Teóricamente estimado lector, usted debería tener antes sus ojos un trabajo de reflexión con respecto a un tema económico o de comercio internacional; Sin embargo, en plena pandemia necesitamos pensar en el día después. La temática es muy amplia, pero rescato una en cuestión que comparto y me uno a él con toda solidaridad, siendo una pena que por el momento solo en España, y en algunos condados, especialmente ubicados en el Este de los Estados Unidos se comiencen caminos similares.
Veamos, la crisis actual acabará por sepultar el fin del romance entre la sociedad de mercado y el individualismo, pues la pandemia ha evidenciado sus fallas y la lastimosa falta de inversión en salud y otros servicios públicos. Se requerirá mucho gobierno para salir de la crisis y afrontar lo que vendrá después. Para algunos, incluso será necesario que el Gobierno se involucre en la investigación, desarrollo y producción de medicinas, pues dejar todo a las farmacéuticas ha resultado costoso e ineficiente.
Sin embargo, en este caso en especial la tardía reacción del Gobierno (puede ser cualesquiera), frente a la llegada del virus COVID-19, expone a los miembros del Consejo de Ministros como responsables de perjuicios de tipo sanitario y económico. Los primeros, de muy difícil cuantificación en este momento, y los segundos resultan indiscutibles ante las consecuencias directas de las medidas adoptadas, que la paralización de la mayor parte de las empresas, traerá consigo una larga etapa de empobrecimiento general, desabastecimiento de productos y encarecimiento de precios.
Tanto las consecuencias sanitarias como las económicas, inevitables cualitativamente, es muy posible que pudiesen haber sido inferiores, de haberse tomado en tiempo y forma las medidas adecuadas para la protección de la sociedad. Estas medidas, correspondía adoptarlas a cada Gobierno, y en casi todos los casos reaccionaron tardamente ante la existencia de la epidemia y sus previsibles efectos.
El Artículo (correspondiente), castiga con penas de 1 a 4 años de prisión a los causantes de la muerte de otro, cuando ello se produzca como consecuencia de una imprudencia grave; esta pena será de 3 a 18 meses, cuando la imprudencia del autor sea menos grave. Y las penas se aplicarán por cada una de las muertes causadas.
En consecuencia: ¿Procede la omisión del deber de los miembros del Gobierno, de poner en marcha las medidas, con su conocimiento de la situación y de sus consecuencias, por lo que procede la investigación de los hechos y de la actuación, aparentemente negligente, del Consejo de Ministros, que resultan ser, prima facie, la causa indirecta de las sanitarias de la pandemia? en España, Perú, Chile, Ecuador o México.
Procedimentalmente, al tratarse el homicidio de un delito público, las responsabilidades criminales han ser perseguidas por la Sala Penal dado el aforamiento de los aparentes culpables, sin perjuicio del enjuiciamiento ordinario de otros posibles autores o cómplices, no aforados. La investigación de los hechos no resulta sencilla, dado el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, por lo que para una adecuada clarificación de las conductas y de las responsabilidades inherentes, se requiere el auxilio judicial, solo posible mediante la incoación del correspondiente procedimiento judicial que, en este caso, se inicia por denuncia o querella.
También podrán ejercitar conjuntamente esta acción, los familiares de aquellas personas que hayan fallecido como consecuencia del COVID-19.
Pero al llevar a cabo el ejercicio racional podemos quedar atrapados en dos laberintos. Primero: Resulta tentador fantasear que, cuando esto pase, será el tiempo de una humanidad mejorada. Segundo: Podríamos, más amargamente, advertir el futuro a partir de ya no definir con claridad qué creencias, prácticas y reglas han cambiado y nos han cambiado durante esta crisis. Por último, cabe recordar, también, que las pandemias han servido en el pasado para reescribir la historia, es decir, disponer de una suerte de estrategia hermenéutica para procesar y narrar lo sucedido. Sin embargo, las propagaciones de ayer, al igual que las de hoy, se inscriben en nuestros cuerpos y lo hacen en un doble registro: en nuestra carne, pero también en el nivel simbólico por excelencia: el cuerpo político.
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