II.1 Gobernadores y Alcaldes en su festín (corrupción)
La corrupción, la inseguridad, la informalidad y el conflicto social se encuentran interrelacionados con el uso indebido, el robo y malversación de fondos públicos, en tanto afectan a las instituciones encargadas de atender las demandas de los ciudadanos, de brindar seguridad a los ciudadanos, de asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz, en estas malsanas convivencia la existencia de organizaciones criminales cuentan con el apoyo de los funcionarios corruptos, de autoridades que aplican la ley y de autoridades y políticos, quienes les permiten lograr sus objetivos y actuar con impunidad.
La corrupción en general, el 2021, significó alrededor de 24 mil millones de soles dinero que fue robado del presupuesto nacional; en la otra vereda la corrupción política sigue creciendo, teniendo que el 2017 se tuvo 9 exgobernadores sentenciados y en prisión y, 5 más investigados, 4 de ellos en prisión preventiva, mientras que al 2022, el 79 % de ex gobernadores están con prisión preventiva, otros fugados y otros ya encarcelados. Entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, el número de funcionarios investigados fue de 17,328. según lo informó el Procurador Anticorrupción Amado Enco.
En suma, mientras el Estado señala estar haciendo grandes esfuerzos por la descentralización significando mayores asignaciones presupuestales, al extremo que en los últimos 12 años ha aumentado desde 82 mil millones (2010) hasta 197 mil millones (2022) se aprecia que este crecimiento presupuestal, por los resultados alcanzados, resulta fácil de señalar que el Estado ha venido poniendo miles de millones de soles a disposición de inescrupulosos, ladrones y corruptos servidores públicos, autoridades y políticos.
Así como aquellos que ven a la política una oportunidad para robar desde el Estado, hay otro mal que corroe sus cimientos, es la ineficacia de las reparticiones públicas, todas sobredimensionadas por la presencia de servidores retribuidos como el pago de cupo a los apoyos electorales; mal preparados (dudosa meritocracia); desconfianza y nada empatía con los ciudadanos. Este resultado se grafica en la ejecución del gasto público que el 2021, fueron devueltos alrededor de 19 mil millones por su incapacidad de ejecución.
La Corrupción e ineficacia en los niveles de gobierno gestan otro mal que es la informalidad, estimándose que un 82 % de la población económica activa (PEA) es informal, un 80 % en el sector transporte, 86 % en restaurantes y alojamientos y 98 % en el sector agropecuario. Con estos indicadores resulta casi imposible llevar adelante procesos de formalización; por ejemplo, en el campo laboral, la rigidez y sobre costos laborales terminan empujando a la informalidad y precarización del trabajo; en el tema educativo, la mala calidad de la educación pública y otras privadas terminan generando futuras ofertas de profesionales/técnicos poco competitivos afectando la productividad económica, entre otras. Estas ausencias, generadas por el propio Estado, terminan haciendo que alrededor de estas actividades se acreciente la convivencia con mafias organizadas a través del servicio de crédito (usura) y de seguridad (extorsión, chantajes).
Entonces la percepción ciudadana señala como un hecho casi generalizado y normalizado que los gobiernos subnacionales (Regional y Municipal) constituyen bastiones para delinquir, donde la corrupción e ineficiencia alcanzan niveles inimaginables. Para graficar estos señalamientos se presenta la información donde el 76 % (19) de los 25 Gobernadores Regionales elegidos para gobernar sus regiones, durante el periodo 2019 - 2022, están comprendidos en procesos, penales, civiles y administrativos, y en algunos casos, purgando prisión en alguna cárcel del Perú. Tabla 1 - 2.
Los Alcaldes que fueron elegidos para gestionar el desarrollo de sus comunidades tampoco escaparon a la corrupción y terminaron por engrosar las listas de los corruptos; así lo refiere Salvador Del Solar quien dijo: “...en los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2,002 alcaldes y alcaldesas (provinciales y distritales) han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción...”. El 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, había identificado 4,225 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, y por autoridades electas entre el 2002 y 2014. De este total, 222 casos tenían sentencias consentidas o ejecutoriadas, mientras que 4,003 casos se mantenían en investigación.
Las regiones que tuvieron más incidencia de este tipo de casos fueron Junín (445), Cusco (439) y Lima (411). Les siguen Arequipa (252), Cajamarca (243), Áncash (226) e Ica (210) y luego San Martín (193), Junín (162), Pasco (168), Huánuco (165), Piura (161), Lambayeque (159), Amazonas (155), La Libertad (151), Ucayali (123) y Tumbes (117).
III. Costos y Pérdidas para la Sociedad
III.1. Servicios Sociales y Conectividad.
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), la brecha de infraestructura en materia de transporte (ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos) asciende a US$ 57,499 millones para el período 2016-2025, es la brecha más grande por cerrar en comparación a otros sectores. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe del 2022 señala que, en el Perú, el 23 % población no tienen acceso a luz eléctrica domiciliaria y que el 2.1 % de la población, ocupa una vivienda precaria.
COMEX PERU (2021) da cuenta que, a inicios de 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel, de atención, presentaban capacidad instalada inadecuada, entendiéndose como infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. En cuanto al estado de los hospitales al 2020 señaló que de los 247 contabilizados, 236 tienen capacidad instalada inadecuada. En términos proporcionales, el incremento de infraestructura inadecuada entre 2019 y 2020 habría pasado del 51% al 95.5%. Esta brecha quedó evidenciada durante la COVID - 19 en donde el sistema sanitario colapsó totalmente.
La baja capacidad de ejecución de los presupuestos públicos por parte de los tres niveles de gobierno sigue siendo atribuida a la ineficiencia en la gestión de estos niveles gubernamentales, ineficiencia que da por resultado la continua precarización y no acceso a servicios básicos para disfrute de los ciudadanos, como también, a la caída de la competitividad para la economía en su conjunto. En suma, se tiene que el 2022, los niveles de gobierno sólo ejecutaron el 72 % de los 64,818 millones asignados, terminando por devolver (no ejecución) 18,226 millones. Esta realidad muestra que el dinero sobra, pero no porque lo roben sino por la incapacidad e ineficiencia de funcionarios y autoridades públicas.
La información presentada en la tabla 3 grafica la inmensa brecha de infraestructura en materia de conectividad y servicios básicos que faltan por atender, aun así, pareciera que a ningún nivel de los gobiernos les importa acortar el tiempo para dar solución a estas demandas, en tanto la ineficiencia y corrupción casi generalizada y enquistada en los aparatos del Estado, parece de nunca acabar. Por el lado público, si bien se toman algunas medidas como la de no contratar con empresas que están en problemas judiciales con el Estado, pero éstas ahora tienen otra forma de seguir contratando y lo hacen a través de nuevas empresas como es el caso denunciado en la ciudad de Trujillo donde el GORE La Libertad, de Cesar Acuña, adjudica obra a empresa fachada de otra que, durante los últimos 6 meses perjudicó al Estado por más de 400 millones.
De otra forma, si la realidad muestra la ineficiencia y corrupción por el lado Público, aseverar que la solución pasaría cuando la gestión de los activos públicos sean promovidos y gestionados por la inversión privada, tampoco es del todo cierto; la mejor prueba de ello se evidencia en la gestión de las carreteras asfaltadas, de la red vial nacional, cuyas concesiones en términos de costo (peajes) para el usuario es muy costoso en comparación a otras ciudades de América e impactando en la competitividad de la economía. Esto último no invalida afirmar que la inversión privada, gestionada de forma transparente, resulta mucho mejor que la inversión pública gestionada por el Estado. pero resulta siendo necesario se conozcan las condiciones contractuales de cada concesión.
En términos agregados y según cifras oficiales, MEF y CONTRALORIA, dan cuenta que el costo total de la ineficiencia pública fue de 18,266 millones de soles mientras que la corrupción le arrebató al Estado, o mejor dicho robó a la sociedad, el equivalente a 25,000 millones de soles anuales; en suma, son 43,266 millones de soles el costo que, el 2021, ha tenido que pagar la sociedad por la existencia de estos dos más grandes males que nos envuelve y parece devorar esperanzas y futuro. Este sombrío escenario se confirma con el reciente estudio de GRM donde da cuenta que el 90 % de peruanos No nos sentimos orgullosos de la corrupción o que el 67 % NO está orgulloso del gobierno o que un 66 % NO están orgulloso de los líderes políticos.
Tomando como referencia el costo total, ineficiencia y corrupción, se hace un ejercicio para simular las pérdidas cuantitativas en términos de infraestructura dejadas de construir y con ello desmejorando la calidad de vida de los ciudadanos y de la economía. Para ello, se cuantificarán algunas de las oportunidades perdidas: Tabla 3. Carreteras asfaltadas: a la fecha, sólo existen 22,263 km del 95,863 km de carreteras existentes, quedando por asfaltar 73,263 km. En consecuencia, la corrupción e ineficiencia pública, nos roba cada año la posibilidad de tener 17,290 km de carreteras asfaltadas.
Vivienda: estadísticas oficiales señalan que existen 8.5 millones de peruanos que no tienen vivienda propia y 2.4 millones que viven en casa alquilada. La corrupción e ineficiencia pública, hace que cada año 960 mil peruanos pierdan la oportunidad de tener casa propia y no seguir viviendo en casa alquilada.
Salud (hospitales): nos referiremos a la infraestructura hospitalaria que, año a año, no sólo aumenta el déficit sino además su precarización en cuanto a la implementación. La corrupción e ineficiencia pública hace que cada año dejen de construirse 197 hospitales totalmente implementados para la prestación de la salud.
Saneamiento básico: existen 8 millones de peruanos sin acceso a servicios básicos condición que precariza su calidad de vida, son los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad. El 85 % de las plantas de tratamiento de aguas residuales llevan más de tres años paralizadas por obra y gracia de actos de corrupción. En resumen, se estima que la brecha de infraestructura de servicios básicos es de 363 mil millones. La corrupción e ineficiencia pública hace que cada año 4.3 millones de peruanos pierdan la oportunidad de tener acceso a servicios básico.
Mercados: la mala conectividad y sus condiciones de conservación junto a la concentración de puntos de oferta determinan flujos irracionales en el traslado de los productos hacia los consumidores, cuyos costos terminan perjudicando a los extremos de la cadena de producción, distribución y consumo; en esta irracionalidad, los únicos beneficiados son intermediarios, mayoristas y transportistas. La corrupción e ineficiencia pública impide, cuando menos, que cada año puedan construirse 786 mercados modernos que cumplan roles de generar ofertas competitivas para todos los agentes de la economía. El Perú cuenta con 25 Gobiernos Regionales, 196 Alcaldías provinciales y 1,694 Alcaldías distritales.
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