El 6 de febrero último un terremoto de 7.8 en la escala de Richter asoló Turquía. Las cifras oficiales se acercan a los 50 mil muertos. Muchos de ellos se encontraban en los 25 mil edificios derrumbados. Asimismo, otros 50 mil edificios serán demolidos. Se informa que más del 50% de los edificios levantados infringieron las normas de construcción. Por esa razón, se han detenido ya a más de un centenar de empresarios dedicados a la construcción.
Lo ocurrido en Turquía debe generar no solo preocupación, sino también acciones concretas a nuestras autoridades y población. Sabemos que un gran sismo, de grado similar o superior, ocurrirá en Lima. Y generalmente cuando se habla de las consecuencias de su impacto se suele señalar a las viviendas y población asentadas en zonas de alto riesgo, como las laderas de los cerros que circundan la ciudad y la autoconstrucción muy practicada en los barrios periféricos.
Pero, no se habla mucho de la Lima moderna. Para el 2017 existían cerca de 600 mil departamentos en Lima metropolitana, según el INEI. Y, en los últimos diez años se han construido cerca de 12 mil edificios. La pregunta es ¿Cuántos de estos edificios han sido construidos cumpliendo con todas las normas de construcción? Es más, ¿nuestra normativa recoge lo más avanzado en lo que respecta a construcciones antisísmicas?
Son necesarios, pero no suficientes, los simulacros y demás campañas de orientación, así como desarrollar acciones para mitigar los riesgos en los distritos periféricos. Sin embargo, se debe también impulsar acciones de fiscalización sobre los edificios construidos en la Lima moderna. Para este fin, debe existir una fuerte articulación entre las municipalidades y el poder ejecutivo. Las empresas privadas ligadas a este rubro, y sus gremios, deberían ser las más interesadas en apoyar este tipo de acciones, teniendo en cuenta la gran responsabilidad existente.
Lo acontecido es un aviso. Uno más, de lo que podría pasar en Lima. Es necesario actuar ahora, para estar mejor preparados.
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