Ninguna medida para resolver la crisis del Perú, es más importante que llegar a un acuerdo inmediato al interior del Congreso y luego de este con el Poder Ejecutivo. Esto por un sentido básico de supervivencia de la democracia, de los derechos humanos y del progreso alcanzado en el campo económico y social.
Para empezar por dejar de lado los prejuicios, las frases subjetivas y la visión de una catástrofe que enfrenta a dos fuerzas antagónicas. Nada más falso que echarle la culpa a “200 años de abandono de las elites” o de la ejecución “de una conspiración Castro Chavista que quiere apoderarse del Perú”, los dos extremos, usan este tipo de pensamiento falso para inmovilizar a sus seguidores en una congelada visión de la historia que facilita la polarización. Metodología común para capturar las mentes y taladrar ideas falsas y narrativas negras sobre el adversario. Si queremos un acuerdo hay que bajar el volumen y hablar un lenguaje inclusivo y que facilite la comunicación.
El segundo paso de esta Agenda es definir quiénes participan del proceso. En un primer momento es claro que se hace necesario incluir a los grupos del Congreso, todos los cuales tienen el respaldo del voto popular, así hayan abandonado sus grupos de origen. Una delegación de ministros del Ejecutivo representaría a ese Poder. E iniciaría una primera etapa de diálogo para el cese inmediato de hostilidades y el establecimiento de una agenda legislativa de urgencia nacional.
Su contenido precisaría la ruta para reformas electorales, alivio a la crisis económica y apoyo al proceso electoral Regional y Municipal de octubre de este año. Sobre la normalización básica que alcance el país con este dialogo, con la ayuda de mediadores internacionales y nacionales, después de las elecciones de octubre, se podría abrir el cofre de reformas de fondo que requiere el país. Antes no, porque las elecciones acomodaran el fichero político sobre el cual caben acuerdos sólidos para el futuro.
Cumplida está primera etapa de negociaciones y acuerdos hasta octubre es legítimo pasar a resolver temas centrales para el país que requieren debate político, pero también consulta popular en un Referéndum. Si se plantea un eventual proceso electoral general o parcial, o la naturaleza de reformas Constitucionales que haría el Congreso y un futuro proceso Constituyente, los lineamientos de reformas económicas indispensables para enfrentar la crisis a largo plazo incluida la reforma tributaria que debe ser concertada.
Este camino debería ser precedido de un acto de fe en la democracia y patriotismo del Congreso de la República: suspender su avalancha de 53 reformas Constitucionales, revocar todo intento de vacancia o inhabilitación constitucional de altas autoridades de la Nación.
Al abismo o la salvación del país, esa es la encrucijada. Seguir la cabalgata al precipicio que el Congreso prepara con 3 Plenos que tienen por finalidad, sin consulta y debate, imponer numerosas medidas conservadoras, solo llevará a una crisis de envergadura cómo las de Colombia 2021 y Chile 2019.
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