2. INFLACION: castigo para los pobres
La inflación resulta ser el peor de los males a la que se enfrentan los más pobres en tanto sienten que sus ingresos, ya reducidos o precarios, no le permiten ni siquiera cubrir su mínima canasta de consumo; si a la inflación sumamos la recesión, la realidad se torna más dramática como la viven en la actualidad casi 10,9 millones de peruanos. Si bien el 2023 el país cerraría con una tasa de inflación inferior a la del año 2022 (8,56 %) no será consuelo para los pobres, en tanto la inflación alimentaria es casi siempre superior como lo muestra la información del propio BCRP cuando señala que la inflación alimentaria fue del 12.6 % es decir 50 % superior a la inflación total del 2022 (8,4%) o también que los precios de los bienes alimentarios fueron 27,4 % superior a la inflación total el 2021. Esta comparación relativa resulta importante resaltar en tanto casi siempre se toma a la inflación total como la única explicación para medir la variación de la capacidad de consumo de las familias.
La inflación se expresa en el incremento del costo de vida reflejándose en la elevación del nivel de gasto por debajo del cual una familia califica como pobre, es decir, en la línea de pobreza monetaria ; la inflación encarece la canasta básica y reduce la capacidad de compra real de los hogares, impactando en la elevación de la tasa de pobreza monetaria y en consecuencia más personas pobreza y en pobreza extrema.
Si bien el 2022, el país después de 25 años registró la más alta tasa de inflación, algunos analistas señalan que es resultado de factores externos que hicieron se eleven los costos de insumos (fertilizantes y plaguicidas) y por ende en los precios de productos agrícolas que terminaron incrementando los precios de alimentos básicos (de mayor demanda o demanda de los sectores populares), caso del trigo, aceites, maíz, leche, soya, productos en que el Perú es altamente dependiente de los mercados externos, dependencia que significan casi 2,800 millones de dólares su importación anual. Esta dependencia y pobreza posicionan al Perú como país de alta inseguridad alimentaria estimándose que alrededor del 35 % de su población está vulnerable en términos alimentarios.
Al respecto la Defensoría del Productor Agrario alertaba, en el 3° trimestre 2021, de la crisis alimentaria -por mayores precios y reducción de oferta agrícola- haciendo énfasis que esta crisis era resultante más por las inapropiadas acciones del gobierno y mucho menos como efecto de las externalidades que atribuían los analistas quienes tienen una engañosa percepción resultante de su desconocimiento de la estructura productiva agraria y del mercado nacional. El YAKU y la sequía , que sigue experimentando el sur andino, terminó significando millonarias pérdidas para los productores (descapitalización) y en la reducción de la oferta agrícola (incremento de precios); esta crisis sumada a los estragos del Niño Global que se avecina lleva a inferir que el 2024 será un año difícil para la economía y para los peruanos, particularmente para los más pobres y aquella clase media vulnerable en términos de ingresos; será un año en recesión y desastres naturales que terminarán originando desempleo, carestía de alimentos, pérdidas de inversiones y de patrimonios, públicos y privados, entre otras.
Respecto a la estructura productiva agraria, el MIDAGRI señala que sólo el 36 % de los productores usan fertilizantes y agroquímicos, básicamente en cultivos como el arroz, maíz, papa. Frente a este hecho el gobierno no supo implementar un eficiente programa alternativo de provisión de fertilizantes, y sólo limitándose a la entrega de Bonos (baja cobertura). En relación a la estructura del mercado interno alimentario, éste se caracteriza por tener alta concentración en empresas con prácticas anti mercado; por ejemplo, la industria avícola son 4 las empresas que dominan el 80 % del mercado de la carne de pollo, azúcar 2 empresas dominan el 90 % del mercado, igualmente en lácteos, aceites y harinas, etc. Algunos ejemplos del incremento de los precios que experimentaron las amas de casa; leche evaporada aumentó 25 %, azúcar 48 %, arroz blanco 64 %, huevos rosados 80 %, aceite 30 %. La inacción del gobierno es no hacer nada para corregir estas prácticas anti mercado, obstruyendo la esencia misma del libre mercado.
3. RECESION ECONOMICA: brotará más desigualdad y exclusión
En momentos que se debatían los impactos generados por la turbulencia inflacionaria, la autoridad monetaria señalaba “... se bajará la inflación sin causar recesión”, lo afirmaba dejando en entredicho que recurriría al manejo monetario incrementando la tasa de referencia bajo la premisa de inducir a la reducción de la demanda por créditos, medida que por cierto terminó ahogando financieramente -por ejemplo- a las MYPES, olvidando que esta tipología de empresas representan el 40 % del PBI y el 99 % del empleo (más informal que formal). La receta monetaria incidió en bajar la inflación, pero sus resultados hicieron que después de 25 años, el Perú enfrente una etapa de recesión económica, que a decir de analistas económicos (J. Gonzales Izquierdo) resultará difícil de superarlo en el mediano plazo o es más preocupante es cuando el ex ministro de Economía David Tuesta (CADE 2023) afirma que resultará difícil salir de esta recesión (en 20 años) con la actual política económica y los signos de ingobernabilidad.
Superar esta etapa de recesión económica será posible en el menor tiempo siempre y cuando desde el gobierno se entienda la necesidad de generar un shock de confianza para que la inversión privada lidere el camino del crecimiento, como siempre lo ha sido, y al mismo tiempo, promover una política de expansión fiscal basado en la inversión pública que ayude a cerrar brechas (inversión productiva) y también promover la recuperación y formalización de las MYPES (urbanas y rurales). Para graficar los impactos que representa gobernar en ambientes de inestabilidad social y política , como la de los años 2019 – 2022, se tiene que entre el 2020 al 2022 salieron más de 22 mil millones, señalándose como la más grande salida de capitales de los últimos 50 años.
Igualmente señalar que para los hacedores de la política anti recesión, el agro no está presente en sus planes de reactivación desconociendo el importante rol que tiene esta actividad en la provisión de alimentos, en la generación de empleo directos e indirectos (activador de demanda), es generador de divisas (casi 10 mil millones de dólares), y contribuir a la estabilidad social, etc.
Mientras el equipo económico traza el camino “dizque correcto” para salir de la recesión, lamentablemente desde el Estado (Ejecutivo y Legislativo ) sus autoridades transitan en dirección contraria; el Ejecutivo recurriendo al facilismo del regalo BONOS y el aumento del gasto público (bonificaciones salariales y no inversión) que, si bien se muestra como solución de corto plazo, pero es dañina a la economía en el mediano y largo plazo porque sus intervenciones son improductivas. El Ejecutivo a través de su programa Con Punche Perú (3° etapa) y bajo su slogan de UNIDOS, pone en marcha un plan de contención y mitigación de los daños que la recesión económica ocasionaría esperando reactivar el aparato productivo, adicionalmente se agregan recursos fiscales para hacer frente al Niño Global (7 mil millones de soles).
En las actuales circunstancias de alta conflictividad política en los poderes del Estado y la inseguridad (como gran problema), esperar el retorno de capitales e inversiones es muy incierta, en tanto, empresas, familias e inversionistas están optando por circular sus recursos (capitales) para actividades y territorios, premunidos de baja incertidumbre, cosa que no es la peruana. Entonces, afirmaciones como las que señalan nuestras autoridades en el sentido que “ los inversionistas extranjeros confían en el Perú al considerar a nuestro país como el de menos riesgo” solamente expresan buenos deseos; la realidad señala que los inversionistas y familias hace tiempo han explicitado la desconfianza e incertidumbre que les está generando un gobierno incapaz de designar autoridades que garanticen gobernabilidad y comprobada decisión de luchar frontal contra la corrupción e inseguridad. En este escenario salir de la actual recesión económica, en el corto plazo, será bastante improbable y traumático para millones de hogares peruanos.
Del análisis al “famoso programa” Punche Perú (3° etapa) se puede afirmar que es un conjunto de buenas intenciones cuyas líneas de acción no garantizan en absoluto enfrentar la recesión, dado que los proyectos de inversión están condicionados al destrabe burocrático por ejemplo los proyectos mineros o, desconociendo que los proyectos de infraestructura hidráulica mayor, casi todos están sin expediente técnicos definitivos y otros, con problemas de propiedad de la tierra (caso Chavimochic III etapa o Chinecas).
Por el lado de las MYPES , el programa Punche Perú sólo busca tenderles un salvataje financiero (evitar la ruptura de la cadena de pagos) mientras que por el lado de activar la producción resultará poco efectiva, en tanto la economía sigue con altos niveles de desempleo/sub empleo; esta última situación significa que su producción no encontrará mercado para su venta y terminará por agudizar sus situaciones de insolvencia económica y financiera. En resumen, el llamado Punche Perú (3° etapa), es un programa de alto costo fiscal (17 mil millones de soles), expresado en una intervención asfixiante del aparato público que daría pie para el clientelismo, ineficiencia y corrupción.
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