La articulación en la gestión del Estado: un valor para la eficiencia
Muchos problemas públicos, son difíciles de resolver porque son multidimensionales y requieren de una intervención articulada de diferentes sectores y niveles de gobierno; mas aun cuando se enfrentan a la complejidad territorial, por la diversidad en las realidades regionales y hacia dentro de los territorios por la heterogeneidad (principalmente a nivel distrital).
En adición a esto, podemos indicar la brecha de capacidades institucionales del Estado para sumar esfuerzos en la generación de valor publico para atender las preferencias publicas que se generan en torno a lo descrito anteriormente (multidimensionalidad con diversidad y heterogeneidad).
Relevo esto, porque el mapa de los resultados electorales de la primera y segunda vuelta electoral, nos puede también inferir - entre otros aspectos – que la votación es una respuesta a la lejanía del Estado y de la gestión pública, respecto a una respuesta que satisfaga las necesidades, requerimientos y expectativas particulares y diferenciadas que tienen nuestras poblaciones en los diferentes departamentos del país y mas aun en los distritos y provincias mas alejadas de los neocentralismos regionales e inclusive de los esquemas centrales de abordaje del Estado, principalmente al plantear soluciones desde la gestión pública sectorial de características uniformes, homogéneas, estandarizadas y alejadas de la realidad social y territorial de nuestra población, sin tener en cuenta el valor público que debe guiar el acción del Estado en el actual contexto de modernidad que nos exige la realidad.
En ese sentido; se va requerir de un mayor nivel de articulación de las diferentes instancias representativas del Estado (a nivel del gobierno nacional, regional y local) en un contexto de acción pública que contenga criterios de multifuncionalidad, multisectorialidad, cohesión social, y concurrencia; en el marco de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno y considerando el trabajo sincronizado que se debe realizar desde sus diferentes instancias institucionales, en una perspectiva de aumentar la capacidades de logros en las personas-familias-comunidades-población objetivo según corresponda al problema público a solucionar.
Para desarrollar un modelo simple al respecto; se puede utilizar lo que dispone la LEY Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su Artículo 49 del Título de Relaciones de Gobierno; en el cual establece que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades.
Cabe resaltar que, ello se debe hacer sin interferir en la acción y competencias de los diferentes niveles de gobierno en sus respectivas jurisdicciones, pudiéndose desarrollar en el marco de la rectoría y consolidando ello con la celebración y suscribir en forma indistinta de convenios de colaboración y recíproca, y contratos de cualquiera naturaleza para fines comunes determinados, con arreglo a Ley.
Sin articulación en la gestión del Estado se pierde eficacia y eficiencia en la acción conjunta del gobierno; lo cual se proyecta como una acción pública del Estado de baja efectividad y calidad en los servicios públicos que recibe la población e inclusive en que ni siquiera se concrete la entrega de servicios en la población con mayor necesidad y demanda.
Por ello, apostar por la articulación de políticas públicas y sus formas de intervenciones publicas (principalmente en los programas y proyectos) a nivel multisectorial e intergubernamental con valor público, es hoy muy urgente; para lo cual se debe primero tener un claro conocimiento de la realidad territorial y social, segundo hacer una identificación precisa y ágil los mecanismos necesarios de coordinación interinstitucional (a todo y en todo nivel de acción pública del Estado), tercero apoyarse en la cooperación y colaboración mutua entre las entidades del Estado llamadas a participar en mejorar la calidad de vida, con el concurso del sector privado en donde sea pertinente y de la sociedad civil y las poblaciones según se requiera, en la perspectiva de generar la cohesión social y territorial que brinde sostenibilidad a las intervenciones que coadyuven a la atención de las demandas presentes y futuras de nuestras poblaciones; con eso podremos ir hacia una mayor eficiencia y mejora continua de la gestión pública.
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