreza, los programas sociales - datan hace más de 50 años - constituyen el vehículo público más importante para amortiguar esta vulnerabilidad. Específicamente, el acceso a aquellos de ayuda alimentaria o nutricional, ofrecidos por el gobierno que alcanzan 31,7 % de los hogares, con al menos una persona con discapacidad. Asimismo, 87,0 % de hogares, con al menos una persona con discapacidad, accedieron a algún programa no alimentario, tales como: Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Bono gas, Bono Yo me quedo en casa, Bono Familiar Universal, Bono Yanapay, Bono 600, entre otros.
Respecto a los programas no alimentarios, destacan: Bono Yanapay, Programa Bono Familiar Universal, Programa Bono Yo me quedo en casa y Programa de dotación de material educativo. Entre los hogares con al menos una persona con discapacidad, 56,1% acceden al Bono Yanapay, 34,3% al programa Bono Familiar Universal, 33,7% al Programa Bono Yo me quedo en casa, y 24,3% al Programa de dotación de material educativo.
En lo que refiere a la cobertura del seguro de salud, las estadísticas oficiales (INEI) muestran que un porcentaje mayor entre la población con discapacidad (90,4 %) tienen acceso a seguro de salud; específicamente según el tipo de seguro de salud la mayor proporción de afiliados corresponde al Seguro Integral de Salud (SIS), que atiende 65,6 % de las personas con discapacidad. Como segunda opción, se ubica el Seguro Social de Salud (ESSALUD), con una cobertura de 22,8 % para la población con discapacidad.
La cobertura del sistema previsional es limitada, donde sólo 22,2 % de los PDC son beneficiarios de un sistema de pensiones, y con ello atiende sus necesidades al concluir su ciclo laboral. La cobertura, en el área urbana, es 26,4 % para PDC, y en el área rural alcanza, 9,2 % de personas con discapacidad y, 10,6 % de las personas no afectadas por discapacidad.
La información de la tabla 7 indica que los servicios para las PDC representan a casi el 10 % del total de PDC existente; en cuanto a los programas sociales monetarios se tiene en total estarían beneficiando al 2,9 % del total de PDC, esta cifra revela el altísimo nivel de exclusión a que están sometidas estas poblaciones de alta vulnerabilidad.
Tabla 7. Cobertura de Servicios para las PCD
PCD: personas con discapacidad Elaboración: propia
6. EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Tomando como referencia el estudio sobre caracterización de las PCD (INEI 2022) en cuanto a la participación en el mercado laboral de la población de 14 y más años de edad, 43,7% de la población con alguna discapacidad forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Las principales ocupaciones/categoría que desempeñan son como “trabajadores no calificados de los servicios personales”, donde 34,2% son trabajadores con discapacidad. El segundo grupo ocupacional corresponde a “trabajadores agropecuarios calificados” con 23,4% y, en una tercera ubicación, “comerciantes y vendedores” con 10,1%. Con referencia a la Categoría de ocupación, se observa que, algo más de la mitad de la PEA de los PDC, labora como trabajadores independientes (50,9 %): Tabla 8.
Tabla 8. Empleo de personas con discapacidad
*: incluyen trabajos calificados
Elaboración: propia
7. INGRESOS Y DISCAPACIDAD
El ingreso promedio mensual por renta de trabajo, en la población PDC, es 530,8 soles, tres veces menor en comparación con el ingreso que percibe la población sin discapacidad, de 1499,0 soles mensuales. Los ingresos, según el área de residencia, exponen que la diferencia entre PDC y no PDC, es de 518,6 soles a favor de la población sin discapacidad; en el área rural, la diferencia es 314,5 soles, siempre a favor de los no discapacitados.
II. SEGUNDA PARTE: reflejando la eficacia de las “políticas agrarias”
1. DISCAPACIDAD Y AGRICULTURA: productores pero excluidos
La discapacidad en el mundo agropecuario (INEI), afecta a 228 mil productores, 10% del total de estos, y 0.7% del total de la población peruana.
La discapacidad, para un productor agropecuario, impacta significativamente en el desarrollo de su principal fuente de ingresos; dicha condición le dificulta realizar movimientos (esfuerzos físicos) y de interacción social para comprar/vender sus insumos y productos, como también aprender nuevos conocimientos, por ejemplo, los referidos a tecnología.
Con una mirada a los productores agropecuarios, se advierte que son 228 mil quienes desarrollan sus quehaceres agropecuarios en marcada desventaja y, totalmente excluidos de todo programa público que, “eficientemente” se implementa para mejorar la rentabilidad, competitividad y elevar sus ingresos; para estos peruanos, dichos programas son justificaciones para la continuidad de una burocracia gubernativa indolente y alejada de la realidad. Tabla 9.
Citando algunos ejemplos, ¿alguna vez se ha visto un programa dirigido al agro con intérpretes para una población con limitaciones de habla y escucha?, o desde el MIDAGRI ¿alguna vez se ha promovido material educativo para productores con discapacidad de lectoría?, o también que el Estado (MIDAGRI, MINSA) ¿alguna vez han utilizado a las organizaciones sociales del campo, para ejecutar intervenciones y superar las dificultades asociadas al movimiento, visión y escucha de los PDC agrarios?
Estas últimas interrogantes no hacen más que llamar la atención para recordar que, desde el Estado se gasta mucho dinero y contrata excesiva burocracia para emitir normas, leyes cuyos resultados reflejan desatención y olvido, haciendo indigna la vida de casi 300 mil peruanos que, a pesar de sus dificultades (discapacidad), están cultivando sus campos para que más tarde disfrutemos de los alimentos que producen, aún a riesgo de su salud.
Tabla 9. Productores Agropecuarios, según tipo Discapacidad
D: dificultad
Elaboración: propia
2. PROPIETARIOS EN EL LIMBO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA: génesis de la inseguridad
Tiempo atrás en un reflexivo artículo, la Defensoría del Productor Agrario daba cuenta que los productores agrarios supuestamente propietarios, solo lo son ‘informalmente’ (certificados de posesión), lo cual no solo significa una alta inseguridad jurídica, sino que, además, una pérdida de valor de su más importante activo (su tierra), y la dificultad de acceder al crédito. La titulación y el registro de la propiedad agropecuaria, es una gran brecha que continúa sin encararse - con excepción de algunos alcaldes como el provincial de Piura - por parte de los niveles de gobierno, a pesar de muchas veces anunciarse su solución.
En promedio, se titularizan anualmente entre 50 mil a 60 mil propiedades (entrega títulos); este logro, en comparación al total de propiedades carentes de títulos de propiedad no representa más que 3,8 %, y al ritmo actual, es seguir esperando casi 26 años para cerrar la brecha de titulación, y probablemente más tiempo con el fallecimiento de los productores de mayor edad y la distribución a sus herederos.
Del total de títulos de propiedad existentes, 66% corresponde a hombres y 40% a mujeres, hecho que grafica la creciente importancia de las mujeres como propietarias de sus unidades de producción: Tabla 10.
El título de propiedad de la unidad agropecuaria – como de cualquier activo - , físicamente es relevante, pero no otorga total seguridad jurídica de manera que (tierra) absorba los valores económicos generados por la seguridad. Esta limitación se expresa en tanto que, solamente 20 % del total de propiedades tituladas están debidamente inscritas en el sistema registral de la propiedad (Registros Públicos).
Con el constante avance de la tecnología es hora de actuar, cuando menos, para que las 643 mil propiedades ya tituladas sean inscritas en los Registros Públicos. Este hecho desencadenará importantes impactos en la economía, haciendo que dichos activos abandonen su invisibilidad frente al sistema económico y se conviertan en instrumentos de respaldo financiero, etc.
Tabla 10. Seguridad Jurídica de la Propiedad
RP: Registros Públicos
Elaboración: propia
3. DUEÑOS Y POSESIONARIOS DE LA PROPIEDAD: normalizando la informalidad
La propiedad rural (tierras/UA) está inmersa entre la informalidad e inseguridad jurídica, de allí que reza un dicho común en los hombres y mujeres del campo, cuando señalan que “pocos o nadie sabe si eres dueño o posesionario”; así de clara y contundente es la realidad de su existencia, casi normalizada, ante un agresivo y delincuencial cada vez más creciente tráfico de tierras, en el que participan autoridades llamadas a controlarlo e impedirlo. Es una realidad, lamentablemente, casi auspiciada desde las propias instancias del Estado, cuando éste renuncia a ejercer su rectoría en esta materia.
La información de la última Encuesta Nacional Agropecuaria (2023) da cuenta que poco más de medio millón (552 mil) de productores tienen la condición de posesionarios (24 %); y también que entre 76 % de los propietarios, las mujeres representan 34 % de estos (dueños): Tabla 11.
La inseguridad jurídica e informalidad de la tierra/unidades agropecuarias, empíricamente se afirma tiene impactos negativos en los resultados productivos y económicos de la agricultura, y conlleva a errores en la formulación e implementación de las políticas públicas.
Tabla 11. Condición de Tenencia de la propiedad
Elaboración: propia
4. EMPLEO MAS ALLA DE LA AGRICULTURA: no sólo del agro viven los productores
La agricultura es el más importante sector que participa en la generación de empleo, casi 1/4 de la PEA; este indicador puede ser relevante para su análisis y nuevos enfoques, considerando se trata de una actividad productiva dominada por la pequeña propiedad, y como tal, en precarias condiciones de empleabilidad, y, conviviendo con relaciones de intercambio de trabajo bajo formas no monetarias de retribución.
Así, 53% de los productores se dedican exclusivamente a actividades agropecuarias, siendo éstas sus fuentes generadoras de ingresos (no necesariamente en suficiencia); además, 46 % restante encuentran en otras actividades, fuentes complementarias – en algunos casos, principales -, de ingreso. Esta segmentación de resulta pertinente conocerla en tanto facilita la implementación de acciones orientadas a fortalecer sus capacidades, con el propósito de mejorar sus niveles de eficiencia (comercio, servicios, etc.), y combate a la pobreza: Tabla 12.
Tabla 12. Actividades que dedican los Productores agropecuarios
Elaboración: propia
5. ASOCIATIVIDAD ¿desde los escritorios?
La asociatividad es una práctica que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, p.e. la Minka, es una forma ancestral de asociarse (aún persiste en nuestro ande) para desarrollar trabajos colectivos/comunales. Esta práctica social, considerando la estructura minifundista, predominante, en el agro resulta más que prioritaria, por lo que la extensión de su práctica, resulta un aliado natural para hacer a la agricultura más competitiva (reduce costos, hace eficiente la prestación de servicios y mejora su posición en los mercados).
Reconociendo la utilidad de esta práctica social y comparándola con la realidad ésta nos dice que 93,3 % de los productores agropecuarios no están integrados a ninguna forma asociativa, siendo solamente 6,7 %, donde destaca los hombres como más proclives a dicho relacionamiento. Al respecto, resultaría valedero que la misma ENA recogiera desde los productores su percepción acerca de las razones que llevan a no estar asociado y, para los que lo están, conocer que aprecian sus beneficios. Tabla 13.
Algunas investigaciones señalan que la escasa predisposición de los productores a asociarse es porque no observan o conocen los beneficios de esta modalidad, y que no les reditúan mayores ingresos monetarios - al menos en el corto plazo, tan importante para ellos -, y cuando los hay, sus dirigentes son los únicos beneficiados. Estas percepciones son resultado de los propios errores del Estado, en tanto sus políticas de asociatividad están orientadas a implementar sus propias actividades, mas no aquellas que necesitan los productores; este enfoque ha dado origen a dos tipos de asociatividad, la utilitaria y la de los dirigentes activistas.
La asociatividad utilitaria, promovida desde el Estado, surge sólo para recibir los apoyos públicos (insumos, maquinarias, financieros, etc…), constituyendo el primer paso, para construir el asistencialismo y clientelismo en beneficio de gobernantes y autoridades de turno; estas formas, así como aparecen. desaparecen al finalizar el programa público.
La asociatividad de dirigentes activistas se caracteriza por estar más ligados a procesos de comercialización, y generalmente son productores con niveles de educación superior y superior técnica. Son promotores de asociaciones de naturaleza gremial y cooperativas; éstas últimas, ligadas a productos de exportación, tales como café, cacao, palma, banano, espárrago, entre otros. Su conocimiento del mercado y sus relaciones con autoridades estatales consiguen impulsar programas públicos para sus propios beneficios. Suelen ocupar cargos dirigenciales (en las cooperativas) la mayoría de las veces, y prefieren organizar y luego ocupar la gerencia general (control técnico y económico).
Tabla 13. Asociatividad de los Productores
Elaboración: propia
6. SERVICIOS INVISIBLES PARA EL AGRO, pero visibles sólo para los burócratas
El mejoramiento de la competitividad de la pequeña y mediana agricultura resulta una prioridad para revertir las condiciones de pobreza y extrema pobreza de este grupo de productores, y conseguirlo pasa por incrementar la productividad agropecuaria. Para ello es indiscutible el aporte de programas de capacitación y asistencia técnica, como la incorporación de tecnología y semilla de buena calidad.
La realidad agrícola para el segmento de la pequeña y mediana agricultura (casi 2 millones de productores) está muy lejana de ser competitiva en tanto se tiene que, del universo de productores existente, la ENA 2022, solo 6,6 % recibieron capacitación, y 3.8%, asistencia técnica. Es decir, la brecha existente entre el mejoramiento de capacidades (capacitación) y el uso y adopción de tecnología (asistencia técnica), reflejan cuan distante está nuestra agricultura de ser competitiva reflejándose en el bajo nivel productivo y, en consecuencia, bajos ingresos y pobreza: Tabla 14.
Reducir esta brecha es posible mediante una reconfiguración de los programas públicos en materia de capacitación y asistencia técnica, implicando nuevos enfoques y nuevos modelos organizativos, orientados a generar sus propia sostenibilidad y empoderamiento de los demandantes (productores) y de los ofertantes (servicios). Al respecto, en una reciente publicación se aborda esta iniciativa y se concluye que, el agro requiere un total cercano a 20 mil proveedores de estos servicios. Adicionalmente, no basta con una charla de fin de semana o, en el mejor de los casos, de un mes, sino en el acompañamiento permanente, hasta la consolidación del mercado.
Tabla 14. Cobertura de Servicios Técnicos para el Productor
Elaboración: propia
7. PREVISION E INCLUSION FINANCIERA: sólo son discursos
La agricultura de las mayorías, especialmente, aquellas del minifundio y pequeña propiedad, continúa excluida del sistema financiero formal; explorar sus razones van desde las limitaciones estructurales, referidas al tamaño y calidad de su propiedad, al reducido volumen disponible para la venta y la informalidad de su propiedad, entre las de mayor relevancia; asimismo en recabar información de un grupo importante de pequeños productores – 550,000 aproximadamente – que reciben ingresos de otra actividad – dependiente, independiente, negocio – que pudiera ser su principal fuente de ingresos, y su interés por el crecimiento del negocio agrario sea mínimo, tal vez solo para su consumo.
Las características anotadas, sumadas a la reducida rentabilidad hacen poco viable el desarrollo de un sistema de aseguramiento, como mecanismo de prevención de efectos adversos a los ciclos productivos; la ausencia de aseguramiento de la inversión, induce al Estado a implementar un mecanismo alternativo de seguro como el llamado Seguro Catastrófico Agropecuario, de dudosa efectividad, ya que otorga menos de S/ 1,000 por hectárea afectada, cuando el costo de una campaña supera – por hectárea – más de 5 veces dicho monto. Según la ENA 2022 señala que solamente el 1,3 % de los productores (29 mil) tienen contratado algún tipo de aseguramiento: Tabla 15. Se impone que el Estado cofinancie un seguro comercial agrario que cubra ante eventos climáticos – y caídas de precios, si es posible – de forma que atraiga más la banca al campo, y de esa manera, mayor acceso al financiamiento, y la formalidad.
En cuanto a su participación en el sistema financiero, casi 400,000 productores (de 1 millón que están articulados a un mercado, es decir, producen para negocio), están relacionados con el sistema financiero formal, prestatarios, donde alrededor de 10% correspondería al Banco público (Agrobanco) y el restante 90%, a las Cajas Municipales y Empresas Financieras. En suma, alrededor de 1,8 millones de productores están excluidos del sistema financiero formal – existiendo la interrogante en 550,000 que es probable accedan por otro negocio - lo cual impacta en sus ingresos, en tanto, para continuar con el ciclo agrícola se ven en la necesidad de agenciarse de fondos de agentes prestamistas informales, con características de usura, o simplemente no sembrar toda si área, o hacerlo con insumos de baja calidad o insuficientes. La usura en el agro termina representando una de las más grandes fuentes para la descapitalización del productor agrícola (costos entre 3 a 4 veces más caro que un crédito formal). Incluso ya se escuchan noticias de la penetración del ‘Gota a Gota’ en el sector.
En conclusión, además de las brechas anteriormente comentadas, ahora se visibiliza aquella asociada a la protección (seguros) y el financiamiento, para lo cual el Estado ha mostrado incapacidad para encontrar soluciones, fiel reflejo de la carencia de una política de financiamiento y aseguranza en concordancia a las características propias de territorio, línea productiva y tipología de productor.
Tabla 15. Productor Agropecuario: Seguros e Inclusión Financiera
Elaboración: propia
8. UN AGRO DE MINIFUNDISTAS Y PARCELADOS, donde la competitividad es ilusión
El agro peruano, según CENAGRO 2012, muestra la existencia de 2.2 millones de productores; para entender la dinámica y realidad agrícola y económica de estas familias, resulta clave asociar el tamaño de la unidad con la calidad de dicho activo (unidad). Alrededor de 850 mil son productores con unidades agropecuarias menores a 1 hectárea; otros, casi 440 mil, tienen entre 1 a 1,9 hectáreas; también, casi 500 mil con unidades entre 2,0 – 4,9 hectáreas, y casi 250 mil productores, con unidad de mayor de 10 hectáreas. Tabla 16.
La fragmentación de la propiedad, origen del minifundio, es una práctica común en la agricultura, asociada a la “repartición de la herencia” del titular, para con sus descendientes; el minifundio también es una pérdida de valor del activo principal. Es una gran limitante que va en sentido contrario a las eficiencias productivas y económicas, tan necesarias para mejorar la rentabilidad.
Tabla 16. Tamaño de la Unidad Agropecuaria
PA: productores agropecuarios Elaboración: propia
La predominancia del minifundio y de la pequeña propiedad, que son restricciones para desarrollar una eficiente agricultura, se tiene que sumar otro obstáculo, cual es la parcelación de la unidad agropecuaria, entiéndase ésta como la división en lotes menores que, muchas veces, se encuentran distanciadas entre sí. El 40,3 % de las unidades agropecuarias existentes registran entre 3 a 9 parcelas. Tabla 17.
Tabla 17. Distribución de la U. A.
Elaboración: propia
Finalmente, la falta de un real mercado de tierras y de una política de Estado que, contenga y revierta el acelerado proceso de minifundio. El agro de las mayorías está condenado – por la inercia e incompetencia del Estado - a continuar transitando en procesos productivos poco competitivos, y consecuentemente, ahondando su ineficiencia en términos productivos y económicos
(vulnerabilidad alimentaria, pobreza y migración).
9. SUPERFICIE AGRICOLA SUBUTILIZADA, reinando la irracionalidad pública
En la actualidad, la superficie agropecuaria bajo sistemas de explotación es 7,12 millones de hectáreas: 23,7 % corresponden a la costa, 30,1% a la selva, y 46,3% % a la región de la sierra. La superficie agrícola anualmente utilizada para cultivos se estima en 5,4 millones de hectáreas; asimismo, 17 % de la superficie agrícola está en barbecho y no trabajada y, 7,5 % en descanso (534 mil hectáreas): Tabla 19.
Resulta relevante hacer énfasis en cuanto a la diferenciación entre superficie agrícola no trabajada que, generalmente está asociadas a la no disponibilidad de recursos hídricos, característica propia de la agricultura de costa y, aquella superficie en descanso, que suele ser práctica común en la región sierra, devenida de una práctica ancestral y por estacionalidad de las lluvias.
En resumen, se puede aseverar que, en el corto plazo, existe un potencial, de alrededor de 25 % de superficie agrícola (1,7 millones de hectáreas) potencialmente para ser incorporada para fines productivos; su aprovechamiento representaría incrementar la oferta agrícola, generar más empleo y mayores ingresos para las familias rurales.
Tabla 19. Distribución del uso de la Superficie Agrícola
S: superficie.
Elaboración: propia
10. SISTEMAS DE RIEGO, reflejando las desigualdades en los más vulnerables
Los sistemas de riego en la agricultura reflejan la marcada desigualdad que producen las políticas públicas en materia de inversiones en el campo, especialmente en lo que se refiere al tema hidráulico (almacenamiento y distribución del agua). Las inversiones públicas para la gran infraestructura hidráulica siempre han sido orientadas a la región costa, zona agrícola asociada a los cultivos de exportación, conectividad, desarrollo agroindustrial y mercados ampliados de consumo. La región sierra, en su mayor porcentaje, desarrolla una agricultura de secano, existiendo regiones donde este tipo de agricultura representa más del 85 % de su superficie cultivada. Es tan desinteresado o ignorante el Estado que su banco de Desarrollo – Agrobanco – con una cartera que bordea los S/ 350 millones, ni siquiera 5% de los créditos han sido otorgados para inversión, al menos equipos menores que están al alcance de los pequeños productores, para mejorar su productividad.
La superficie agrícola bajo riego representa 36 % del total de la superficie agrícola cultivada, anualmente: Tabla 20.
En cuanto a los sistemas de riego tecnificado, éstos ocupan casi 425 mil hectáreas, y son preferentemente utilizados en cultivos de mayor densidad económica (rentabilidad) y cultivos permanentes (frutales); su adopción de preferencia está asociada a productores grandes y medianos, cuyas capacidades económicas le permiten acceder a los sistemas de financiamiento formal.
Finalmente, para una realidad, donde prevalece una agricultura minifundista y fraccionada (parcelada), la interrogante necesaria es ¿resultará viable implementar sistemas de riego tecnificado?, o en su defecto ¿cuál sería el modelo de sistema de riego parcelario a adoptarse?
Tabla 20. Superficie Agrícola según sistema de Riego
R: riego. RT: riego tecnificado
Elaboración: propia
11. LA AGRICULTURA QUE TENEMOS, una mayoría más empobrecida
Hace dos décadas se introdujo el término de agricultura familiar, asociándolo con aquella agricultura minifundista y pequeña, resaltando su rol en la provisión de alimentos, de empleo y sus capacidades de relacionamientos con los mercados.
Así, en la agricultura peruana sobresale la presencia de la agricultura familiar (AF) que representa
97,6 % de los productores agropecuarios y, solamente 2,4 % corresponde a una agricultura no familiar (54 mil productores). Dentro de la AF sobresale aquella de subsistencia, que involucra a 1,9 millones de productores y, la AF intermedia a 231 mil productores, mientras que la AF consolidada llega a 31 mil productores. Tabla 21.
La AF consolidada se define porque genera excedentes productivos que son puestos a disposición de los mercados y en menor cuantía, aquella AF intermedia; esta diferenciación resulta de utilidad que sea conocida en tanto contribuye a diseñar políticas públicas orientadas a lograr mejores perspectivas de incrementos productivos y generación de valores económicos que reditúen mayores ingresos y ganancias a los productores.
La AF de subsistencia por involucrar a productores con fuertes restricciones en materia de dotación (cantidad y calidad) de recursos, debe estar siempre en el radar de las políticas de Estado en tanto constituyen poblaciones de alta vulnerabilidad, en materia alimentaria y de empleo e ingresos familiares. Entonces para este segmento, políticas de asistencia resultan claves, pero siempre que estén alineados a no crear patrones de asistencialismo puro y permanente.
Tabla 21. Tipologías de Agricultura
A: agricultura. A.F.: agricultura familiar
Elaboración: propia
Referencias:
Los autores son: Víctor Vásquez Villanueva & Jorge Arévalo Acha. Defensoría del Productor Agrario. Enero, 2025. Se agradece los comentarios del Ing° Carlos Ginocchio Celi.
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