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Víctor Vásquez / Jaime Salomón / Jorge Arévalo / Pérdidas, ineficiencia y corrupción (3 de 7)

III.2 Prevención y Recursos Hídricos

Años recientes fue la COVID - 19 quien desnudó la precariedad y corrupción en el sistema sanitario peruano que, sumado a la ineficiencia de su gestión, significó 240 mil muertos ; ahora un fenómeno climático conocido como el ciclón YAKU nos devuelve a aquellos años, donde intensas y severas lluvias representan miles de millones en pérdidas económicas además de la destrucción de activos públicos y privados, entre otros costos.

Las respuestas desde el Estado siempre están enfocadas en acciones de corto plazo y el derroche de miles de millones, para supuestas obras de prevención, reflejando la ausencia de una política de Estado en esta materia y consecuentemente no permitiendo hacer frente a los desastres climáticos; a la fecha ya suman miles de km de carreteras y puentes destruidos, centenares de centros educativos y hospitalarios deteriorados, miles de viviendas destruidas y centenares de muertes. En materia agraria, miles de hectáreas arrasadas, kilómetros de canales destruidos y ganado perdido, etc.


Desde el 2017, a raíz del Niño costero, el gobierno de entonces creó una nueva burocracia pública llamada Autoridad de Reconstrucción con Cambio (ARC), burocracia que el ciclón YAKU se encargó de desnudar la precariedad técnica, ineficiencia y alto grado de corrupción; fue creada para evitar los resultados que hoy se ven en cada pueblo norteño (desde Tumbes a Ica). Su objetivo principal era la intervención en ríos y quebradas para así proteger las ciudades y economías de dichos ámbitos. Para dichos fines, le fueron asignados 21 mil millones de soles recursos que lejos de orientarse a sus fines, terminaron desviándose a otras actividades; se dice que en sus cinco años se gastaron casi 4,500 millones en contratación de personal y pago de servicios y compras.


Mientras de otro lado se especula que alrededor de 13 mil millones fueron “invertidos” en infraestructura ajena a sus objetivos y que el YAKU se encargó de llevarlos o enterrarlos haciendo casi imposible realizar acciones de control, el YAKU fue el manto para la impunidad de los corruptos de la ARC.


En materia hídrica se vuelve recurrente el discurso de preocupación, de las autoridades de los gobiernos, por garantizar la seguridad hídrica, entendiendo que a partir de ello se mueve el círculo productivo agropecuario y los casi 10 mil millones de dólares por agroexportación; así, la oferta son unas 850 Qochas, limpia de drenes, canales y reparación de micro reservorios y la construcción de infraestructura mayor de almacenamiento (represas). Este enfoque de oferta dista mucho de una visión sostenible en materia hídrica por cuanto no aborda las raíces principales del problema, como puede ser la gestión integral de los recursos hídricos y nuevos enfoques de ocupación y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas.


En contraste a este derroche y corrupción, seguimos viendo y escuchando a todas las autoridades dar soluciones sin entender la magnitud del problema, pero si promoviendo a mantener abiertas las puertas para la corrupción, y que, mejor asignando miles de millones para mitigar los desastres, sin importarle los impactos que ello genera en la salud de las cuentas públicas.


En términos agregados y según cifras oficiales del MEF y la CONTRALORIA, dan cuenta que el costo total de la ineficiencia pública fue de 18,266 millones de soles mientras que la corrupción le arrebata al Estado, o mejor dicho a la sociedad, el equivalente a 25,000 millones de soles anuales; en suma, son 43,266 millones de soles el costo que, el 2021, ha tenido que pagar la sociedad por la existencia de estos dos más grandes males que nos envuelve y parece devorar esperanzas y futuro.


Tomando como referencia el costo total de la ineficiencia y corrupción pública, se trata de simular las pérdidas cuantitativas en términos de infraestructura dejadas de construir y/ o rehabilitar en una perspectiva de mitigar los efectos e impactos que los fenómenos climáticos causan en la estructura productiva agropecuaria y en los activos urbanos y rurales de los ciudadanos y de la economía. Para ello, se cuantificarán algunas de las oportunidades perdidas: Tabla 4.


Maquinaria: La ausencia de acciones preventivas para hacer frente a los desastres que suceden en la actualidad dejan sentirse cuando las autoridades del gobierno exclaman que las principales limitaciones se encuentran en la escasa disponibilidad de maquinaria y equipos para tareas de limpieza, descolmatación y desagüe de las inundaciones. El tejido social agrario es transversal, conformada por las Juntas de Usuarios del agua y éstas, a su vez, en Comités y Comisiones de Usuarios; son organizaciones que existen en cada valle o cuenca de los ríos, estimándose agrupan a casi 1 millón de productores que usan agua para sus riegos. En conjunto, son 157 Juntas de Usuarios y alrededor de 2,800 Comisiones de Usuarios y otros tantos Comités.


Las inundaciones y desbordes de los ríos y quebradas, se originan porque éstas configuraciones naturales están colmatadas y en otros casos han sido variadas en sus cursos naturales; conociendo esta realidad y sobre la base del tejido social existente, lamentablemente ningún nivel de gobierno las considera para encargarles las tareas de mantenimiento y limpieza permanente de los cauces de ríos y quebradas. Para los niveles de gobierno, en especial para el gobierno central – MIDAGRI, les resulta mejor gastar miles de millones de soles en tareas de corto plazo y peor saber que casi todas están impregnadas de corrupción.


Solamente en las postrimerías del gobierno de Ollanta (2015 - 2016) fueron derrochados cerca de 4 mil millones en supuestas tareas de prevención de los ríos del norte que luego el Niño costero del 2017, desnudó la estafa y corrupción. Ahora el ciclón YAKU nos hace saber que los 21 mil millones asignados a la ARC fueron derrochados y manchados de corrupción y si esto no fuera ya suficiente, desde el gobierno central anuncian una inyección de 500 millones adicionales para acciones de corto plazo en los ríos y si faltara recursos éstos se atenderían con la emisión de Bonos soberanos por 6 mil millones. Estos hechos muestran la tremenda irresponsabilidad de los gobernantes, quienes prefieren vivir mirando el corto plazo y no con una visión de País.


Para resumir, se tiene que el costo total de la ineficiencia y corrupción anualmente nos arrebata la posibilidad de tener cerca de 5,800 módulos de maquinaria y equipo, en cantidad y capacidad suficiente, para encauzar, limpiar y descolmatar nuestros ríos y quebradas que año a año le cuesta al país miles de millones y con ello retrasando su crecimiento y desarrollo y, en consecuencia, seguir pauperizando la calidad de vida y bienestar de los 34 millones de peruanos. La corrupción e ineficiencia, enquistada en los tres niveles de gobierno, nos hacen ver que estamos atravesando una de las peores etapas de nuestra vida republicana haciendo peligrar la viabilidad y la continuidad de nuestro país y sociedad.


Canales de regadío: son infraestructuras que conducen el agua hacia los campos, existen tres tipos de canales de 1°, 2° y 3° orden, dependiendo de la cantidad de agua. El estado actual de esta infraestructura señala que existen solamente 55,237 km de canales, de los que 8,236 km están revestidos (15 %); algunos estiman que a nivel nacional existirían alrededor de 175 mil kilómetros de canales en consecuencia sólo el 4,7 % estarían revestidos. Esta información es clara para afirmar que existe una gran brecha en materia de infraestructura hídrica; esta brecha desnuda la ausencia de una política de Estado, de mediano y largo plazo, para garantizar la optimización en el uso de tan importante recurso. La respuesta desde el sector correspondiente es priorizar inversiones en nuevas y costosas infraestructuras de almacenamiento como condición de sumar a la oferta hídrica, desconociendo que el 95 % de los canales, al no estar, revestidos constituyen una gran pérdida de agua por conducción, se estima que estas pérdidas oscilan entre 65 – 70 %.


Entonces, la información de la tabla 4 muestra que la ineficiencia y corrupción, en los tres niveles de gobierno, especialmente central - MIDAGRI, termina arrebatándole al agro la posibilidad de tener 19,649 km de canales revestidos y en siete años tener toda la infraestructura de conducción del agua totalmente revestidos.


Zanjas de infiltración: son obras de acondicionamiento y conservación física de la tierra, en pendiente, para evitar que las lluvias transporten el suelo hacia las partes bajas; su gran utilidad es que permite retener el suelo para así desarrollar producción agrícola y facilitar la infiltración del agua de lluvia, el ejemplo viviente son los famosos andenes, legado de la época inca. Esta infraestructura es vital, en especial para la sierra, en tanto arrecian lluvias intensas y cada año se asiste a acelerados procesos de desertificación por pérdida de suelos.


La más grande cruzada por la conservación y acondicionamiento físico de los suelos en la sierra peruana se inicia a fines de 1984 y masificándose como política de Estado durante la década de los 90. Estos trabajos, adicionado a otras técnicas, se les denominó Sierra Verde, emulando las experiencias de la Granja Porcón - Cajamarca - y Lomo Largo - Junín. Se estimó que durante dos años fueron acondicionadas un total de 2 millones de hectáreas (de 5 millones potenciales) en la sierra peruana.


Estudios de evaluación realizados a Sierra Verde mostraron como resultado haber logrado una capacidad de infiltración de agua equivalente a 5 veces la capacidad total de almacenamiento de todas las represas existentes en el país; además, lograr un incremento equivalente a 1,200 dólares anuales de ingreso para los campesinos más pobres de la sierra.


Entonces teniendo evidencias de su bondad, resulta válido preguntarse ¿porque no se siguió?, la respuesta es inmediata; es porque siendo un proyecto de bajo costo y participativo, no existía forma para actos de corrupción y para las autoridades de turno, de los tres niveles de gobierno (cargados de ideología partidaria), resultaba políticamente más rentable montar fábricas de pobres y luego tener más razones para justificar las emergencias anuales por desastres; entonces se puede colegir que, son y siguen siendo las propias autoridades del Estado quienes promueven y abren las puertas para la corrupción.


La corrupción e ineficiencia, desde los gobiernos, bien se afirma que, a la sierra y a los más pobres, le arrebatan la posibilidad de tener 8,6 millones de hectáreas de tierras, acondicionadas y con agua, para incrementar su producción y sus ingresos, para la sociedad le evitarían tener que seguir derrochando los miles de millones anuales que se pierden por los fenómenos climáticos.


Qochas: son obras que se acondicionan para almacenar las aguas de lluvia y poder utilizarlas como fuentes de recarga de los acuíferos o para usos productivos. La sierra, por acción o conveniencia de sus autoridades, está condenada a seguir practicando una agricultura de supervivencia en términos de cartera productiva (pocos cultivos) y alta incertidumbre (secano); son quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad alimentaria. El 65 % de la superficie agrícola cultivada es bajo condiciones de secano.


El costo total de la ineficiencia y corrupción en la administración de los recursos públicos que suman unos 43,266 millones (2022) representa una pérdida para las poblaciones de la sierra (mayoría agropecuaria) por dejarse de construir alrededor de 286 mil Qochas, obras que está demostrado contribuyen a una mayor oferta agroalimentaria, mas alimentos para la familia, más ingresos para las familias, conservación del medio ambiente, etc. En suma, es sacar de la pobreza a los más pobres y vulnerables.


Represas: En materia de infraestructura mayor de almacenamiento de agua, se estima la brecha en alrededor de 25 mil millones de soles, están referidas a grandes infraestructuras. Al respecto y, para hacer frente a potenciales efectos del cambio climático que se expresaría en problemas de escasez de agua para la agricultura de las partes bajas (Costa) y uso de las poblaciones de las ciudades, entonces apremia una nueva estrategia consistente en la construcción de infraestructura mayor en las partes medias de las cuencas. Un indicador relevante es saber que alrededor del 40 - 45 % de la superficie agrícola de la costa está sometida a periodos de descanso por razones de falta/escasez de agua.


Los 43,266 millones que significa el costo de la corrupción e ineficiencia pública, representa dejar de construirse 48 represas con capacidad de almacenamiento total de 34,400 millones de metros cúbicos de agua. Esta dotación total de agua almacenada, permitiría incorporar un total de 2, 3 millones de nuevas hectáreas para la producción agrícola representando, cuando menos, nuevos ingresos para los productores equivalente a 18, 345 millones de soles anuales.


Reforestación: Cada vez parece que estamos normalizando la venida de huaycos y sintiendo los efectos del cambio climático, expresado en las variaciones climáticas extremas (lluvias intensas y heladas) sabiendo que entre sus orígenes está la deforestación; cifras oficiales dan cuenta que anualmente se deforestan alrededor de 200 mil hectáreas y que sólo se reforestan menos del 10 % de lo deforestado. Es la realidad irreversible a la que asistimos a pesar que el Estado (sus 3 niveles de gobierno) tienen una frondosa burocracia, devoradora de presupuestos públicos y plagada de los famosos estudios y consultorías y de las ONG que se autodefinen ambientalistas.


El Perú, sabiéndose que es un país amazónico, con probada potencialidad forestal, nadie logra explicarse del porque esta ventaja natural, para nuestras autoridades, no representa interés y así empezar a generar riqueza, no solamente para la industria sino, además, constituyéndose en uno de los principales captadores del carbono y regenerando el equilibrio de los ecosistemas. Además de nuestra amazonia, está la sierra, esperando inversiones para macizos forestales con fines multipropósitos, industria, clima y agua -, la costa de amplios corredores desérticos pero aptos para la forestería y el desarrollo de actividades económicas - apicultura, ganadería, mantenimiento de acuíferos, artesanía de la madera, carbón ecológico, nuevos negocios ecológicos y mejorar el medio ambiente.


En términos agregados, la ausencia real de una verdadera política forestal nos está conduciendo a una más rápida degradación de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente dejándose sentir sus impactos, muy fuertes y de alto costo, para la economía y la sociedad. Podemos visionar un Perú con sus vertientes forestadas, sus desiertos con vida y su Amazonía, en armonía; esta visión jamás excluye la realización de procesos productivos generadores de riqueza en general.


Bueno pues ahora sepamos que la corrupción e ineficiencia promovida y albergada desde el Estado termina pasando onerosa factura que finalmente terminan pagando los 34 millones de peruanos, pero de otro lado sólo unos cuantos terminan llevándose los dineros públicos junto a los sueños y esperanzas de todo buen peruano. Estos dos tipos de cáncer, corrupción e ineficiencia, terminan arrebatando la posibilidad de reforestar/forestar 3,1 millones de hectáreas.



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