¿Cuál es el impacto de la medida del Congreso?
Ahora bien, ¿cuánto significa incrementar el presupuesto de Educación de 4,4% a 6% como mínimo? Si el presupuesto de la Función Total de Educación asciende a S/33,1 mil millones y el PBI estimado según el marco macroeconómico multianual del 2021-2024 se estima en S/ 749,5 mil millones, necesitaríamos aproximadamente S/ 11,8 mil millones para cubrir el mandato constitucional. Si sumamos esos S/11,8 mil millones a los S/ 150 mil millones ya identificados como gasto rígido, elevaríamos la rigidez del gasto del 82,1% al 88,5%, es decir 6,5 puntos porcentuales.
Una medida comparativa siempre es válida para entender el impacto de la norma aprobada. En ese sentido, si el ajuste tuviera que aplicarse este año tendríamos que reducir los gastos de inversión de aquellas funciones a las cuales no hemos considerado como “rígidas”. Por ejemplo, un ajuste de S/ 11,8 mil millones implicaría dejar sin inversión a la función Transporte que es desarrollada principalmente por el MTC y aproximadamente el 40% de la inversión de la función Agraria, ejecutada principalmente por el Ministerio de Agricultura:
Finalmente, la ejecución histórica de la función Educación pone en duda que se pueda ejecutar un incremento tan importante de recursos en un año. por lo que dejarían saldos que para su reutilización deberán ser aprobados por ley del Congreso. Las preguntas que surgen pueden estar en este sentido: ¿el Congreso aceptará un proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo que no cumpla el 6% destinado a Educación? ¿Es factible que la norma constitucional pueda ser aplicada progresivamente, que se requiere para ello? ¿Qué tanto podremos modificar el presupuesto después de aprobado sin que se considere que se afecta al mandato constitucional?
Como puede apreciarse, la rigidez fiscal incluida por el Congreso afectará la estructura del gasto público del presupuesto del año 2022 drásticamente, pues difícilmente en un proceso de recuperación económica y más aún de cambio de administración gubernamental, el Estado podrá generar recursos adicionales para financiar la decisión de incrementar el presupuesto de Educación. Esto quiere decir que aquellos sectores no considerados “rígidos” recibirán menos recursos de la nueva torta fiscal que se defina para el año 2022 y por ende deberán replantear sus estrategias para dar solución a los problemas públicos que tienen como encargo resolver.
Finalmente, la próxima administración de gobierno que gane las elecciones presidenciales enfrentará importantes presiones para incrementar la deuda pública, tanto para cubrir los gastos corrientes y de inversión ya comprometidos por los diferentes sectores como “continuidad” de lo que desarrolle el sector público durante el año 2021, así como de financiar su propuesta política que expuso en su plan de gobierno. Esto puede alejar al país de la senda de sostenibilidad y equilibrio fiscal que ha sido una de las fortalezas que ha permitido al Perú mostrarse como uno de los países de menor riesgo en la región.
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