El Poder Ejecutivo respaldó la postulación de Lima para organizar los Juegos Panamericanos de 2027, luego que Panam Sport (integrada por los 41 comités olímpicos de toda América) decidiera retirar la sede a la ciudad de Barranquilla.
A través de diversos argumentos se intenta fundamentar esta decisión. Se esgrime que económicamente beneficia al país, asegurándose que Lima 2019 generó 52 mil millones de soles de ingresos para el Perú (casi 50% de la recaudación tributaria anual de SUNAT). Que creó 500 mil puestos de trabajo. Que ya contamos con la infraestructura deportiva construida para Lima 2019. Que ya demostramos tener capacidad para organizar eventos de esta magnitud y complejidad. Que se promoverá el turismo. Que en Lima 2019 el valor generado por publicidad a nivel global ascendió a mil millones de dólares. Y que se promoverá el deporte (que de pronto atrae el interés del gobierno).
Sin embargo, ninguna de las cifras citadas tiene respaldo sólido. No existe evidencia. Nunca han sido mostradas o difundidas. Señalar que Lima generó 52 mil millones de ingresos es algo alejado totalmente de la realidad. Lo mismo respecto a los 500 mil empleos creados. En cuanto a promoción del turismo, ¿existe un estudio que muestre cual fue el impacto de su incremento luego de Lima 2019 o su proyección, al menos hasta diciembre de ese año, antes de la pandemia? O estudios de lo acontecido en otras ciudades organizadoras de juegos panamericanos o incluso olímpicos. Asimismo, la práctica de recopilar las noticias y reportes difundidos en los medios de comunicación en todo el mundo donde se mencionó a los JJPP de Lima 2019 y valorizarlos como si fuera publicidad a favor del país…y decir que eso es un beneficio económico que justifique los gastos de organización, no resulta convincente.
Debe quedar claro, que la organización de este tipo de eventos deportivos es un negocio privado. En su desarrollo, no se dude, los dueños de los eventos perciben importantes ganancias económicas. Solo que, a diferencia de otros emprendimientos privados, estos son fuertemente subsidiados por el Estado. Son los Estados que respaldan la organización los que asumen con recursos públicos todos los costos, los de infraestructura y los “operativos” (alojamiento, pasajes aéreos, traslados, alimentación, atenciones, protocolos, etc., de los deportistas que participan y, como no, de los dirigentes, familiares, allegados y demás actores). Solo los “derechos de organización” que se debe pagar a Panam Sports ascienden a 75 millones de soles, monto superior a los estímulos económicos entregados a deportistas peruanos en los años 2020 a 2023.
Por esa razón, en 2013 se congregaron en Alemania los Ministros y Altos Funcionarios en Deporte (MINEPS V) de los Estados afiliados a UNESCO (incluido Perú), para aprobar la Declaración de Berlín. Aquí se estableció que la organización de grandes eventos deportivos debe asegurar la obtención de beneficios socioeconómicos y tener en cuenta la responsabilidad financiera del país anfitrión. Asimismo, se recomienda transparentar los criterios para la elección de sede, debiéndose priorizar en la evaluación de candidaturas el gasto eficiente, reducción del impacto ambiental y favorecimiento del desarrollo social. ¿Se acatarán estas recomendaciones en esta oportunidad?
Hay que precisar que no está en discusión la capacidad de los peruanos para organizar este tipo de eventos. Por algo, Lima 2019 fue considerado los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Eso no está en discusión. La discusión debe ser que tan beneficioso resulta para el país hacerlo. Cuál es el rendimiento social, económico y deportivo que genera su organización.
Recordar también que Lima 2019 costó 4,200 millones de soles: 50% en infraestructura deportiva y 50% en organización. Es cierto, ya tenemos infraestructura. Es el principal, y quizás único legado que nos dejó Lima 2019. No lo hubo en ningún otro aspecto, sea urbano, de transporte, etc. La ciudad no se transformó. Para el 2027 de todos modos se deberá destinar recursos para modernizar y adecuar la infraestructura deportiva, además de construir una nueva villa panamericana. Salvo que optemos mantener por tres años más la anterior que fue construida, con la ineficiencia que conlleva.
Por otro lado, los cerca de 2 mil millones de operación seguro se incrementarán para 2027, pues los precios de los bienes y servicios no se mantienen “congelados”. Se dice que Lima 2027 costará entre 1,200 a 1,500 millones de soles, pero es poco creíble. Sería bueno conocer los sustentos de esas proyecciones. Miren el ejemplo de Santiago 2023. Una estimación conservadora sería de 2,500 millones de soles. No hay, hasta el momento, cifras serias respecto a generación de ingresos, empleo y turismo. Sería bueno que el gobierno y demás interesados las sustenten y transparenten ante la población.
En cuanto a que favorece el deporte, es también muy discutible. Es cierto que beneficia a nuestros deportistas competir de locales. Pero, ¿a qué costo? Si la preocupación del Estado es en verdad promover al deporte, ¿por qué no se destina, como alternativa, 800 millones de soles para mejorar la infraestructura deportiva en las regiones que lo necesitan? Pensemos en Junín y Huancavelica, tierra de fondistas; en Piura La Libertad y Lambayeque, en las regiones de selva como Amazonas y San Martín, solo por mencionar algunas.
Con eso sí se promueve empleo verdadero en aquellos lugares y se favorecen las economías regionales. Asimismo, ¿por qué no se asigna, aunque sea, 150 millones de soles anuales para promover programas deportivos de masificación en todo el país? ¿Saben cuánto destina el Poder Ejecutivo cada año en promedio para este fin? Menos de 2 millones de soles. Esta medida también permitirá crear empleo para técnicos y especialistas en el ámbito deportivo. Todo esto fortalecería nuestra aún débil industria deportiva nacional y permitirá ampliar la base de donde surgirán nuestras futuras estrellas deportivas. O, incluso se podría mejorar los estímulos económicos para los deportistas o financiar de mejor manera su preparación. Si el gobierno hiciera esto, entonces sí demostraría que en verdad desea cumplir su rol en el ámbito deportivo.
Cuando un país aún tiene varias tareas pendientes (como en el sector deportes en el caso del Perú), y cuenta con escasos recursos públicos para atenderlas, es necesario realizar una evaluación seria, con visión a largo plazo, para optar por la alternativa más óptima y eficiente, la cual debe ser expresada a través de una política pública. Lamentablemente, estas ideas básicas para adoptar políticas públicas en el ámbito deportivo aún no son entendidas, y menos aplicadas, en el Perú.
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