Desde que el Congreso elimino el delito de sicariato de la Ley de organización criminal, todos los días amanecen asesinados jóvenes estudiantes, pequeños empresarios, ciudadanos que se oponen al pago de cupos, también de dirigentes populares, opuestos a las mafias de obras y de venta ilegal de terrenos.
Tanta complicidad legislativa, extiende el miedo a invertir, estimula la migración de nuestros mejores talentos jóvenes, destruye hogares, creando condiciones para que pronto seamos Sinaloa o Peruzuela.
Lo anuncian desde la CONFIEP hasta los Sindicatos, en rara unanimidad. También los organizadores del Paro Nacional de esta semana.
Hace muchos años un Alcalde de Nueva York dijo que “el crimen obedece a la oferta y la demanda. Si cortas la demanda e impides la oferta, el mercado cae, y el incentivo desaparece para producir delito”. Dice esta teoría que los delincuentes se van a la quiebra cuando la acción policial los investiga y la persecución, de jueces y fiscales, los mete presos. Elevan su tasa de lucro cesante, cortan su flujo de caja, y, asumen perdidas que los descapitalizan. Como cualquier negocio.
Quebrar económicamente a la industria criminal-meta de toda estrategia de seguridad- no es posible, si la autoridad Legislativa y el Ejecutivo fomentan leyes creadas por los abogados de la mafia y sus delegados políticos. Varias leyes nuevas, hoy incentivan al crimen, retirando delitos de la lista de los más perseguidos por la policía y los tribunales. El caso más clamoroso, es el delito de sicariato: los que pagan por matar gente, no son responsables de crimen organizado.
Asimismo, se acaba de derogar un ridículo sistema de allanamientos con presencia del abogado del sospechoso, que puede ser reemplazado por el defensor público. ¿Ira mejor? No, nada garantiza que ese cuerpo de abogados corruptos, y con muchos graduados de Alas Peruanas, sintonice con una justicia de calidad.
El Ministro del Interior, resulta asociado con varios congresistas asociados al capitalismo informal, y, a grupos de mafias de las economías criminales. Este es un factor clave en la captura del poder, fortaleciendo a los ladrones en su juego contra los celadores. Enfrentar al poder Judicial y a la Fiscalía, es jugar en contra de la ley y el orden.
Si los ladrones ganan a los celadores, un lumpen autoritarismo, y un seguro fraude 2026 prolongaran esta agonía de la Republica. Para evitarlo, hay que eliminar el poder usurpador del Congreso aplicando el Art 46 de la Constitución. No hay otra salida.
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