La competitividad agraria y las grandes irrigaciones desde una perspectiva legal: ¿Qué falta para ser realmente competitivos?
El presente artículo aborda el problema de la competitividad de la agroexportación como política pública nacional, así como su articulación con los gobiernos regionales que deben implementarla. La principal estrategia del Gobierno para fomentar la competitividad agraria desde los primeros años del siglo XXI fue fomentar la transformación del riego por gravedad (canales y compuertas) hacia el riego tecnificado y/o presurizado (aspersión, goteo, otros), que coadyuvaran a hacer más eficiente el riego, ampliar la frontera agrícola como respuesta inmediata, incrementar la productividad por Ha, la calidad y estandarización de los productos agrarios (evitando mermas) y por todo ello, generar la ansiada competitividad de nuestros productos. En el marco del cambio climático (reducción del recurso agua) y la pandemia del COVID19 (necesidad de seguridad alimentaria), se torna aún más importante la sostenibilidad de las acciones de las políticas públicas; no obstante, la Ley 28585 y su reglamento, parece alejarse de este cometido, por lo que se planeta discutir si el actual enfoque de esta norma se debe mantener o debe ser actualizado para lograr los objetivos que un Estado moderno debe perseguir.
Introducción:
Sin duda el COVID19 ha generado la peor crisis de la historia peruana; nuestro país viene siendo usado por muchos países del mundo como ejemplo de lo mal que fueron implementadas las políticas económicas contra la crisis que impulsó el Estado. Aunque el MEF enfatizó la sólida posición macroeconómica del país, y que ello sería motivo para una rápida recuperación económica, lo cierto es que los recursos que con tanto esfuerzo fueron recolectados por más de dos décadas, fueron despilfarrados y/o mal dirigidos, generando una desatención crónica de las micro y pequeñas empresas que sostienen la demanda interna, y del campo que nos alimenta.
Pese al crecimiento económico y a los fuertes fundamentos de la base fiscal, en los últimos 20 años no se hicieron reformas claras en el sector agrario como para generar una clara mayor productividad y competitividad, el ciclo de crecimiento económico debió traer reformas sectoriales más sostenibles. Pero, esta crisis viene demostrando la debilidad de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno en cuanto al fortalecimiento de los factores que sostienen la competitividad agraria; por los medios de comunicación se nos informa sobre la carencia de acceso a financiamiento a que vienen siendo sometidos los pequeños productores agrarios, que ya habían perdido sus cosechas gracias al corte logístico generado por la más larga de las cuarentenas del mundo.
La OMS nos alerta sobre la siguiente ola post pandemia, la crisis alimentaria; y los ambientalistas nos alertan sobre los inevitables efectos del cambio climático, que nos dejarán sin agua y alimentos. Debimos estar más preparados para librar batalla en alguno de estos flancos, pero hoy ya hemos perdido la batalla en salud -los más afectados-, también en educación -un año perdido para nuestra juventud y deserciones-, y nos enrumbamos débiles a pelear la batalla contra la seguridad alimentaria.
No obstante, más con fines políticos que reales la Ministra de Economía y Finanzas nos informó como parte del Marco Macroeconómico Multianual, que el Perú sólo había llegado a niveles de recesión de -15% del PBI, y que el próximo año este efecto sería completamente revertido para conseguir alcanzar nuevamente la senda de crecimiento que ostentábamos antes de la pandemia.
No transcurrió ni un mes de estas declaraciones, para que muchos economistas nacionales e internacionales le enmendaran la plana, e indicaran que los verdaderos niveles alcanzados por la crisis peruana son una recesión del 30% del PBI, y que debemos enfrentar con una caja fiscal ahora vacía. Es el momento de ser verdaderamente eficientes y pensar en lo prioritario.
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