V. El gobierno central, ¿inmune a la ineficiencia y corrupción?
La modernidad, tecnología y globalización, son escenarios válidos para construir discursos, de cuanta autoridad exista o aparezca, y hacer saber que el Perú está inmerso en estos escenarios, cosa que en la realidad no existe; por ejemplo, hace más de 15 años se gastaron millones anunciando que el Perú pronto tendrá un sistema único de registro, posteriormente se retoma la fiebre de la modernidad justificando así los millonarios gastos para las nuevas tecnologías, incluida la satelital y la digitalización del Estado17. Todas estas intenciones sirvieron para justificar millonarios gastos en consultorías, estudios especializados, la contratación de “expertos”. Además, no son ajenas las compras públicas en maquinarias y equipamientos, en nombre de la salud, educación, seguridad, conectividad y, las grandes inversiones en nombre del agro; no se debe olvidar que los más grandes escándalos de corrupción fueron y siguen siendo promovidas por las altas autoridades del gobierno central (Presidente y Ministros) y los gobiernos subnacionales (Gobernadores y Alcaldes).
El perjuicio económico que causa la corrupción está más arraigado en las inversiones que realizan los niveles de gobierno como se evidencia en la información de la tabla 9; a manera de ilustración, la Contraloría dice al respecto: “…para robarle al Estado, por ejemplo, en la ejecución de una obra pública, se requiere que se coludan -como mínimo- el funcionario público, que da la conformidad sobre la valorización, el supervisor que evalúa técnicamente la pertinencia de la valorización y, el contratista que presenta la valorización. Sin embargo, en aparatos donde existe, entre otras cosas, una brecha entre la complejidad de los procedimientos de contratación y la implementación de los controles respectivos, esta cadena de voluntades buscará asegurar el acto con otro grupo mayor de actores en las diferentes etapas del proceso de selección y contratación (ej. la determinación del requerimiento por parte del área usuaria, el proceso de identificación de proveedores y determinación del valor referencial por el área de abastecimiento, la solicitud de la previsión presupuestal, la conformación y decisión del comité de selección, entre otros). Más aún, la frecuencia con la que se ejecutan estos actos demandará la necesidad de buscar mecanismos para institucionalizar la organización a través de operaciones formales e informales, tales como la cooptación de organizaciones políticas a través del financiamiento electoral, el soborno, la extorsión, el cohecho y otros”.
Similares mecanismos existen, y en todos los niveles de gobierno, en la contratación de bienes y servicios y en la de Recursos Humanos; en esta última, no solamente es corrupción directa sino la corrupción por ineficiencia devenida de la contratación de recursos humanos no aptos para las funciones y cargo a cumplir, son recursos humanos sin las competencias acreditadas; en esta parte la responsabilidad y complicidad son varias, desde la famosa institución SERVIR, la Contraloría y las propias Procuradurías Públicas; además si bien existen sanciones para quienes contraten recursos humanos sin las exigencias, lamentablemente esta norma es letra muerta porque nadie observa su cumplimiento.
Se dice que esta inobservancia, ha permitido que a lo largo de estos casi 30 años se organice y funcione el llamado “Estado paralelo” integrado por personas cuyos propósitos y objetivos están ligados a extraer recursos del presupuesto que, en la práctica, son contrarios a los de todo servidor público. Este grupo organizado es la expresión cabal de cómo funciona la puerta giratoria en el Estado y, alrededor de ello existe toda una organización de las llamadas Consultoras, Instituto de Estudios y Centros de Investigación, cuyos accionistas son desde Ministros, Ex viceministros, Políticos y altos funcionarios.
El reporte de la Contraloría General de la República hace énfasis que la corrupción del año 2021 fue de casi 25 mil millones y casi 18 mil millones no ejecutados en inversiones presupuestadas. La tasa de corrupción promedio a nivel de todo el Estado es del 14.9 %, desagregándose en 16.6 % para los Gobiernos subnacionales y el 13,9 % corresponde al gobierno Central; tratando de explicar puede decirse que, por cada 100 soles que gastan los gobiernos subnacionales 17 soles terminan en bolsillos o cuentas de autoridades/funcionarios corruptos; en suma, de cada 100 soles que gasta el ESTADO, 15 soles son robados. Es el drama del Perú que está sufriendo y viendo como la corrupción sigue imparable.
Desde otra perspectiva y según la partida genérica el gasto se tiene que la más alta tasa de corrupción está en la ejecución del rubro inversiones (24.7 %), seguido de Recursos Humanos (13.0 %) y la adquisición de Bienes y Servicios (10.4 %). Esto quiere decir que por cada 100 soles ejecutados en inversiones 25 soles terminan saliendo por corrupción explicando por qué, por ejemplo, el Perú tenga altísimas brechas en infraestructura (carreteras, centros de salud y hospitales, vivienda, saneamiento, conectividad, reservorios, sistemas de riego, etc.), o que por cada 100 soles gastados en bienes y servicios 10 soles terminen en otros fines (corrupción) y finalmente saber que por cada 100 soles gastados en recursos humanos 15 soles van a parar a manos/cuentas de corruptos (funcionarios); estos dos últimos ejemplos grafican el deterioro en la calidad del servicio público y la ineficiencia en la gestión. Tabla 9.
La distribución del perjuicio económico, extrapolado, del gobierno central que fue de 13,670 millones, el 48,5 % corresponde al rubro Recursos Humanos y otros gastos, le sigue el 35,4 % en los proyectos/programas de inversión y el 16,2 % en la compra de bienes y servicios. A nivel de los gobiernos subnacionales, el 42,8 % del perjuicio económico, por corrupción 9,626 millones, corresponde a gasto en Recursos Humanos, el 40,4 % a corrupción en las inversiones ejecutadas y 16,8 % en la adquisición de bienes y servicios.
En general, el perjuicio económico al Estado por actos de corrupción sumó 23,298 millones (2019), siendo el 24,7 % la tasa de corrupción en el rubro de inversiones y del 13 % en la contratación de Recursos Humanos. El dicho popular dice que “la carne de la corrupción pública está en las inversiones públicas…” . Tabla 10.
Desde una perspectiva sectorial y siendo los sectores de transporte, salud y educación los tres que mayores presupuestos gestionan anualmente resulta importante analizar el grado de corrupción en dichos sectores dado que es coincidente con las grandes brechas de infraestructura existentes. La tabla 11 muestra información de la Contraloría General de la Republica en la que se da cuenta que, el sector Transporte tiene la más alta tasas de corrupción del 25 % significando un perjuicio económico para el Estado de 2,893.6 millones de soles; le sigue el sector salud con una tasa de corrupción del 16,2 % y Educación con el 15,6 %, en perjuicio económico significan 1,152.5 y 1,749.1 millones de soles. El perjuicio económico total por actos de corrupción en el Estado (2019) es del orden de 13,670.7 millones de soles.
El costo de la corrupción equivale a restar recursos para que el País cierre la gran brecha en materia de infraestructura y en servicios que constituyen permanentemente focos de conflictividad social y la pérdida de competitividad; el gran impacto negativo que representa la corrupción podemos sentirla cuando poblaciones y territorios señalan que el Estado sigue ausente en la atención de sus demandas.
Grafiquemos el costo de oportunidad que significa la corrupción en el país; el costo de oportunidad, es todo lo que se pudo haber hecho con los recursos robados, entonces ahora imaginemos que los 2,893.6 millones del perjuicio económico del sector Transporte, de no haberse robado, hubiera servido para ejecutar 1,155 kilómetros de carreteras asfaltadas; o en el sector Salud, donde la corrupción arrebató la construcción de 209 centros de salud (brecha es 230) o de 52 hospitales de 2° y 3° orden (su brecha es 116). Tabla 11.
Una mirada a la corrupción en los tres niveles de gobierno muestra que la tasa de corrupción va entre 18 al 25 % siendo entre 4 a 11 puntos superior a la tasa promedio (14,9 %), Callao, Lambayeque, Pasco, Huancavelica, Arequipa y Ucayali están en este grupo; la información de la tabla 12 confirma que para los corruptos enquistados en el Estado la corrupción no tiene color político ni características de sus poblaciones. Las regiones de la sierra (la de más carencias) han visto como desde el Estado la corrupción le arrebató 4,843.9 millones de soles; a las regiones de la selva le robaron 1,793.1 millones y entre el Callao y Lima, sede del Ejecutivo y gobiernos subnacionales, la corrupción se llevó 11,492.7 millones.
En resumen, el perjuicio económico resultante de la corrupción que sumaron 23,796 millones de soles señala que el 71,5 % se han originado en los niveles de gobierno de la región de la costa; el 20,8 % se originó en las instituciones del Estado existentes en la región de la sierra y el 7,7 % restante en la selva; esta conclusión no quiere decir que los más corruptos estén en la costa, sino que es resultado directo de la distribución y ejecución presupuestal.
La corrupción es un factor destructivo de la institucionalidad, de la democracia y la convivencia social, entre otros; así las acciones de control durante el periodo 2017 – 2020 realizada por parte del ente encargado da cuenta que existen 26,297 casos detectados de actos de corrupción cometidas por autoridades elegidas y funcionarios; su distribución según nivel de gobierno indica que el gobierno central, representa el 44 % del total de casos de corrupción encontrados, seguido de los gobiernos distritales que significan el 30 % de los casos y, los gobiernos provinciales y los gobiernos regionales el 13 % respectivamente. Estos resultados grafican ciertamente el malestar de amplios sectores de la población para con las formas de organización del Estado al extremo que señalan no servir ningún nivel de gobierno. Tabla 13.
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