El agro: conocerlo para gestionarlo
NIVEL EDUCATIVO Y SU EFECTO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
El bajo nivel educativo del productor agropecuario, según datos de la Encuesta, señala que aproximadamente un total de 1´410,847 productores agropecuarios corresponden a productores con educación primaria y sin ningún nivel educativo, lo cual equivale al 62.4% del total de productores. Además, el 29% y el 8,3 % tienen educación secundaria y educación superior (universitaria y no universitaria) respectivamente.
Generalmente suele argumentarse que la baja productividad física y económica de la pequeña agricultura está asociada a factores como la ausencia de ganancias (baja/nula capitalización), la débil articulación a los mercados, los riesgos propios de la actividad; éstos y otros factores, no los únicos, a la postre terminan siendo elementos muy restrictivos para la adopción de tecnologías y, por tanto, inhibidores de mayor productividad y competitividad.
Para comprender la baja productividad en el agro es necesaria abordarla a través de la asociación existente con el nivel educativo, alcanzado por el productor; así, el 51 % de los productores sólo han logrado culminar estudios primarios y casi 30 % educación secundaria, representando 80 de cada 100 productores quienes, además, se educan bajo modelos educativos marcadamente urbanos y dejado de lado modelos educativos, apropiados para el medio rural y agropecuario en particular.
Dada esta realidad entonces es pertinente preguntarse ¿si con una masa crítica de productores formados en el modelo educativo vigente y además por su falta de recursos para comprar tecnologías, se puede mejorar la productividad?, obviamente la respuesta es que resulta imposible y, en consecuencia, también es imposible generar competitividad. Por el lado tecnológico también vale preguntarse ¿si las tecnologías disponibles están acorde a características de los productores?, o si los programas de capacitación no escolarizados incorporan estas particularidades (por el lado educativo).
En conclusión, si el objetivo es mejorar la productividad y mejorar la competitividad agropecuaria, entonces resulta prioritario hacer una redefinición al actual modelo educativo para los espacios rurales; así también, revisar los sistemas y procesos seguidos para la generación de tecnologías agropecuarias y los programas de capacitación (escolarizada y no escolarizada).
PROPIETARIOS EN EL LIMBO DE LA SEGURIDAD JURIDICA
Tiempo atrás en un reflexivo ensayo la Defensoría del Productor Agrario (2022) daba cuenta que los productores agrarios eran propietarios, pero en la informalidad, lo cual no sólo les significan una alta inseguridad jurídica, sino, además, una pérdida de valor de su más importante activo (su tierra). La titulación y el registro de la propiedad agropecuaria es una gran brecha que sigue sin encararse por parte de los niveles de gobierno, a pesar de muchas veces anunciarse dar solución.
En promedio se titularizan propiedades (entregan títulos) en número de 50 mil a 60 mil títulos de propiedad; este logro, en comparación al total de propiedades carentes de títulos de propiedad no representan más que el 3,8 % y cerrar esta brecha, demoraría unos 26 años para titular a todas las propiedades.
También se sabe que, del total de títulos de propiedad existentes, el 66 % corresponden a propietarios (hombres) y el 40 % a propietarias (mujeres), hecho que grafica la importancia de las mujeres como propietarias de sus unidades de producción.
El título de propiedad, de la unidad agropecuaria, en sí mismo es relevante, pero no representa una total seguridad jurídica para que el bien (tierra) absorba los valores económicos generados por la seguridad jurídica. En concreto se tiene que solamente el 20 % del total de propiedades tituladas, están debidamente inscritas en el sistema registral de la propiedad (Registros Públicos).
Con tanto avance de la tecnología es hora de actuar, cuando menos, para que las 643 mil propiedades tituladas sean inscritas en los Registros Públicos. Este hecho desencadenaría importantes impactos en la economía, en tanto estos activos pasarían de la invisibilidad frente al sistema económico – financiero, para así convertirse en reales instrumentos de inclusión financiera, etc.
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