La nueva agenda de la gestión 2021-2026 desde el enfoque de descentralización
II. Gestión pública hacia el 2026
Las actuales circunstancias del país reiteran la importancia del quehacer de la gestión descentralizada. Para ellos es prioritario analizar las propuestas del Gobierno expresadas en su plan de gobierno y en el discurso de instalación, desde una perspectiva que atienda las diversidades de cada territorio, que incluya una gestión pública que respete las competencias otorgadas por Ley a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), responsabilidades que los dirijan a la entrega de servicios adecuados y eficientes en favor de su población, una adecuada gestión descentralizada que conlleve el desarrollo integral, equitativo y sostenible del país.
La gestión pública descentralizada, es la gestión de las necesidades y recursos en un territorio, realidades y características departamentales, provinciales y distritales, cuyo diagnóstico inicia en las diferencias en oportunidades de desarrollo social y económico y su solución en la atención de los problemas públicos de la pluralidad de comunidades que habitan en el territorio, aprovechando sus propios potenciales.
La situación actual del país exige no solamente demanda mejorar los servicios vitales como la salud y la educación, sino reactivar la economía donde un esfuerzo conjunto de gestión descentralizada de la inversión pública, debería generar y aprovechar las sinergias de las capacidades de los tres niveles de gobierno.
El gobierno nacional debería propiciar y facilitar la programación multianual de inversiones para cerrar brechas a nivel local, regional y nacional. Reactivar los CONECTAMEF para que estos apoyen y faciliten la evaluación de proyectos desde el gobierno nacional; así como la formulación y desarrollo de proyectos desde el nivel regional y local en materia de salud, educación, transportes, agricultura, vivienda y saneamiento. A la vez, se debe propender la generación de capacidades para la ejecución de la inversión, a través de asistencia técnica en la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, tanto como los procesos de adquisición y contrataciones relacionadas a estos.
Una tarea prioritaria para este nuevo gobierno es centrarse en la descentralización, siendo esta más que un reto, una oportunidad de apoyo compartido de los gobiernos subnacionales, para fortalecer la labor del gobierno nacional, para atender los principales servicios públicos que se necesitan con urgencia dentro del marco actual de crisis sanitaria, educativa, social, de seguridad y posiblemente alimentaria; así como apoyar en el sostenimiento de las Mipymes, sector económico que ha sido muy afectado los últimos meses y que necesita un poco de oxígeno en sus economías.
Para ello, a continuación, se propone dos herramientas que permiten: i) facilitar la inversión pública y la transferencia tecnológica; y ii) modernizar y desarrollar a las Mipymes, ambas en el ámbito territorial descentralizado
A. Facilitando las inversiones públicas subnacionales
La Inversión Pública, se realiza mayormente mediante Proyectos de Inversión Pública (PI), existen también otras metodologías NO PIP, por las que se puede canalizar el gasto de gobierno, pero todo depende de las necesidades, dimensionamiento, tipo de intervención, para decidir entre unas u otras. En esta decisión también puede contar, el atraso en los niveles de ejecución de inversiones.
El filtro de programación del INVIERTE.PE es su pieza fundamental, representada en los PMI (Plan multianual de inversión), han devenido en ser el principal escollo para acelerar la inversión desde los Gobiernos Subnacionales. Dado que los PMI se tienen que programar un año antes, las autoridades nuevas (cerca de 1800 alcaldes y gobernadores que entraron en funciones en enero 2019), prefirieron dejar de lado el PMI de las autoridades salientes, y hacer el suyo propio (era lógico, casi nadie quiere continuar lo que propuso el otro, es parte de nuestra idiosincrasia). A mediados del 2019 se fueron completando los PMI de muchas municipalidades, pudiéndose iniciar al fin, el proceso de preinversión el segundo semestre (generar los proyectos y expedientes técnicos), para luego lanzar las licitaciones y contratar la ejecución de los mismos; es claro entonces porqué la inversión del 2019 en manos de los Gobiernos Subnacionales fue muy baja; el 2020 se vislumbraba como el año para ejecutar dichas inversiones, pero la parada pandémica afectó enormemente este deseo, hoy en lo que va del 2021 la ejecución conjunta de los Gobiernos Regionales llega sólo al 34.1 y la de los municipios a 35.8%.
Pero, no todo está perdido, existen otros caminos cortos disponibles para ejecutar proyectos a nivel subnacional en el período 2021-2026, los llamados NO PIP, de los que por su facilidad de uso e implementación debo destacar dos: i) Los IOARRS y ii) Los PROCOMPITE.
Mediante las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), todas las instituciones públicas, entre ellas los Gobiernos Subnacionales, pueden comprar equipos, maquinarias, pequeñas infraestructuras, entre otros, relacionados a PIs en ejecución o terminados, ampliando u optimizando la intervención, o inclusive equipos de necesidad estratégica (no sujetos a ningún PI) que hayan cumplido su vida útil; de allí que su nombre incluya las palabras: optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. La ejecución por medio de IOARR se puede realizar hasta en 3 meses.
Por su parte, los PROCOMPITE, herramienta creada en el marco de La “Ley que establece Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva” (Ley N° 29337), son otra alternativa NO PIP, para ejecutar inversión pública; en este caso destinados a inversión productiva en ámbitos donde la inversión privada sea escasa o nula. Esta herramienta es sólo para uso exclusivo de los Gobiernos Subnacionales (regionales, provinciales y distritales), estando facultados a redirigir hasta un 10% de sus recursos presupuestados para inversión en el presente ejercicio (Vía acuerdo de consejo), hacia la implementación de un fondo concursable de planes de negocio, para el desarrollo de proyectos productivas por parte de la comunidad. Una implementación de este tipo, desde la idea hasta su llegada al campo, implica un mínimo de 5 meses.
Tal como vemos, estas herramientas son un muy buen vehículo para facilitar y acelerar la inversión, los pasos iniciales pasan solamente por la voluntad política de las autoridades institucionales: Ministros, Viceministros, Directores y Jefes en el caso del Gobierno Nacional, y de Gobernadores, Alcaldes y sus respectivos Consejos, en el caso de los Gobiernos Subnacionales, sólo es cuestión de decisión, el marco legal ya existe.
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