El pasado 7 de julio fue publicada en el diario El Peruano la Ley 31254 que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines (mantenimiento de parques y jardines, por ejemplo). Fue aprobada por insistencia por el Congreso, al haber sido observada por el Poder Ejecutivo.
El impacto inmediato es que las municipalidades ya no podrán contratar empresas privadas para la prestación de estos servicios. Aunque la MML ha señalado que en su caso no existe tercerización sino una “concesión” del servicio, ello es discutible, pues la empresa “concesionaria” presta el servicio a cambio de un pago que le efectúa la MML, sin asumir algún tipo de riesgo. No es el mismo caso de las empresas de telefonía, que además de prestar el servicio hacen el cobro directo al usuario. En la limpieza pública los usuarios pagan un tributo (tasa por servicio público o arbitrio) y luego la municipalidad paga a la empresa. Entonces, más que una concesión, es un contrato de prestación de servicios como cualquier otro.
Ahora, con la ley aprobada las municipalidades se ven impedidas de contratar a estas empresas y deberán prestar ellas mismas el servicio con personal, equipamiento y maquinaria propia, incrementando su planilla y demás gastos vinculados al servicio.
En Lima Metropolitana el costo para el 2021 de estos servicios asciende a 850 millones de soles. Para el 2022 sin duda será mayor, por lo que es previsible que tasa de servicios públicos o arbitrios municipales, que pagamos todos los vecinos, se incrementen a partir del próximo año, tal como ya lo ha advertido la Asociación de Municipalidades del Perú.
Algunos especialistas han advertido la inconstitucionalidad de esta norma. Lo cierto es que su dación fue promovida por ciertos excesos y abusos en contra del personal de algunas de estas empresas. Sin embargo, la ley aprobada puede generar un impacto negativo tanto en el financiamiento como en la prestación de estos servicios públicos locales en nuestro país.
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