La crisis sanitaria generada por la pandemia que hoy estamos viviendo ha venido para desnudar las profundas brechas, desigualdades y debilidades de nuestro sistema y estructura social donde la informalidad representa más del 70% de la población económicamente activa. Esto ha sido y es consecuencia directa de lo poco que se ha avanzado en la materia promoviendo la formalidad con la contraprestación adecuada de servicios de salud, educación, transporte y vivienda.
Ahora bien y pensando positivamente, esta también constituye una oportunidad para que, desde el sector privado se replanteen y generen mejores procesos internos para ser eficientes y eficaces en la producción de bienes y servicios en beneficio de la sociedad; es oportunidad, cuando con voluntad política se toman decisiones de impulso a la demanda y promueven acciones en la fase de recuperación para la reactivación de la economía. La Construcción, en ese sentido, es un sector de gran importancia que por su efecto multiplicador genera no solo más puestos de trabajo, sino un mayor dinamismo de la economía y de los mercados.
En este aspecto, la producción de la vivienda social constituye un importante rubro a revalorar y explotar puesto que culmina en un producto o solución habitacional que tiene un alto impacto social y que otorga mejoras sustanciales a la calidad de vida de la población de menores recursos. Es importante señalar que en los últimos 18 años el Estado Peruano ha venido implementando subsidios a la demanda en los casos de los programas Techo Propio y MiVivienda impulsados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el objetivo de paliar el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.
Las medidas que deberían promoverse van desde flexibilizar y reducir los plazos de trámites y aprobación de expedientes para construir viviendas sociales; la revisión de los Reglamentos Operativos de los programas Techo Propio en las modalidades Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y Construcción en Sitio Propio (CSP) puesto que muchas de las modificaciones implementadas en los últimos tres años han dado como resultado la ralentización del proceso de producción de vivienda. Una vivienda social bajo los requerimientos del Programa Techo Propio con áreas y acabados mínimos tarda en construir un promedio de 30 a 45 días, pero si vemos los plazos previos de trabajo social con las familias a beneficiar, plazos de elaboración de expedientes, aprobación en la municipalidad respectiva (a pesar de que la Ley 29090 establece el procedimiento de aprobación automática), más las inspecciones oficiales que llevan sus tiempos sin tomar en consideración que un profesional ingeniero o arquitecto asume la responsabilidad y seguridad por la construcción, a lo que se agrega la conformidad de la obra y posterior liberación de cartas fianzas y garantías, todo esto termina llevando un promedio de 8 meses en el mejor de los casos. A todas luces este proceso es insostenible y en este escenario debe y puede revertirse con modificaciones y mejoras a estos procesos burocráticos internos.
Estas iniciativas permitirán reactivar la economía y movilizará recursos a las familias más vulnerables que se han visto duramente golpeadas por esta crisis siendo el público objetivo para atender. La modalidad de Construcción en Sitio Propio, es decir aquellas que cuentan con lote o propiedad registrada por COFOPRI generará mejoras sustanciales para las familias beneficiadas. Es importante considerar que los recursos que puedan destinarse a los subsidios a la demanda en el caso de la vivienda social garantiza el retorno con mejores índices de desarrollo social. Un techo seguro protege de las inclemencias del clima, otorga seguridad y genera expectativas positivas contribuyendo a que las familias prosperen y realicen emprendimientos; en resumen se genera un círculo virtuoso de crecimiento basado en el empoderamiento de las familias y lo más importante es que se podrían generar más de 100 mil viviendas al año con participación del sector privado, otorgando estas facilidades para que los procesos de producción de vivienda se ejecuten en menor tiempo y de manera más eficiente.
El gobierno está empezando a dar las señales lo que es positivo y se debe saludar la decisión pero también reiterar que lo que ahora es temporal debería de ser implementado de manera definitiva por el alto impacto en nuestra sociedad, sumando mecanismos para el financiamiento impulsando el desarrollo de cooperativas y micro financieras para captar a ese importante sector de la población que no califica en los estándares y criterios de la Banca por las férreas políticas de la SBS. Si queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo debemos tomar decisiones que aborden estos problemas de manera integral y ser audaces con las medidas, estos tiempos así lo exigen.
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