Reformando la política pública de promoción agropecuaria
De la experiencia programática de los últimos 30 años y de sus resultados se desprende la necesidad imperativa de generar una adecuada mecánica operativa, que facilite la inversión pública promotoras de las reformas de políticas públicas agropecuarias, en base a un esquema de desarrollo “jalado” desde la demanda, lo que terminaría de cerrar la propuesta del Gobierno de Perú Libre que planteó durante la campaña la “Economía Popular con Mercados”.
En ese sentido se debe propender: i) un modelo conceptual basado en experiencias exitosas previas públicas y privadas; ii) estrategias propuestas de qué y cómo proveer el apoyo desde el Estado, basado en experiencias previas públicas y privadas comprobadas; iii) perfil de los beneficiarios y sus principales características y limitaciones por atender; iv) tipología de equipos, herramientas y maquinarias a promover; y v) condiciones de cofinanciamiento condicionadas a alianzas estratégicas, productores-intermediarios, que fortalezca el acceso a los mercados, mayores ingresos en campo y mejores precios en mercados para todos los cónsumidores.
Lo importante, los hacedores de política pública deben identificar actores en cada territorio con la participación de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias. Hacer un mapeo de actores por perfiles, que genere “confianza”. Utilizar toda la fortaleza directa de los sectores que han venido trabajando en el ámbito rural y sus políticas públicas y programáticas, aunque vengan de ideologías políticas no compartidas. Se necesita un modelo de servicio, estrategia, y modelo de soporte vinculado a las siguientes propuestas:
1) El Estado, con gobiernos subnacionales y socios privados, debe garantizar y acompañar la identificación de i) potenciales de cada territorio, ii) productores en la actividad, y su condición actual de asociatividad o no; iii) el volumen de producción por productor, asociación y territorio; iv) calidad de la producción de acuerdo a estándares nacionales (grandes supermercados) e internacionales (acceso a diversas certificaciones o no); v) necesidad de tecnificación y/o mecanización por tipo de productor, territorio y producto.
2) El Estado debe liderar una plataforma tecnológica (digitalización gubernamental), con el apoyo de las DRA y Agencias Agrarias de cada territorio, con el fin de tener un empadronamiento exhaustivo de productores, productos, volúmenes y oportunidad de entrega, con el fin de poder anticipar la gestión de ingreso de producto al mercado, precios y cultivos promisorios para la agricultura familiar; este tipo de plataforma es prioritaria e hito inicial para proyectar, el portafolio adecuado de cultivos orientados al mercado y tipo de mercados.
3) Generar los dispositivos legales que propicien la amigable y fácil utilización del RUC a toda la base de productores agrarios, el primer eslabón de la cadena, sin necesidad de constituirse como asociaciones para ser formales, y mucho menos obligarlos a generar juntas directivas y contabilidad completa que terminen por desincentivar los principios administrativos de la asociatividad y postergar la informalidad de la base productiva, repensando el rol perverso de las “liquidaciones de compra de SUNAT”.
4) Se necesita un abanico de intervenciones: i) capacitaciones en temas administrativos y financieros (sostenibilidad de la estructura organizativa); ii) transferencia tecnológica herramientas y mecanización (que permita mayor productividad, estandarización y calidad); iii) generar las condiciones para que productores y/o asociaciones accedan a financiamiento de la banca formal (formalizarlos individualmente y generar una relación de fidelización, confianza, lealtad, y oportunidad de entrega que permita el financiamiento directo de los intermediarios comerciales y/o el factoring con entidades financieras), iv) Asistencia técnica especializada por tipo de beneficiarios y cultivos.
5) Capacitarlos con cada uno de los programas nacionales existentes y con demanda nacional e internacional comprobada, identificada por Sierra y Selva Exportadora.
6) El Estado debe ser el facilitador de la demanda (información, transparencia, oportunidades para compradores y productores), de esta manera se garantiza que las intervenciones que se realicen serán costo-efectivas (asistencia técnica, transferencia tecnológica, paquete de insumos); Basarse en la vasta experiencia exitosa de los últimos 30 años en el país (pública, privada e internacional), que demuestra que el camino a seguir es: i) identificación de masa de productores/volumen/calidad; ii) identificación de mercados de destino (locales, regionales, nacionales e internacionales); iii) identificar y propiciar alianzas comerciales (productores-intermediarios comerciales) hasta que se generen lazos de confianza, lealtad y cumplimiento de oportunidad de entrega; iv) condicionar el cofinanciamiento estatal de mecanización agrícola extensiva al logro de los puntos anteriores; v) propiciar el cofinanciamiento estatal a los intermediarios (condicionada a alianzas constituidas con productores); cofinanciando centros de acopio, maquinaria y equipos para cosecha, postcosecha, selección y transformación productiva, que les permita absorber mayor oferta productiva del campo, mejorando también los precios hacia los productores de campo. Incluir esta estrategia costo-efectiva como producto dentro del Programa Presupuestal PP121, para que permita el financiamiento condicionado a los intermediarios que jalan la producción de los pequeños productores.
7) El Estado debe generar una plataforma demostrativa, tales como: centros de alquiler de maquinaria, maquila de cosecha, selección y manejo postcosecha y transformación, que permita poner a disposición de los pequeños productores de campo, “democratizar el acceso”, de las tecnologías productivas, mecanización, entre otras, para que se vayan familiarizando con su uso y/o accedan a condiciones mejoradas a su utilización. Este tipo de plataforma demostrativa sirve como vitrina y soporte para que el agricultor pruebe y compruebe qué tecnología es mejor que otra y cuál le es útil para su cultivo. El estado debe ser promotor y tener a la mano estas maquinarias, así como su mantenimiento, financiado al costo por un TUPA adecuado a los costos de campo.
8) Evaluar la posibilidad de incluir la estrategia de inversión de Núcleos Ejecutores, como una herramienta que propicie la inversión pública de los tres niveles de gobiernos y no solamente de OPDs y Programas específicos. Es una estrategia que facilita la trasferencia financiera de fondos públicos a comunidad organizada, justamente lo que se necesita para dinamizar la mecanización y transferencia tecnológica a pequeños productores y agricultura familiar; pero su uso indiscriminado podría causar filtraciones en las inversiones que se programen.
9) El Estado debe generar alianzas multisectoriales que abarcan toda la cadena productiva: i) Estrategias de inversión pública para la competitividad agropecuaria (MEF); ii) cultivo, crianza, y tecnologías de manejo (MIDAGRI), iii) transformación y empaque que permitan reducir “perecibilidad” e incrementar competitividad, así como el mayor acceso a mercados regionales y nacionales (PRODUCE); iv) acceso a mejores y mayores mercados internacionales (MINCETUR); se debe alinear la visión y misión de estos tres sectores a una más rural dirigida a sostener la base productiva del campo a la ciudad).
10) Finalmente, el Estado como parte de la nueva reforma agraria (con una clara incidencia por el lado de la demanda), debe propiciar el tema de soberanía agraria en el marco de la descentralización, colocando las iniciativas indicadas en los numerales previos, como una política nacional a ser llevada a cabo de forma autónoma por cada GORE en sus territorios y el MIDAGRI en su rectoría, hacer monitoreo, seguimiento y evaluación de dichas actividades, dirigidos a generar el desarrollo nacional agropecuario y la autonomía alimentaria.
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