Victor Vásquez / Informalidad, evasión y exoneraciones

¿Socios de la economía criminal? ¿…a quienes se beneficia, desde el poder? “sí a las economías criminales no se les combate desde el poder es porque forman parte de ella”

Preámbulo

Las economías ilegales, parece que le están ganando la batalla al Estado, así lo dice Macera -Director del IPE- cuando señala, tomando como referencia resultados de IPSOS, que para el 45% de los encuestados reconocían a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, solo después del Congreso. En el conglomerado de las economías ilegales encontramos, desde la minería ilegal hasta la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de madera, la extorsión, el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de terrenos, la piratería (software), el tráfico de fauna y flora y el lavado de dinero de las economías ilícitas (incluida la corrupción).

Si nos referimos, solamente, al oro ilegal y sus impactos ambientales sociales e institucionales que vivimos día a día, se puede afirmar que el Perú muestra uno de los más altos índices de criminalidad, ubicándolo como el número 1 en sud américa, donde el mercado de la criminalidad está extendido a lo largo y ancho del territorio y con actores, de la criminalidad, constituidos en redes criminales e integrados al Estado y en otros casos ya lo están.

Al respecto Víctor Vásquez et al (2024)2 concluyen que, la corrupción, la ineptitud en el servicio público y las economías ilegales, se han convertido en el cáncer que está destruyendo el tejido social, la democracia y, poniendo en peligro el Estado de derecho. Este cáncer está acelerando las contradicciones económicas cuyo poder se sustenta en su capacidad creciente y real de haber capturado el poder, porque entendieron es la única manera de manejar los recursos de la Hacienda pública y al mismo tiempo tienen capturado, de forma encubierta, las instituciones sancionadoras, fiscalizadoras y hacedoras de leyes. Las economías ilegales capturan áreas sensibles del Estado que emiten regulaciones y se vuelven cada vez menos ilegales, el caso más emblemático es el REINFO3, y no sería muy distinto con su probable reemplazo (ley MAPE4)

Referente al costo de la corrupción Nelson Shack –ex contralor de la República- estimó que, por la inconducta funcional de funcionarios y autoridades del Estado, el 2024 se perdió alrededor de US$ 6.400 millones. En igual sentido Vásquez et. Al (2024) cuantifica que el costo de la ineptitud del funcionario público ascendió a un aproximado de US $. 6,000 millones.

Los tentáculos de las economías ilegales no solamente se limitan a penetrar al Estado (gobierno central y gobiernos subnacionales) en búsqueda de los recursos públicos, en las dos últimas décadas se aprecia con mayor fuerza su incursión subterránea en la política, mediante el financiamiento de partidos y movimientos políticos y de candidatos presidenciales, al Congreso, a los gobiernos regionales y alcaldías. En tal sentido, el 2026 el Perú tendrá uno de los procesos eleccionarios más complicados pero ajustado al accionar de estas economías.

Si las economías ilegales penetran a las organizaciones políticas ello es atribuible por la complicidad y convivencia de sus “propietarios” quienes prefieren la venta de las designaciones políticas; también, desde el propio Estado por la complicidad de los organismos conformantes del sistema electoral. En suma, esta simbiosis está marcando la contaminación de la política y agudizando la crisis de gobernabilidad y de la democracia.

La cantidad de partidos/movimientos y candidatos que se alistan para las elecciones próximas se cuentan por miles y es de esperar que serán miles de millones de dinero en circulación (para comprar su designación y el costeo de su propia campaña); el panorama descrito, potencialmente, es propicio para que los dineros de las economías ilegales o criminales financien a las futuras autoridades del Ejecutivo y Congreso, y Gobiernos sub nacionales, sellando definitivamente su poder real. ¿Acaso estamos rumbo a convertirnos en un Estado dominado por la criminalidad?, es una pregunta que merece urgente respuesta de la sociedad organizada y del gobierno mismo.

La informalidad

La informalidad en la economía y sus expresiones en las relaciones económicas y sociales existentes, devienen o resultan del modelo de organización socio –económica y de la relación entre el Estado y los agentes privados.  También, es una característica prevaleciente de las economías primarias y extractivas como la del Perú, donde casi dos tercios-2/3- de sus ingresos por exportaciones, tienen como fuente de origen la explotación de los recursos naturales (minería)5.

Frente a esta característica productiva es que surgen interrogantes en el sentido de saber cuáles son los límites y alcances del actual modelo de crecimiento productivo, sabiendo que los mercados de materias primas son bastante inestables. Contrario a ello, surgen posiciones acerca de la necesidad que el Perú apueste por promover un modelo que facilite el fomento y desarrollo industrial6, considerando que ello desencadenará procesos que permitan crear nuevos y más valores económicos.

La informalidad podría afirmarse que es resultado del desencuentro entre los costos y los beneficios que implica desenvolverse (persona o empresa) en la formalidad. Entonces, digamos, ¿cómo se traducen los beneficios por actuar en la formalidad?, se respondería, por ejemplo: a) mejorar la protección y seguridad, b) el funcionamiento de un sistema de justicia predecible y transparente (solución de conflictos, seguridad jurídica, etc.), c) ser actor visible para el sistema financiero, d) mejor disposición de servicios públicos (salud, educación), e) infraestructura para mejorar eficiencias y competitividad y oportunidades transversales, etc. En suma, lo anotado es lo que el ciudadano/empresario estará dispuesto a financiarlo con su pase a la formalidad.

Es decir, en condiciones de una eficaz autoridad tributaria7 es de esperar que la formalidad y la recaudación por tributos muestren una relación de dependencia, lo que quiere decir, que a mayor informalidad es previsible menor recaudación y en consecuencia menores recursos para la prestación de servicios e inversiones públicas.

Entonces el ciudadano/empresario cuestiona a la formalidad cuando siente que los beneficios de la formalidad, razón por la que tributa, no son tangibles por el contrario le representan nuevos costos que son cargados a sus presupuestos; esto puede comprobarse cuando, ciudadanos y empresarios terminan asignando un porcentaje determinado de sus ingresos para cubrir el servicio de seguridad o prestaciones de salud.

Otra mirada de las razones que empujan a la informalidad está asociada a la excesiva sobre-regulación por parte de las instituciones del Estado, sobre-regulación que deviene de la necesidad de agenciarse de ingresos, recursos propios, que les permite costear sus operaciones y también crear mecanismos para justificar incrementos de sus ingresos (burocracia).

A continuación, algunos indicadores que, reflejan la informalidad en el Perú:

Ø  En cuanto al empleo muestra que la tasa de informalidad es del 72 % mientras que el sector agropecuario la informalidad laboral es del 93,5%, tasa que en los últimos años ha visto incrementarse en 12.5 puntos.

Ø  La producción nacional informal representa al 2024, 550 mil millones de dólares, cifra equivalente al 17,8 % del Producto Bruto Nacional (PBI). 

Ø  En conjunto se sabe que la informalidad en la economía nacional (2024) representa 16,720 millones de dólares, cifra equivalente al 2 % del PBI nacional que, el Banco Mundial, estimó en USD 836 mil millones.

Evasión y elusión tributaria

La evasión y elusión tributaria están íntimamente ligadas a la política tributaria y a la eficiencia del organismo competente (SUNAT), lo bastante sabido es que el país hoy adolece de una política y estrategias adecuadas para incidir a reducir dichas prácticas; la SUNAT es de lamentar conviva con una estrategia coercitiva de recaudación antes que enfocarla, además, para ensanchar su base tributaria, el dicho popular señala que solo tributan los mismos de siempre. En este punto otro factor que juega a favor de la evasión y elusión, es el accionar del sistema de justicia, lugar a donde recurren los deudores tributarios8 y cuando no también con apoyos políticos.

La recaudación tributaria marca el ritmo de disponibilidad de recursos disponibles para que el Estado pueda costear los servicios públicos e invertir en obras para el desarrollo y cerrar las brechas de infraestructura; así, cuando caen los recursos recaudados el Estado verá la necesidad de financiamientos externos y de esta manera aumentar el déficit fiscal, es el pago a futuro que la sociedad la asume como tal.

Por el lado del presupuesto nacional el 2024 fue de 240 mil millones de soles y, para el 2025 se estima en 252 mil millones de soles; la particularidad es que entre el 68 – 72 % del presupuesto va para cubrir gastos corrientes, sinónimo de burocracia9. Por el lado de recaudación se tiene que, el 2024 la recaudación total ascendió a 156 mil millones de nuevos soles, ello quiere decir que la recaudación tributaria solamente permitió financiar el 65 % del presupuesto nacional; para el 2025 se espera recaudar 172 mil millones que representaría el 69 % del presupuesto nacional10.

Específicamente, a decir del MEF (2023) estimó que las prácticas de Evasión y Elusión tributaria, en conjunto, terminaron costándoles al Perú alrededor de 21,408 millones de dólares, equivalente al 8 % del PBI; en moneda nacional, sumaron 80,281 millones de soles, equivalente al 37,4 % del presupuesto nacional (214,790 millones de soles).

Exoneraciones

Ya es recurrente y normalizado escuchar a los actores empresariales y políticos (sus voceros y empleados) decir que la globalización exige competitividad y que el Perú necesita de mas inversiones para crecer y desarrollarse; frente a ello, olvidan que la competitividad jamás puede descansar en prebendas y privilegios fiscales por cuanto comprobado está que termina beneficiando a unos cuantos interesados y perjudicando a la mayoría de ciudadanos. Competitividad, sentada en privilegios fiscales no es como tal, a ello se le llama mercantilismo puro y duro, práctica que refleja una simbiosis perfecta entre empresarios mercantilistas y seudo políticos convertidos en gobernantes y autoridades.

Esta radiografía es uno de los males que el Perú aún no puede desterrarlo al extremo que organismos internacionales como la OCDE, el FMI y el BM, desde años atrás, están insistiendo en la imperiosa necesidad de realizar una revisión y cambio profundo a la política de exoneraciones que los gobiernos han implementado, dícese, en nombre de competitividad y mejor calidad de vida de los peruanos. Las exoneraciones tributarias, que siguen envolviendo a la economía, durante el periodo 2017 – 2023 sumaron 120 mil millones de soles (¿regalos para quiénes?), en nombre de una falsa competitividad.

Los indicadores sociales, económicos y educativos que muestra el Perú parecen argumentar y avalar las preocupaciones de los organismos internacionales en el sentido que, las exoneraciones no son mas que privilegios para grupos económicos y factor de exclusión para inmensas mayorías; por ello es que la OCD demanda a las autoridades peruanas la necesidad de revisar la política de exoneraciones al concluir que, “está equivocada política, sigue beneficiando a reducidos grupos económicos, dominantes en la economía, y perjudicando con ello a los 34 millones de peruanos”, ensanchando las brechas de insatisfacción y posponiendo el desarrollo socio económico del Perú.

He aquí alguna información relevante, de los resultados socio-económicos y educativos en que nos desenvolvemos y, por ningún lado asoma haber alcanzado la competitividad prometida, argumento para las exoneraciones; siendo así, entonces es válido preguntarse ¿a dónde y, para quienes fueron los casi 120 mil millones de exoneraciones entregados durante el periodo 2017 – 2023 ?:

Los niveles de pobreza y extrema pobreza, a pesar del “crecimiento” están en aumento llegando a niveles comparables a lo existente hace tres décadas; el 2024 fueron casi 10 millones de peruanos viviendo en pobreza y 3,5 millones en pobreza extrema. Adicionalmente existen alrededor de 18 millones de peruanos en condición de vulnerabilidad alimentaria11.

La respuesta oficial de las autoridades del gobierno es que el crecimiento de la economía (3 %) resulta insuficiente para reducir la pobreza extrema y vaticinando que para los próximos 5 años sólo bajará en tan sólo 0,6 %; este bajísimo decrecimiento seguirá mostrando la radiografía de un país desestructurado en lo social y económico y, carente de generar oportunidades para los jóvenes y sus sectores emergentes de la economía.

Unos indicadores sociales de relevancia, asociados a la nutrición y salud, llegan a explicar el nivel de desarrollo físico y cognitivo de las personas y augurando su baja capacidad para integrarse de manera competitiva a la economía. Así, la desnutrición crónica infantil –DCI- muestra un ascenso preocupante, pasando de 15,9 (2023) al 16,2 % en el 2024, mientras la desnutrición crónica en poblaciones menores de 5 años está afectando al 12,2 % de su población, tasa comparable al año 2018. Otro indicador preocupante es saber que la ANEMIA en el grupo etario de 6 – a 35 meses, está en ascenso constante, pasando del 38,8 % (2021) al 42,8 % (2024), variable de salud comparable a la alcanzada el 2015; es decir, como país se ha retrocedido una década. Específicamente, por ejemplo, para la población femenina de 15 a 49 años, el ministerio de Salud señala que el 12,2 % están sufriendo de anemia, indicador comparable al 2018, otra vez, 7 años perdidos y con el agravante que son los peruanos mas vulnerables que terminan pagando tremenda factura.

Ahora, enfoquémonos a otra variable -Educación- de tanta gravitación para el desarrollo de las sociedades y de la economía; a continuación, se presentan algunos indicadores relacionados a la educación, sus exoneraciones y resultados:

Primeramente, debemos contextualizar que la educación privada inicia su auge en los años 90 con la llamada privatización de la educación pública; esta política fue el envión que marcó el inicio para la proliferación de instituciones privadas educativas, desde un centro inicial hasta universidades. Tan escandaloso resultó que llegó a decirse y comprobarse como locales de chifas hasta precarias viviendas, pasaban a convertirse en centros de educación superior universitaria y escolar.

Los Promotores de la educación, encaramados en la vida política, fueron direccionando marcos legales para beneficio propio mediante leyes que exoneraba pagos frente al ente recaudador. Así, durante el periodo 2017 – 2023 para la actividad educativa privada las exoneraciones tributarias totalizaron 12,119 millones de soles, valor equivalente al 10,1 % del costo total de las exoneraciones tributarias (119, 927 millones).

Los resultados de esta política - de exoneraciones- pueden corroborarse y resulta, hasta cierto punto, vergonzosa para el país cuando se tiene que las pruebas de evaluación de la educación muestran al Perú ocupando la posición 82 de 134 países evaluados, ubicándose en el tercio inferior. Así estos resultados, en perspectiva de construir país y sociedad, merecerían una profunda reflexión y sus correctivos para bien, pero surge el, pero, en tanto los pomposamente llamados “promotores educativos” son activos actores políticos y dueños de partidos hacedores de Leyes.

La torta de las exoneraciones es apetitosa (1,800 millones anuales) dinero que al dejarse de tributar al Estado terminan formando parte de los patrimonios de los llamados promotores educativos14 (los nuevos ricos); a la fecha, existirían un total de 140 universidades, el 64 % son universidades privadas (89) y el 36 % corresponden a universidades públicas (51).

El crecimiento caótico y mercantilista de la educación (privada), está tratando de ser corregida a través de la SUNEDU15, organismo del ministerio de educación, encargado de validar la calidad de la educación superior universitaria; el actuar de la SUNEDU muestra que solamente el 63 % de las universidades están licenciadas para ofertar servicios de educación mientras que, el 37 % restante han sido clausuradas, unas de forma parcial y otras de forma definitiva.

La población universitaria se estima en casi 1,4 millones de estudiantes; su distribución según el género muestra que el 51 % son mujeres y 49 % restante son hombres. Estimándose además que, alrededor de 1 millón corresponden a la universidad privada. La inversión para lograr una carrera universitaria en la universidad privada varía de acuerdo a la carrera y al tipo de universidad, variando ésta entre 10,500 soles a 180 mil soles,

La inversión pública anual en las universidades estatales, vista por la asignación presupuestal, señala que entre 2023 y 2024 se ha incrementado 24 %, pasando de 6,9 mil millones a 8,4 mil millones de soles. Un dato que merece sea convalidado con la calidad educativa de la universidad pública, es determinar si estas asignaciones están correlacionadas con la calidad educativa por cuanto dichos incrementos se orientan a cubrir los gastos de planilla afectando con ello las inversiones para infraestructura e investigaciones.

Ahora veamos lo referido a la empleabilidad de los egresados universitarios; al respecto, la SUNEDU señala que alrededor del 25 % es la tasa de empleabilidad, unos por que optan por continuar estudios de maestrías y otros porque laboran en trabajos informales “fuera de planilla”; además también que el 49.3% de los hombres con estudios universitarios tiene un empleo informal. La proporción de mujeres es ligeramente menor (42%). Finalmente se tiene que solamente el 30 % de egresados de la universidad, laboran en la carrera que estudio, es decir ejercen su profesión.

La tasa anual de crecimiento de la economía marca las pautas de absorción de mano de obra de la PEA disponible para integrarse al mercado laboral que anualmente es de 250 mil personas por año; con respecto a los egresados universitarios, la firma especializada, PageGroup revela que, para un recién graduado, sin experiencia laboral, encontrar un trabajo fluctúa entre los 6 y 12 meses.

Ahora con referencia los ingresos percibidos por un egresado, sin experiencia previa, éstos pueden oscilar entre 1,025 y 1,500 soles mensuales mientras que con experiencia oscila entre 1,500 y 2,000 soles.

A manera de conclusión

La informalidad sigue creciendo y, poco o nada se hace para reducir la evasión y la elusión tributaria a pesar de los cuantiosos recursos fiscales que representa; por otro lado, los costos anuales de las políticas públicas que promueven y dictaminan exoneraciones tributarias anualmente cuestan al fisco nacional, entre 18 mil millones a 20 mil millones anuales.

El Perú, necesita una verdadera política de Estado en materia de incentivos y estímulos capaces de desencadenar procesos conducentes a alcanzar una real competitividad y, dejando de lado aquellos privilegios ciegos, desde el lado tributario.  Así mismo, urge una reforma integral en materia tributaria, empezando por la institución SUNAT dotándola de neutralidad, sin manoseo político y nuevas estrategias que alienten cerrar las brechas de la informalidad tributaria.

Saber bien que, para la hacienda pública los políticos y empresarios mercantilistas son buenos aliados que, argumentando razones como: mejorar la competitividad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hacer más asequible la educación superior a los jóvenes y, atraer más inversiones, etc., no paran de decretar normas que, en el fondo, reducen cuantitativamente las obligaciones tributarias.

Entonces, sí hoy el Perú muestra decadentes indicadores en materia de salud, de educación, desarrollo de su agricultura, de empleo, de infraestructura, entre otros, se puede afirmar que es obra y gracia de erróneas y nefastas políticas de exoneraciones y también de aquellas que fomentan la evasión y elusión tributaria.

Un caso reciente que ejemplifica el mercantilismo puro es cuando la alianza perfecta gobierno central -Ejecutivo- y políticos- Congreso- e invocando la necesidad de modernidad, competitividad, etc., etc., pretenden aprobar leyes para permitir el ingreso de transgénicos sin importar que una de las mayores riquezas del Perú es su bio-diversidad; en el fondo, es entregar el mercado de semillas e insumos agrícolas a merced del mercantilismo agrario; otro ejemplo que, reseña estas oscuras alianzas desde el poder es invocar una nueva ley agraria, ley que de aprobarse representaría un costo fiscal de 20 mil millones.

Finalmente, estas prácticas propias de un mercantilismo puro y duro de la que se benefician unos cuantos grupos económicos (los de siempre y que ponen desde políticos, presidentes, y funcionarios) representan altísimos costos para la economía y la sociedad; las cifras son más que elocuentes para entender que vivimos en un Perú desestructurado social, económico y moral.

Lo antes señalado, basta comprobarlo cuando vemos a miles de jóvenes universitarios egresados, no poder encontrar un espacio en el mercado laboral y emplearse en sus profesiones, emigrar al extranjero en busca de

las oportunidades negadas en su patria; entre el periodo 2022 – 2024 ya emigraron más de 400 mil jóvenes.  Mientras ello sucede, otros se enriquecen y, desde la política partidaria activa dicen “…larga vida a la mercantilización de la educación…”.

Para concluir y tomar conciencia, debemos preguntar ¿a quienes terminan beneficiando las exoneraciones, la evasión, la elusión o el crecimiento?, o ¿a quienes beneficia o se benefician con la informalidad y las economías criminales?, o ¿dónde están los beneficios de estas leyes que fomentan las exoneraciones y las economías criminales? Estas cotidianas preguntas sólo tienen respuesta señalándose que, los beneficios quedan en poder de sus promotores educativos y también, unos pocos empresarios como beneficiarios; el lado opuesto es ver cómo a las mayorías se les entregan precarios servicios públicos, como expresión de la exclusión que caracteriza a una sociedad del tercer mundo.

Es momento de evaluar con sentido crítico la realidad educativa (superior), en tanto miles de egresados no encuentran como integrarse al círculo productivo-económico y, quienes lo hacen perciben bajos ingresos por su baja productividad resultante, de la pobrísima formación académica.

Así mismo, es necesario evaluar el aporte de la universidad en el desarrollo del país en tanto se dice que las exoneraciones tributarias fortalecen los procesos de investigación y desarrollo tecnológico; al respecto especialistas en la materia señalan que, dicho aporte es cuestionable porque sus logros han sido de originar un mercado de producir investigaciones.

2  Corrupción + Ineptocracia, depredan la Democracia. Diciembre, 2024. Defensoría del Productor Agrario.

3 REGISTRO INTEGRAL DE FORMAIZACION MINERA.

4 La Ley MAPE, busca regular la minería artesanal y la pequeña minería en el Perú. El objetivo es que estas actividades se desarrollen de manera sostenible, social y económica. 

5 la actividad minería es profundamente rentista y mercantilista; existen denuncios mineros donde las relaciones de producción son comparables a las de las épocas del servilismo, El dueño del denuncio minero (generalmente lo hizo con apoyo político) cual cacique o terrateniente termina arrendando a pequeños mineros, es el primer eslabón para la evasión y/o génesis de la informalidad.

6 los intentos por generar un proceso de industrialización interna data décadas; todos los modelos fueron rotundo fracaso, desde aquel impuesto por la Dictadura de Velasco (1968) hasta el más reciente (gobierno de Ollanta), este último convertido en una fábrica de burócratas e instituciones inoficiosas.  En resumen, el Perú carece de un modelo propio de desarrollo industrial que integre sus múltiples particularidades.

7 SUNAT, es la “autoridad tributaria” dependiente del MEF, sin autonomía la que la hace vulnerable frente a los actores políticos (gobernantes) y es origen para prácticas de favoritismo a grupos empresariales de corte mercantilista. No existe institucionalidad tributaria de allí que es aliado perfecto para el crecimiento de la informalidad.

8 los operadores de Justicia en contubernio con grandes Bufets de Abogados, terminan siendo empleados de los mas grandes evasores de tributos.

9 la planilla del Estado en esta última década ha visto incrementare en 25 – 30 %; un ejemplo concreto es que Congreso pasó de un presupuesto anual de 650 millones (2021) a 1300 millones (2024) y 4500 empleados y seguramente miles de fantasmas, como lo advierte el congresista C. Anderson.

10 el desbalance entre recaudación de impuestos y presupuesto nacional es factor para la existencia de déficit fiscal; actualmente estamos pasando del 2.3 % /2020) al 4.5 % (2025)

11 Los Jinetes del Hambre. 2024. Defensoría del Productor Agrario.

14 informaciones (2025) dan cuenta que uno de los llamados promotores educativos-dueño de partido político- aparece en lista de los 10 mas ricos del Perú, estimándose su patrimonio en 470 millones de dólares.

15 a pesar de los escándalos de corrupción y favoritismo y copamiento por parte de activistas ideológicos, la SUNEDU dista mucho de actuar eficientemente para asegurar una calidad de la educación. Hoy sus evaluadores obedecen a intereses de gobierno y dueños de universidades privadas (partidos políticos).