2.1. Referencias sobre competencias subnacionales
Existe un debate internacional sobre el rol de los gobiernos subnacionales en el mundo, para responder a las múltiples necesidades que el COVID19 viene exigiendo.
El rol que juegan los gobiernos subnacionales ahora viene revalorándose, debido a que son ellos los que se encuentran en la primera línea de fuego contra el COVID19 y vienen proveyendo (cada uno de acuerdo a sus posibilidades), el acceso a los servicios básicos, movilidad, atención prioritaria a los más vulnerables, reforzado o construyendo nuevas infraestructuras de salud, tendiendo lazos con la sociedad civil presente en su zona de influencia, activando redes con la ciencia (proyectos de investigación), con el sector privado, y con los productores de su localidad. También vienen apoyando con el acceso a mercados y seguridad alimentaria, activación de comedores populares y reorientando la agricultura de su localidad para responder a la gran demanda de alimentos, presente y futura.
Políticamente también hemos visto el rol de los gobiernos subnacionales, por ejemplo, los casos brasilero y mejicano, en el que ejercieron presión a su Gobierno Nacional, para que éste tome medidas como en otros países vecinos (aislamiento social y suspensión de clases). Muchos gobiernos subnacionales en estos países se adelantaron a tomar estas medidas. En Perú, Colombia, Ecuador y Chile, los gobiernos subnacionales presionaron en su momento a sus gobiernos, para que se decretaran cercos de asilamiento entre las fronteras regionales.
En Perú, el Gobierno Central ha asumido el rol protagónico frente al COVID19. En el marco de la emergencia sanitaria existen varias competencias y funciones que son competencias de los gobiernos locales, y por ello el Gobierno Central les hizo transferencias financieras (canastas, compra de materiales y equipos de salud, entre otros que hemos visto líneas arriba); no obstante, algunos de los principales gastos se vienen realizando centralizadamente.
En las recientes declaraciones del alcalde Jorge Muñoz en el Diario Gestión, éste afirma que las medidas de aislamiento obligatorio y distanciamiento social fueron débilmente acatadas (fracaso) por muchas razones, destacando que principalmente se debió al a su vez débil eslabonamiento (coordinación eficiente) de esta estrategia entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Entre líneas, Muñoz nos está expresando que el Gobierno Central realice todas las acciones (gastos e inversiones nacionales, regionales y locales), para que los gobiernos subnacionales tengan a su disposición la plataforma operativa para coordinar la provisión de bienes y servicios.
2.2. Generando el cambio para encontrar la solución
A lo largo de las últimas tres décadas, muchos funcionarios públicos y trabajadores honestos se vienen esforzando para mostrar buenos resultados, generar desarrollo y una provisión de bienes y servicios sostenible en sus comunidades. También existen empresas privadas que han operado correctamente generando adecuadas y equitativas rentabilidades, y sobre todo dando trabajo. Todos han actuado en el marco de la Ley y en una sana competencia. Sin embargo, los últimos años, sea por un afán desmedidos o por la pérdida del más mínimo pudor o decoro, han salido a la luz autoridades, funcionarios, empresarios, que han ejercido actividades indebidas, y nos han hecho perder la confianza en nuestras autoridades.
Pero tengamos algo en claro, corrupción no es solamente robar o facilitar que otros lo hagan. Corrupción también es postularse o aceptar un cargo para el que no se está preparado. En la gestión pública, la palabra corrupción, llega a tener como sinónimo al populismo que pretende hacerse propaganda personal con dinero público, a la burocracia que alarga los proceso con la finalidad de generar más puestos para los cercanos, a la polarización ideológica que ciega a la autoridad ante un abanico de posibilidades más adecuadas, al autoritarismo que tienta con un poder mal entendido y alimentado por aduladores asesores. Desde el sector privado, aprovecharse de la necesidad y el temporal, apelando al “libre mercado” con la finalidad de tener mayores ganancias, quizá no tipifica como crimen, pero de todo punto de vista es desleal para la sociedad y el Estado. Tomada de esta forma, la corrupción está generalizada actualmente, no debemos tapar el sol con un dedo.
Necesitamos generar un adecuado desarrollo social y económico, que se base en un adecuado equilibrio de competencias entre los tres niveles de gobierno. Garantizar la adecuada, correcta y sostenible, provisión de bienes y servicios públicos, equitativos para todo el país debe ser el principal objetivo. El COVID19 ha devenido en convertirse la excusa ideal para probar nuevas formas de institucionalidad y gobernabilidad (Comando COVID, Consejos de ministros casi permanentes y descentralizados, Congreso más preocupado por su representación, Acuerdo Nacional), Por el COVID19 se ha generado un marco legal ad-hoc, en base a Decretos de Urgencia que vienen demostrando su eficacia; quizá debamos analizar los resultados que estos y decidir sobre su permanencia, para el sector salud y otros sectores estratégicos para entrar un tercer siglo de plenas libertades.
IV. CONCLUSIONES Y/O PROPUESTAS.
1. El concepto de la regionalización en general es bueno, sólo que se deben revisar bien, cuáles deben ser competencias nacionales, cuáles regionales y cuáles locales. El mayor cuestionamiento se encuentra en el atraso de la ejecución presupuestal que ostentan los gobiernos subnacionales, y aunado a ello, el bajo desarrollo en sus zonas de influencia.
2. Tomando como ejemplo la dinámica de ejecución de grandes inversiones vía APPs, en las que todas aquellas inversiones que no son eficientes (o en términos privados, rentables), son provistas por el Estado; se podría generar el concepto de Inversiones Estratégicas Nacionales y considerar en ellas a la educación, la salud, la seguridad interna, la seguridad alimentaria y el transporte. Se determinaría así la importancia de realizar este gasto centralizadamente (Gobierno Nacional), para luego entregar su gestión y manejo a los otros niveles de gobierno líneas abajo. En algunos casos, como el de salud, cabe la pregunta si ¿dicha gestión debe ser reservada al Gobierno Central permanentemente?
3. Se propone considerar como estratégico y por ello, competencia de gasto e inversión nacional, i) todos lo que abarque políticas de desarrollo de beneficio nacional (seguridad alimentaria, protección social, transporte), y de forma transitoria, hasta que se generen modificaciones territoriales en base a cuencas, a todas aquellas grandes inversiones que, aunque no sean de corte nacional, afectan a más de un GR dentro de una misma cuenca (sobre todo proyectos de agua, agricultura y ambientales).
4. Los gobiernos subnacionales en ese sentido, deben convertirse en los administradores de largo plazo de la infraestructura provista por el Gobierno Central. Dedicándose a enfrentar retos regionales y locales como: i) el modelo adecuado de transporte público, ii) nuevo paradigma de mercados o centros de abasto, iii) provisión de agua potable y saneamiento, iv) limpieza pública y disposición de residuos sólidos, v) gestionar espacios públicos, vi) impulsar el desarrollo económico local, v) gestionar la inseguridad ciudadana, entre otros temas de gestión (más que de formulación y ejecución) de inversiones pro desarrollo social y económico.
5. En suma se propone que los gastos e inversiones con mayor componente nacional sean los primeros en el ranking de funciones del presupuesto (Cuadro 06); así por ejemplo: i) competencias nacionales exclusivas en inversión y gasto deberían ser del 1 al 10; la gestión de dicha inversión luego de ejecutada queda en gobiernos subnacionales; ii) competencias subnacionales en inversión, gasto y gestión de la 11 a la 18; y iii) inversiones por objetivos nacionales comunes de la 18 a la 25; esto es sólo una primera aproximación, con la finalidad de generar discusión al respecto.
6. Finalmente, sobre la recaudación de recursos directamente recaudados (RDR), los gobiernos subnacionales deben montar una estrategia de formalización sin límites, hasta lograr su objetivo; este es el camino para lograr conseguir un flujo de ingresos de competencia regional y local (impuestos directos, impuesto al rodaje, arbitrios tasas, permisos, trámites, otros).
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