Antaño considerado como bastión ejemplar, patria solidaria y un estado referente a los grandes debates de la región como son la lucha contra la pobreza, el hambre o la desigualdad social. Costa Rica se construyó por muchos años con una visión favorable desde el exterior, al ser considerada un referente de las buenas prácticas legales y sociales frente a un mundo occidental que experimentaba luchas armadas revolucionarias cada vez más reiteradas y sangrientas en el continente, era por decirlo neutralmente, un ejemplo de estabilidad y prosperidad.
Costa Rica había sido (hasta hoy), una nación cautelosa y promotora de los derechos económicos y sociales del hombre incorporando en sus diversas legislaciones nacionales la aspiración ética de la dignidad, lo humano y lo fundamental. Digamos que la ejemplaridad del país centroamericano se mostraba sin duda alguna, ante cualquier escenario en el concierto internacional de las naciones; Cabe decir, por ejemplo, que su fama venía precedida por la autenticidad del acto jurídico emblemático de la Junta de Gobierno presidida en su momento por José Figueres Ferrer, quien asumió el poder temporalmente después de la guerra civil, y abolió el ejército nacional el 01 de diciembre de 1948.
Posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 ratificaría la abolición del ejército en el artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica:
“Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Incluso se ha dejado señalado por la historia que la acción de Figueres al abolir el ejército (institución vinculada a la violación permanente a los derechos) precedía nueve días a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de New York por 50 países miembros del organismo recientemente creado (ONU, 1948).
Costa Rica al ser el único país del continente que no cuenta con un ejército regular, le confería un halo de talante filosófico en la neutralidad contra el militarismo, los golpes de estado y la guerra irregular que llenaron de pena, miedo, muerte y humillación a la América continental del siglo XX.
Sin embargo, nada podría durar para siempre y hoy vemos como desde su capital San José, en algún tiempo evocada capital Latinoamericana de la defensa y garantía de los derechos humanos (Corte Interamericana de los Derechos Humanos), que en paralelo a la cercana conmemoración de los primeros 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre sería el acontecimiento del año. Y es entonces cuando aparece la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia del poder judicial costarricense para darnos un golpe de realidad.
El pasado 23 de noviembre en la antesala al día internacional de los derechos fundamentales para la proyección de la DISCAPACIDAD que es precisamente hoy 03 diciembre, es precisamente cuando el más alto tribunal del país centroamericano se pronuncia en una sentencia desafortunada, discriminatoria en su lenguaje, sin vocación en dignidad y alejada de la legalidad en los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas con discapacidad en Costa Rica, y del mundo.
Lo que debería haber constituido un fallo más en materia económica por la disputa de un interés meramente económico de un sector de servicios públicos del país, se convirtió en un absurdo y desafortunado proyecto de reforma a la “Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios”, que bajo el número de expediente 23.782 pretende adicionar a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078.
Suponemos entonces que un poco más de 85 millones de personas con discapacidad en el continente, sin contar a los discapacitados de los Estados Unidos y Canadá, nos hemos quedado con una bofetada en una de nuestras mejillas, al menos en BPFoundation International.
75 años de reconocimiento internacional a los derechos humanos después de haber vivido una guerra mundial (1939-1945) y la muerte de más de 60 millones de personas, no han sido suficientes para que la dignidad de las personas deje de ser comprada, solicitada, otorgada o suplicada.
De nada nos ha servido el horror del exterminio, ni la guerra suicida, ni la muerte en la guerrilla. De nada ha servido que la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ubique en San José, Costa Rica, vaya ironía.
Lo que nos queda claro del mensaje de los señores tribunos del constitucional costarricense es que vienen a por la ley 7600, aún y cuando esta señala en su primer artículo que:
Artículo 1.- Interés Público. - Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.
Lo cual, que importa si ya ha dicho el constitucional que:
"La reforma opera de manera neutral para las personas con discapacidad (…) la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses".
O, en otras palabras, estimado lector:
“Qué más da que seas discapacitado, la reforma no va contra tuya como se te ocurre piensas eso. Y en todo caso, a todos les afecta por igual no solo a ti. Por lo tanto, al afectar los derechos fundamentales de todos estimados discapacitados no es discriminatoria, y mucho menos supongas que voy sobre tus derechos humanos”.
Una vez que los magistrados concluyan con la redacción final del texto y lo envíen a la Asamblea Legislativa, el proyecto podrá ser sometido a votación en segundo debate. En caso de que eso ocurra antes del 31 de enero 2024, requerirá la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo para llevar a cabo dicho trámite. Mal la lleva Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.
Gracias, Nicole Mesén Sojo.
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