Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y Sostenible del sector agrario hacia la agricultura moderna (“ley z”)[1]
Una Ley, que contemple la continua transferencia de tecnología y conocimiento a los pequeños productores agrarios. No puede ser que continuemos sembrando tres veces la semilla que guardamos de cada cosecha, en el mismo terreno. Nos cuesta a la mayoría, por razones económicas y otras por desconocimiento sembrar semilla certifica, nos negamos a adquirir plantones en viveros certificados, recogemos plantas pequeñas que nacen por casualidad y eso no es garantía. El uso de semilla y plantones certificados[2] debe ser un mandato.
Este asunto, debe constituir un proceso que nos involucre como productores agrarios, lo que significa capacitación y orientación para la adquisición de herramientas para la mejor aplicación de lo aprendido. En este tema, los diversos programas del Ministerio, deben trabajar de manera coordinada y se debería contar con talleres de capacitación permanentes, para la formación de los pocos jóvenes que quedan y de los pequeños y medianos productores agrarios.
Una Ley que no olvide, la importancia del manejo post cosecha del producto. El acopiador sabe, que esta es una de nuestras grandes debilidades y se aprovechan muy bien. Un tratamiento post cosecha, de cara al mercado[3], esto exige locales adecuados en las zonas productoras, información permanente para aprovechar oportunidades. El Ministerio, debe llegar a través de diversos medios al productor, para que estemos informados y nos podamos defender ante las propuestas de los intermediarios. Como parte del manejo post cosecha, el mantenimiento de los caminos y trochas carrozables de las zonas productoras es fundamental, para no maltratar el producto.
Una Ley que estimule las relaciones de mercadeo entre los pequeños productores agrarios, la industria transformadora y los consumidores, o con los mayoristas que son los últimos eslabones de la cadena comercial y, esto demanda establecimientos de intercambio comercial permanentes y adecuados, para que los consumidores u otros agentes de la cadena comercial tengan la seguridad del abastecimiento, incluso con compromisos de producción y compra por anticipado. En estos nuevos modelos, la promoción de alianzas estratégicas promovidas desde el Estado, debe orientarse a la participación de inversores privados.
Una Ley que empodere a los pequeños y medianos productores, en el trato con otros sectores productivos y el Estado, como es el caso de la minería, esta es una vía para superar los conflictos. En este tema se hace necesario, que los involucrados conozcan qué tipo de recursos potenciales existen en su territorio.
Una Ley que acompañe técnicamente a los pequeños y medianos productores agrarios, en la zonificación y uso de sus espacios, la siembra en secano, la crianza de ganado menor, el establecimiento de bosques madereros son actividades complementarias.
Una Ley que comprenda, la gran posibilidad de la industrialización de una parte importante de la cosecha, que muchas veces se pierde y que bien se puede relacionar con la formación de pequeños módulos industriales estandarizados, que ocupen la mano de obra de las mujeres campesinas. El Estado, a pesar de contar con Leyes, de destinar grandes presupuestos y programas para el desarrollo de la agroindustria, de los pequeños y medianos productores, no logra dichos propósitos; resulta difícil su desarrollo por cuanto su modelo está anclado en conceptos propios de una agroindustria parcelaria que, resulta siendo eficiente para el clientelismo, pero enemiga de un desarrollo competitivo y sostenido.
Para terminar, siempre será necesario y oportuno legislar positivamente y para el caso particular del Agro, creemos que lo elemental será:
a) empezar haciendo un balance en términos económicos y sociales (costo/beneficio público y privado) acerca de los efectos e impactos generados por lo menos de las tres Leyes hoy comentadas;
b) despolitizar y abandonar las cargas ideológicas, junto a los trasnochados clientelismos y mercantilismos, ingredientes perversos y presentes en nuestros hacedores de políticas públicas;
c) fortalecer los principios de seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, elementos claves para atraer nuevas inversiones;
d) recuperar y fortalecer la institucionalidad pública (extirpar el cáncer de la corrupción e ineptocracia) dando pase a la libre concurrencia de las iniciativas y capacidades privadas para desarrollar los sistemas de prestación de servicios rurales (semillas, tecnificación, mercadeo, certificaciones, financieros, etc.).
El Perú y el Agro, necesitan Leyes – Faro para iniciar su desarrollo, ello exige la construcción de la Visión País y del Agro, no hacerlo es seguir alentando las contradicciones sociales, económicas y políticas, de consecuencias imprevisibles para el Perú; no permitamos que se vuelva a repetir la historia.
Por bien del AGRO, es hora de abandonar aquella peregrina y recurrente idea, de Legislar a espaldas de las mayorías, para contentar a intereses de grupos que se mueven entre el mercantilismo y la demagogia.
EL AGRO Y SUS PRODUCTORES, MERECEN DIGNIDAD Y RESPETO
[1] Es una iniciativa resultante de sesiones descentralizadas desarrolladas por la Comisión Agraria del Congreso de la República bajo la presidencia de la Congresista Cruz María Zeta Chunga, de Fuerza Popular. Se estima en total 40 horas de “asambleas”.
[2] la actual brecha en semilla certificada es reflejo de la inoperancia del propio Estado – MIDAGRI – Autoridad de Semillas, plagada de normas y leyes, pero sin institucionalidad; es el Estado hacedor y grotesco.
[3] una integración real al mercado de los productores solo será posible cambiando los enfoques y estrategias y dejando atrás aquellas diseñadas e implementadas por una burocracia que desconoce el funcionamiento de los mercados y la dinámica productiva. Apostar por modelos generadores de oferta con enfoques territoriales y distributivos; también acabar con la informalidad siempre que se tenga un nuevo enfoque de política tributaria para el agro, etc.
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