Ha provocado fuerte impacto la decisión del gobierno de extinguir al Proyecto Especial Legado. Sobre el tema comparto algunas reflexiones sobre esta decisión. Advierto que el post resulta extenso.
El Proyecto Especial.
En 2015 se crea el Proyecto Especial en el marco de la Ley Orgánica del P. Ejecutivo, con carácter temporal y bajo el ámbito del MINEDU. Se le asignó la tarea de desarrollar la infraestructura deportiva y la organización de los juegos de Lima 2019. En 2017 el Proyecto Especial, en una decisión incomprensible, es transferido del MINEDU al MTC, carente de competencias en deporte.
Luego del éxito de los juegos de Lima 2019, a inicios de 2020 se decide extender la existencia del Proyecto Especial hasta el 2022, asignándole la función de gestionar la infraestructura deportiva de Lima 2019, incluyendo la prestación de servicios deportivos, tanto en alta competencia como en masificación deportiva (servicios que por ley están asignados al IPD). Y varió su denominación a Proyecto Especial Legado. Se señaló que Legado se autofinanciaría con los recursos generados por la organización de eventos deportivos y el uso de las instalaciones por terceros. Tomar en cuenta que su mantenimiento demanda una alta especialización y, por ende, un alto costo. También se dotó a Legado de un marco normativo para facilitar la contratación de proveedores, distinto al aplicable a otros entes deportivos públicos.
El 2020 también se le encargó a Legado tareas vinculadas al sector Salud por la coyuntura de la pandemia del Covid. Se recordará el uso de la Villa Panamericana y la Videna para esos fines; así como la adquisición de bienes, como balones de oxígeno.
Posteriormente, el 2023 Legado es transferido del MTC a la PCM (también carente de competencias en deporte). Y, se le asignó competencias nuevas para ejecutar inversiones para los nuevos Centros de Mejor Atención al Ciudadano.
En el presente período de gobierno (julio 2021 a la fecha), el Proyecto Especial tuvo diez (10) directores ejecutivos. Es decir, en promedio cada 4 meses se designaba un nuevo titular.
Vemos entonces que, desde su creación, Legado estuvo bajo la dependencia de tres ministerios, desarrollando funciones adicionales al ámbito deportivo. Nunca fue integrado como actor del Sistema Deportivo Nacional. Esto evidencia que nunca hubo claridad sobre sus alcances, estando permanentemente afectado por decisiones coyunturales. Por otro lado, la promesa del autofinanciamiento nunca se logró. Siempre dependió de los recursos públicos asignados por el Tesoro Público. Desde el 2024 la PCM ya había puesto reparos de seguir asignándole mayores recursos.
Legado entonces no era autónomo ni estaba blindado. La alta rotación de su personal directivo así lo evidencia. Y, a pesar de su normativa particular, no ha estado exento de cuestionamientos en algunas contrataciones. Ya en los Juegos Bolivarianos 2024 se afrontaron problemas. Incluso existe preocupación por los Bolivarianos 2025. Asimismo, no ha logrado contratar a la empresa que debe encargarse del mantenimiento y los servicios de todas sus sedes para los próximos 3 años. El monto de este contrato es de S/ 192 millones y es por tres años. Hoy el mantenimiento se presta por una adenda celebrada por causal de desabastecimiento
Sin duda, la asignación de recursos suficientes fue importante para lograr un mantenimiento adecuado de las instalaciones a su cargo. Le permitió contratar proveedores especializados para dicha labor. Asimismo, el presupuesto de Legado en 2024 para planillas y locadores de servicios ascendió a S/ 50 millones, mientras que en el caso del IPD a S/ 38 millones. Sin duda, es importante asignar esta asignación de recursos para mantener la infraestructura de Lima 2019. Pero, igual de importante debe ser asignar recursos para la existente en el resto del país. Basta mirar como entrenan nuestros fondistas en sus regiones de origen. El tratamiento de las instalaciones deportivas de Lima 2019 no debe ser gestionada como una burbuja aislada, sino como parte de un todo.
En cuanto a la infraestructura deportiva existente en Videna, se debe recordar que el IPD construyó en 2013 el CAR de Vóley. Luego, en 2014 inauguró los Polideportivos 1 (para gimnasia, básquet y balonmano) y 2 (badminton, tiro, judo, karate, TKD, lucha, etc.) la Residencia Deportiva, la Plazuela y el Velódromo. Todo esto se hizo en 14 meses y con un costo de S/ 120 millones. Desde el 2014 hasta inicios de 2019, el IPD organizó ahí eventos deportivos internacionales y efectúo un mantenimiento óptimo de esas instalaciones (luego, el personal del IPD pasó a laborar a Legado).
En 2019 Legado culminó con las obras restantes en la Videna: el techado del Velódromo, el Centro Acuático, el Estadio de Atletismo y el tercer polideportivo a un costo de S/ 321 millones. Asimismo, desarrolló las obras en las otras sedes: VMT, VES, Callao, Punta Rocas, etc.
A inicios de 2019 se celebraron convenios por los cuales el IPD entregó sus instalaciones existentes en Videna, y las que se proyectaban desarrollar, a Legado hasta la finalización de los juegos de Lima 2019. Cuando se decidió ampliar la existencia de Legado más allá del 2020, se extendió también la cesión.
Entonces, conforme a las disposiciones aprobadas y acuerdos adoptados, había una fecha de retorno programada de dichas instalaciones a favor del IPD. Conforme al DS 084-2023-PCM esto debía darse el 31 de julio de 2029. Sin embargo, la decisión se adelantó. A partir de aquí surgen los cuestionamientos: ¿Es conveniente extinguir Legado? ¿Era este el momento de hacerlo? ¿Tendrá el IPD la capacidad para lograr un mantenimiento adecuado? ¿Se pone en riesgo la organización de futuros eventos deportivos internacionales?
¿Solución parcial o integral?
Un gran dilema en la reforma del Estado y de la gestión pública, es la estrategia de crear “islas de eficiencia”, entidades nuevas con asignación adecuada de recursos y un marco normativo a medida; frente a la apuesta de reformas integrales de entidades ya existentes que arrastran estructuras y problemas añejos.
Es más sencillo optar por lo primero. Es mejor iniciar de cero, crear algo antes que transformarlo. Pero, la debilidad de dicha estrategia es que seguirá siendo una solución parcial. Pues la entidad nueva, temporal, forma parte de un sistema donde existen otros actores, los cuales no cambian ni se transforman por “contagio” o imitación. Asimismo, se introducen algunas distorsiones, como regímenes especiales temporales que contemplan tratamientos distintos para atender un mismo problema público. El resultado es un Estado esquizofrénico. Resulta más audaz seguir el camino de las reformas integrales, las cuales – es cierto – demanda mayores esfuerzos y son a más largo plazo. Y demandan, sobre todo, de voluntad y consensos políticos.
La relación IPD-LEGADO es un ejemplo de lo mencionado. Se apostó por crear una isla. Se intentó dar permanencia a algo que por ley solo podía tener existencia temporal. No es la primera vez que eso se hace en el Estado peruano (tenemos “proyectos” que incluso han llegado a tener pensionistas).
Si de verdad nos interesa mejorar el sistema deportivo en nuestro país, la apuesta debe ser mayor y mirar a largo plazo. Una que implique remover los cimientos y transformar sus componentes. Las soluciones parciales tienen fecha de expiración. Lo sucedido con Legado nos lo recuerda. ¿Era realmente una buena idea crear una entidad pública de nivel nacional encargada de administrar solo un pequeño número de sedes deportivas ubicadas en una misma ciudad? ¿Si es una buena política, entonces se debe replicar la creación de más proyectos especiales en otros sectores (educación, salud, seguridad) para que asuman la gestión solo de algunas instalaciones?
La atención de la infraestructura deportiva en el país demanda una visión más integral que comprenda, en principio, a todo el territorio nacional. Y que vea desde la planificación hasta la operación de la misma. Una demanda que se viene planteando desde hace tiempo es una reforma del sistema deportivo. Se debe rediseñar los roles de todos sus actores. Evaluar si debemos seguir manteniendo una figura como el IPD actual, que ha terminado siendo el INDER debilitado creado en la década de 1970 y con escasos recursos. Usado muchas veces como botín político.
Chile podría ser un referente cercano para realizar una comparación. Sin duda, la organización de Lima 2019 superó la de Santiago 2023. Pero, en las acciones posteriores Chile hizo mejor las cosas. Dos ejemplos: 6 meses después de Santiago 2023 los departamentos de su Villa Panamericana fueron entregados a la población destinataria y están hoy plenamente ocupados. En cambio, luego de 6 años (¡!) los departamentos de la Villa Panamericana de Lima 2019, que demandó un gasto público de S/ 500 millones, siguen sin ser entregados y ya muestran deterioro. Es el elefante blanco que nos dejó Lima 2019. Incluso los medallistas siguen reclamando la entrega de los departamentos prometidos como premio.
Otro ejemplo: Chile, dentro de la estructura de su Instituto Nacional de Deportes, creó una Unidad de Grandes Eventos Deportivos para que se encargue de organizar todas las competiciones internacionales de envergadura que impulsa, y que están alineados a sus objetivos estratégicos deportivos. Justamente un peruano está a cargo de la misma (Gustavo San Martín). Mientras en Perú era conocido el distanciamiento y las pugnas entre IPD y Legado.
Respondiendo a las preguntas anteriores, Legado tarde o temprano debía extinguirse, y el IPD debe ser fortalecido para asumir la gestión de su infraestructura, incorporando y rescatando a funcionarios probos y competentes. Hubiera sido oportuno que se hubiera trabajado en ello previamente y desde tiempo atrás. Pero, seamos sinceros, desde el IPD se hizo poco o nada y desde Legado no había interés para ello. Ahora, se deben hacer los esfuerzos necesarios para realizar una transferencia ordenada que garantice que no se afectará la preparación, entrenamiento y demás actividades de los deportistas y demás usuarios de las instalaciones, así como los próximos eventos deportivos.
Bajo lo expuesto, la desaparición de Legado no resulta siendo una calamidad. Sí lo es, si la medida responde a intereses no transparentados o si es una forma para reducir el presupuesto asignado para el mantenimiento de las sedes. En suma, si dicha medida no se encuentra enmarcada dentro de un proceso serio, y a largo plazo, para impulsar una reforma del sector deportes en el Perú.
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