El Estado tiene la responsabilidad de promover y fomentar el deporte. Y para hacerlo debe apostar por la masificación deportiva, la cual presupone la aplicación de una política deportiva nacional.
El Estado peruano es unitario y descentralizado, y tiene tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. El G. Nacional aprueba las políticas nacionales, estando los gobiernos regionales y locales obligados a cumplirlas, bajo la rectoría, supervisión y orientación del G. Nacional.
La falta de aplicación de una política nacional deportiva impide una masificación deportiva exitosa en el país. Existe poca claridad para impulsarla. Ante la falta de planificación, se genera una desarticulación e ineficiencia de los escasos recursos públicos existentes: no se sabe qué, cómo, ni para qué hacer las cosas.
El primer gráfico que comparto expone el presupuesto de los gobiernos locales destinados a deporte. Como se aprecia, más del 90% es para desarrollar infraestructura deportiva. Mientras, sólo 3% para los programas deportivos dirigidos a la población (¡!). Existe una gran confusión: se asume que basta la infraestructura para fomentar el deporte. Se olvida que la promoción del deporte es un servicio público y no una obra de cemento. Es como construir colegios sin docentes u hospitales sin personal médico. Se necesita orientar en forma adecuada toda esa inversión pública que desarrollan los gobiernos locales.
Y esa orientación la debe brindar el G. Nacional a través de su ente rector, el IPD. Sin embargo, también se ve debilidades. El presupuesto destinado a la masificación cada año se va reduciendo, en comparación a lo que se destina a la alta competencia (la pandemia complicó aún más este el último año). No olvidemos que ésta última se nutre de la masificación. Es sobre ella que se construye y desarrolla una alta competencia estratégica. Detectando talentos, formándolos y sosteniéndolos, con metas a corto y largo plazo. Una alta competencia exitosa solo será sostenible a largo tiempo si está asentada en una masificación sólida y amplia.
Sin masificación la alta competencia deportiva tendrá limitaciones: quedará sujeta a los talentos que surjan espontáneamente. En ese escenario, los deportistas competitivos no serán resultado de un proceso amplio, planificado y estructurado. Solo aquellos que cuenten con soporte material propio podrán crecer, existiendo un riesgo perverso: los apoyos estatales pueden concentrarse, en mayor medida, en segmentos con mayores capacidades económicas. Si queremos una alta competencia inclusiva, debemos impulsar una masificación deportiva estratégica, que comprenda a todo el territorio nacional. La alta competencia contribuye a diseñar la masificación deportiva pero no la determina. Hay que tener presente qué desde el punto de vista público, la principal función del estado es promover el deporte, estando comprendido dentro de ella el apoyo al deportista. Estas responsabilidades no pueden ser invertidas.
Sigue siendo entonces una necesidad imperiosa aplicar, y no solo aprobar, una política deportiva nacional. Y apostar por una verdadera masificación deportiva en todo el país
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