El Agro, necesita una Ley digna para su Desarrollo
La política de seguridad alimentaria, no está, ni debería estar divorciada de una “Ley de Desarrollo Agrario”, por el contrario, y siendo realista permite que la población cuente con alimentos en cantidad, calidad y en oportunidad. Pero a partir de Juan Velazco, un buen sector de los peruanos identifica a la Ley de Reforma Agraria, como un tema que centra el ataque en la propiedad de la tierra, olvidando que el colectivismo, implantado por esta Ley, en la propiedad de la tierra terminó demostrando que no habrá desarrollo sin libertad. Es la génesis del minifundio, del atraso tecnológico, de la descapitalización y de la pobreza, situaciones que ven agudizarse por la presencia y acción ineficiente de un Estado – gobierno[1].
La Ley Agraria que necesitamos, puede tener su punto de partida en ello, porque urge superar los aspectos de informalidad en la propiedad que existen en comunidades campesinas, indígenas y nativas y productores individuales, pero debemos resaltar los otros elementos que son esenciales para llegar a cumplir los objetivos, uno de ellos es el bienestar del ser humano involucrado directamente con el quehacer agrario. Un segundo objetivo, la entrega de productos primarios y transformados, competitivos y con garantía de calidad e inocuidad para la población demandante.
Tener asegurada la propiedad trasmite seguridad, pero no resuelve todos los otros problemas. Poseemos la tierra, somos los dueños y administradores del área agrícola, pero tenemos que velar por la salud de nuestro suelo, para conseguir buenas cosechas. Por eso se hace necesaria una Ley, que permita conocer las fortalezas y debilidades de nuestros suelos, que en una geografía como la peruana resulta muy diverso. Este conocimiento del suelo, debe llevar al aprovechamiento de las ventajas comparativas que tenemos; conocerlo y estar informados, nos conduce a la toma de decisiones correctas y oportunas. La aplicación de los análisis del suelo6, deben ser parte imprescindible de la política agraria.
Una Ley, que priorice el cuidado del suelo, como parte del desarrollo de una agricultura sostenible. No puede ser posible que, en pleno siglo XXI, la gran mayoría de los pequeños productores agrarios fertilicen y, hagan labores agrícolas, orientados por la costumbre o se aferren a la escasa tecnología que existe en su zona. ¿Acaso todos los suelos, tienen las mismas características?, alimentamos los cultivos con urea a discreción, porque no nos sustenta un análisis de suelo. Aplicamos pesticidas e insecticidas, contra plagas y enfermedades, por recomendación del vendedor de la tienda. Aramos con maquinaria pesada, encharcamos el suelo a más no poder, cuando regamos. Quemamos el rastrojo, sin contemplaciones. No nos tomamos el trabajo, de incorporar materia orgánica a productores son discapacitados y se necesitan 8,500 millones de dólares para cerrar la brecha de infraestructura hidráulica, entre otros indicadores.
La errática respuesta desde el gobierno – MIDAGRI INIA es poner en marcha un plan de análisis de suelos sin presupuesto y no teniendo la suficiente capacidad instalada para ello; es la muestra perfecta de intromisión del Estado – gobierno que solo es justificar más burocracias y mendicidad (coaccionan la Libertad). Hemos hecho desaparecer los drenajes[2]. Y nos molestamos sin razón, cuando cosechamos y los resultados son bajos.
El tema agua, no debe estar desvinculado de la tierra, aquí decimos que hacer agricultura sin riego regulado resulta ser una inversión de gran riesgo. Las plantas son seres vivos y demandan agua en determinados tiempos. Una Ley Agraria, no sólo debe considerar la identificación de las fuentes de agua, sino también las posibilidades de trasvase y almacenamiento, conducción para el consumo poblacional, agrícola –ganadero, industrial, así como la forma de uso de la misma en los campos agrarios, generando módulos de riego tecnificado, aprovechando las energías renovables. Considerar el revestimiento de canales, uso de mangas, instalación de compuertas, modernización de la administración del agua, que nos garantice una eficiente distribución y conservación de la calidad del agua.
Una Ley agraria que, como parte de la conservación del agua y de los suelos, entienda la importancia de la forestación[3], reforestación y manejo de las cuencas. Entendamos que, con bosques en las partes altas, evitamos el deterioro de los suelos y, se contribuye a la recarga del acuífero y reducimos al mismo tiempo la sedimentación en las infraestructuras de almacenamiento.
Una Ley Agraria que entienda a cabalidad que, sin financiamiento los pequeños productores agrarios nos descapitalizamos cada año en manos de los prestamistas usureros y de los acopiadores. En cuanto al financiamiento, se debe tener en cuenta el criterio de oportunidad, para ello es importante manejar el calendario agrícola en primer lugar. En segundo lugar, actualizar la estructura de costos por cultivo, porque si el préstamo de la Banca Estatal[4], va a cubrir sólo una parte, volvemos a caer en las garras del usurero y del acopiador. El financiamiento, debe ir a la par con un seguro realista, no como el de hoy que cubre apenas el 10% del total de pérdida. Los pequeños productores, no nos oponemos al crédito supervisado.
Una Ley, que acompañe a la planificación de los cultivos en función, del tipo de terreno, agua, clima, mercado. El sembrar, para buscar a quien venderle, cuando se coseche, a los pequeños productores nos causa mucho daño. Tal vez esta sea una de las razones, por la cual el producto cosechado, queme las manos al productor y lo venda al primer acopiador que llega a su chacra.
[1] las brechas en el agro son alarmantes; así sólo para el 12 % de la superficie cultivada se utiliza semilla certificada; el 4 % de los productores recibieron asistencia técnica pública; en la sierra el 65 % de las siembras son en secano; el 25 – 30 % de la superficie cultivada de la costa entra en descanso por falta de agua; 85 % de los productores venden en chacra y a intermediarios; 5 % de los productores son sujetos de financiamiento público; 80 % de la propiedad titulada está sin registrarse formalmente; 250 mil
[2] se estiman existan más de 250 mil hectáreas cultivadas de la costa que tienen diferentes niveles de salinidad, impactando negativamente en los rendimientos y, acelerando la degradación del mismo recurso.
[3] se estiman en 200 mil hectáreas anualmente deforestadas; la reforestación pública alcanza a menos de 10 mil hectáreas anuales; este desbalance está impactando en la oferta hídrica y reducción del periodo de vida de los sistemas de embalses y represas poniendo en grave riesgo a la agricultura y consumo poblacional.
[4] los créditos del Agro Banco están estructurados sobre la base de estructura de coeficientes técnicos de una agricultura del siglo pasado contribuyendo a la necesidad de recurrir a los financistas informales y en consecuencia a la descapitalización.
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