Más que un retorno lo que necesitan cerca de 200 mil peruanos, con intención de movilizarse hacia sus regiones de origen, es alimentación y techo, por no decir trabajo que es algo no disponible en las reservas públicas. “Tenemos hambre”, “nos han echado del cuarto”, “no tenemos trabajo” y “estamos con miedo” son las expresiones de muchos de ellos en los 29 puntos donde se concentran en la ciudad de Lima. Su deseo de retorno es un medio, su objetivo es la sobrevivencia.
Estimaciones conservadoras refieren que se trata de 34,426 movilizados a nivel nacional, mientras que información proporcionada por fuentes de la Dirección General de Orden Público habla de 194,841 personas, lo que se acerca a los números presentados por el Gobierno la semana pasada. La cifra es alta y se mueve hacia arriba.
La desesperación de estos peruanos requiere una respuesta de política pública, que atienda el problema de subsistencia y que coadyuve a la política de aislamiento social para disminuir el rimo de transmisión del coronavirus que nos azota. Si el retorno no garantiza un absoluto cumplimiento de protocolos de seguridad en las pruebas para saber si hay contagiados movilizándose, internamiento de los positivos, transporte inocuo que no genere contagio a los viajantes y a las personas del trayecto, así como una cuarentena segura y eficaz en los lugares de destino, entonces, el retorno es pro Covid-19.
¿Qué está sucediendo?. La presión social, política y mediática es tan fuerte y las aglomeraciones tan urticantes que los procedimientos del retorno/aislamiento se han relajado para realizar evacuaciones lo más express posibles. Las coordinaciones para transporte, alojamiento en regiones y alimentación en los puntos de destino no se dan abasto para una demanda atendida (8,957[1]), pequeña aún, frente a los grandes números que se vienen. Hay casos de retornados que no hacen cuarentena al llegar a sus regiones, que se escapan a sus pueblos, que se van bajando en las rutas expandiendo el virus con una eficacia de terror. No hay pruebas diagnósticas suficientes para esa demanda, y las que se han aplicado son las pruebas rápidas o serológicas que como ya se sabe son inútiles para diagnóstico rápido. Los falsos negativos viajan con los sanos en bus o en avión expandiendo el virus.
El Ministro de Salud sabe que un infectado dentro de un bus terminará contagiando a todo el grupo luego de varias horas de viaje, o en una hora de vuelo a gran parte de los pasajeros. ¿Hay disponibles pruebas moleculares para los demandantes de retorno de modo que nos aseguremos que no retorna un portador? ¿Hay suficiencia e idoneidad de pruebas para los policías y los militares que custodian el orden público y realizan labores de control en lugares de alta exposición?, ¿para el personal de salud? La respuesta la sabemos. Los gobernadores regionales, también, y muchos de ellos han planteado al Ejecutivo Nacional que paren los retornos. Si los ministros y funcionarios, que con buena intención han estado involucrados, no ven que la situación está fuera de control, el manejo de la pandemia está en malas manos.
¿Es aceptable que el Gobierno implemente una respuesta pública pro Covid-19? Casi antes de terminar de leer la pregunta, nos respondemos con ¿¡qué nos pasa!?
La apelación humanitaria.
Es humanitario atender a los demandantes de retorno, como al grueso de personas vulnerables que constituyen 6.8 millones de hogares, como lo ha señalado el Presidente Vizcarra con el anuncio de un bono universal para peruanos del sector informal, pero con una respuesta de política que disminuya el ritmo de expansión del Covid-19. Lo que no es humanitario para ellos, ni para los peruanos de las zonas receptoras, es hacerlos retornar sin las condiciones que hoy no les podemos ofrecer.
El sector salud debe convencer que el retorno y su manejo actual son un peligro para la propagación de la enfermedad; y que se están tirando por la borda el esfuerzo del Estado y del país entero. El incremento del ritmo de propagación pondrá a Lima y a las regiones en jaque, en un momento en que la saturación de la oferta de servicios de salud está casi en su límite. Seguir así es demasiado riesgoso. El MEF debe saber que el retorno convierte en inútil los puntos de PBI que hemos perdido y vamos a perder. Las proyecciones de recesión tienen incluso hasta dos dígitos, hagamos que valga.
La salida: subsidio a la inmovilidad y apoyo alimentario a los más vulnerables.
Podemos ofrecer e implementar un subsidio a la inmovilidad y alimentación en las ciudades donde están los movilizados. Es efectivo para reducir la velocidad del contagio y es más costo-efectivo para la salud y la vida de ellos y de todos. El costo por cada retornante, entre pruebas, transporte, alojamiento y alimentación bordea los 1,300 soles, lo que equivale a 253 millones. Con ese dinero se les puede proporcionar, a sus familias durante 4 meses, un bono de 760 soles y alimentación en sus barrios. Les daríamos la seguridad de un techo, alimentos y una cuarentena sin miedo.
Tenemos que ser claros y firmes con los movilizados: QUEDARSE ES LLEGAR, irse es exponerse y exponer a los demás.
[1] Reporte del 27 de abril. Mientras más “eficiente” sean con las evacuaciones, más demanda habrá en las calles.
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