Minería sostenible para el desarrollo solidario
Para aquilatar mejor el retraso y el consecuente desafío que tenemos los peruanos, en el ámbito de una minería cada vez mejor según estándares internacionales y complejas normas nacionales obligatorias, recuerdo información del Vice Ministerio de Minas, hacia fines de 2016: “las Bambas y las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala; las minas de Antapaccay, Toromocho, Constancia y Antamina ampliada, sumarán casi 25 mil millones de dólares en inversión para producir alrededor de un millón 400 mil toneladas métricas finas de cobre. A estos volúmenes de producción hay que agregar 910,000 onzas de oro y 20 millones de onzas de plata. A estas buenas noticias hay que sumar 3,600 millones de dólares por Alpamarca – Río Pallanga, Inmaculada, Crespo, Shahuindo, Corani, Ollachea y San Gabriel”.
Al 7 de enero del presente año el Ingeniero Rómulo Mucho Mamani, expuso que comparando la cartera de proyectos mineros en fase de construcción 2019 y 2020 se observa que al 2019, eran 48 proyectos que en total sumaban 57,772 millones de dólares. Salieron de cartera 4 proyectos por 1,818 millones; iniciaron operación 2 proyectos por 509 millones; 12 proyectos tuvieron ajuste de inversión por 23 millones; se incorporaron 4 proyectos por 690 millones. Asimismo, indicó que al 2020, la cartera resultó con 46 proyectos por 56,158 millones y que al 2021 habría 3,577 millones de dólares por Ampliación de Shouxin, Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, Pampacancha, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros. En 2022 serían 840 millones por inversión en Magistral y Planta de Cobre Rio Seco; mientras que, en el 2023, con Zafranal se alcanzaría los 1,263 millones; en el 2024 llegaría a 3,573 millones por Los Chancas y Trapiche; y en el 2025, Michiquillay aportaría 2,500 millones.
¿Quién tiene la verdad sobre la minería artesanal?
No hay aun información confiable para la minería artesanal, formal e ilegal, actividades que se entrecruzan y cuyo producto se exporta vía lavados. Este centenario problema se ha documentado sucesivamente desde los años 50, luego de los sesenta por organismos de lo que fue hasta 1992 el Sistema Nacional de Planificación (Instituto, Oficinas Sectoriales y Regionales), antes de la creación del Sector y Ministerio de Energía y Minas. Lo hicieron instituciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial; también intermediarios financieros bancarios y no bancarios de desarrollo y proyectos multilaterales sectoriales como los que hubo en Loreto, Madre de Dios y Puno.
Consta la producción de inteligencia de las instituciones policiales y de la Fuerza Armada de acuerdo a niveles y aspectos. A la fecha no han cesado las denuncias ni dación de normas legales, expresión de políticas públicas bien intencionadas y justificadas en planteamientos ambientales, indigenistas, localistas y legales con base en diversos derechos vigentes o en proceso de formulación como es de público dominio o bien con propósitos de facilitar la no alcanzada formalización.
Hay pocas acciones de actores no gubernamentales en unión con autoridades ministeriales, subnacionales, policiales y fiscales en materia de información confiable, vigilancia, protección y efectivos resultados buscados. Deberían ampliarse esos buenos ejemplos como los de la RED Amazónica SZF protección de áreas con gran valor en biodiversidad y por ende patrimonio de quienes viven en ellas o dependen de ellas y de la nación.
En lo esencial la formalización como solución no ha avanzado y probablemente no lo hará mientras no se aplique una mejor comprensión del fenómeno y sus dimensiones económicas, sociales, culturales, geográficas y geopolíticas, cada vez más; y por tanto no se formulen programas de inversión que operacionalicen y hagan efectivas las correspondientes variables e indicadores de progresiva contención y superación.
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