Factores institucionales y de gobernanza que previenen, transformas o magnifican los conflictos.
La PCM y ministerios como Vivienda, Economía y Finanzas, Agricultura, tienen “oficinas desconcentradas hasta en nivel de municipalidades provinciales donde debería haber fuerte capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipalidades. Cono todo es poco, tiene numerosas comisiones permanentes y temporales, todo lo cual limita su capacidad de desempeño. La PCM tienen una doble razón de función: de coordinación y vocerío general del Ejecutivo y vínculo con otros poderes y niveles de gobierno citados que es lo esencial, y lo “sectorial” o “especializado”.
En 2011 la Comisión de recepción del Poder Ejecutivo que integré hizo un importante planteamiento de reforma sustantiva de ese “universo burocrático central”. Ojalá tenga su realización. Depende la correlación de fuerzas políticas en particular dentro del gobierno y que estas hagan caso a las recomendaciones que se han hecho, desde 1980 en que antiguos funcionarios y especialistas también vimos el asunto. Esta reforma sustantiva, de hecho tendría más importancia práctica que reformas a la estructura del Estado que pueden ser, “a la chilena de hace poco, una lista de objetivos, metas, ilusiones, deseos, quimeras negras y generalidades innúmeras pero no una Constitución.
Según reza la norma y la construcción ideológica burocrática, la Secretaría de gestión social y diálogo del viceministerio haber bajado un nivel en la estructura orgánica de la PCM y contar con tres unidades dependientes es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable de las materias de prevención, gestión y solución de controversias y conflictos sociales. Busca articular sus acciones con los ministerios sectoriales y los gobiernos regionales para cumplir con su mandato.
Según la ley orgánica del poder ejecutivo, las oficinas de gestión de confitos en ministerios y entes del respectivo sector, por ejemplo, la autoridad nacional del agua respecto del Ministerio de Agricultura, tienen solo el nivel de direcciones dentro de la Secretaría General Institucional, que cuenta con muchas direcciones generales, direcciones y comisiones, lo que evidencia un parecido a lo señalado para la OGDS de la PCM: menor nivel jerárquico excepto la del MINEM.
Con ese "sistema" y desde el viceministerio de la PCM, con un enfoque legal-formalista y metodologista se ha ido avanzando de manera desigual en definir un marco conceptual para orientar el enfoque, estrategia, metodologías y “protocolos de acción” abrevando de fuentes que pocas veces han tenido responsabilidades de Estado en este campo y que más bien son redes institucionales y consultores que hacen lo suyo, con distinto éxito y excelencia o calidad, Dichas unidades incluida la Defensoría del pueblo, que es autónoma, manejan sus propios sistemas de registro y gestión de la información referida a conflictos sociales.
En la PCM se ha dejado una muestra de este “modelo burocrático-formal-funcionalista” o plataforma informática para articular la información sobre conflictos sociales, con apoyo inicial de USAID del BID y antes del PNUD. Ese es el marco institucional realmente existente, orientado a la prevención y gestión de conflictos en el país: evidencia un desfase entre la finalidad y responsabilidad y el desempeño observado.
Hay un conjunto de retos asociados a la mejora continua del sistema actual: el principal es contar con equipos mínimos de máxima capacitación viviendo en zonas priorizadas, viviendo y trabajando con organizaciones de la población de su ámbito determinado con municipalidades, empresas, ONGDS y GORES.
Por ende, el nivel diseño y asignación de personal y recursos incluido el informático del órgano central y de todos los periféricos tanto a nivel central como departamental deben responder a ese criterio esencial para poder desarrollar unidad de doctrina, inteligencia, planeamiento, metodología y acción para asegurar buenos resultados.
Hay que invertir en óptima selección y mejoramiento continuo del personal para en el mediano plazo contar con un mínimo-óptimo de servidores públicos estables para lograr buenos resultados máxime cuando los problemas, tensiones y conflictos crecen, y se hacen más complejos, aumentando los factores divisivos de la sociedad y el estado.
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