La administración pública en el Perú: una deuda estructural pendiente
En el Perú, la administración pública no es solo un mecanismo funcional para la provisión de bienes y servicios. Es un eje transversal que condiciona el desempeño económico, la cohesión social y la estabilidad política del país. No obstante, décadas de inercia institucional han convertido a esta herramienta en una fuente de ineficiencias, donde las oportunidades de desarrollo quedan supeditadas a la ausencia de reformas estructurales que revaloricen su capacidad operativa.
La corrupción no es únicamente un problema ético; es un factor de inestabilidad macroeconómica. Los recursos desviados, que equivalen a aproximadamente el 2% del PBI anual, no solo afectan los presupuestos públicos, sino que distorsionan las decisiones de inversión y desincentivan la confianza del sector privado. Un Estado capturado por intereses particulares reduce la eficiencia del gasto público, disminuyendo su capacidad para generar externalidades positivas en salud, educación e infraestructura. Por lo tanto, la corrupción no solo destruye el tejido ético de una nación, sino que actúa como un obstáculo estructural para su crecimiento sostenible y equitativo. Combatirla no es únicamente una obligación moral, sino también un imperativo económico que requiere voluntad política, fortalecimiento institucional y la implementación de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas. Sin una acción decisiva, las consecuencias económicas y sociales de la corrupción seguirán perpetuando el subdesarrollo y la desigualdad en el Perú.
A esto se suma la mala implementación del proceso de descentralización, que lejos de optimizar la asignación de recursos y acercar los servicios al ciudadano, ha evidenciado deficiencias en la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. El 47% de los proyectos de inversión pública priorizados en regiones no cumplen con estándares mínimos de viabilidad técnica, lo que resulta en obras paralizadas o de baja calidad que generan costos adicionales. Sin un fortalecimiento institucional basado en la meritocracia y la tecnificación, la descentralización continuará siendo más un problema que una solución.
Las soluciones de largo plazo deben ser estructurales
La modernización de la administración pública debe ser abordada como una prioridad económica. El uso de tecnologías para la digitalización y simplificación de procesos puede reducir significativamente las ineficiencias burocráticas, mejorando la productividad del sector público. Por ejemplo, la implementación de plataformas como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) debe ir acompañada de políticas que promuevan la transparencia y reduzcan la opacidad en los procesos de adquisición.
Asimismo, la gobernanza inclusiva no debe verse como una simple herramienta de legitimidad política, sino como un factor clave para el crecimiento económico sostenido. La participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos públicos puede no solo mejorar la eficiencia del gasto, sino también generar mecanismos de control social que mitiguen las prácticas corruptas. Los presupuestos participativos, si se diseñan correctamente, pueden ser una herramienta poderosa para alinear las prioridades del Estado con las necesidades reales de la población.
En este contexto, la administración pública peruana enfrenta dos retos fundamentales:
consolidar un modelo de gestión que priorice la eficiencia y transparencia en el uso de recursos, y garantizar que las políticas públicas generen un impacto redistributivo sostenible. Esto requiere un enfoque integral que combine disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y un compromiso inquebrantable con la rendición de cuentas.
El futuro económico del Perú no está únicamente ligado a sus niveles de inversión privada o sus tasas de exportación, sino también a la capacidad del Estado para administrar con eficiencia, transparencia y equidad. Un Estado que optimice su administración pública no solo generará confianza interna, sino que enviará una señal clara a los mercados internacionales: el Perú no es solo un país de oportunidades, sino un país capaz de gestionarlas responsablemente.
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