Juan Risi / El problema de Ica

(Publicado previamente en PRODIGIO Perú)

Estamos siendo testigos una vez más de otro conflicto social que, al parecer, se desencadenó de un momento a otro. Turbas de manifestantes han bloqueado la carretera Panamericana Sur en el departamento de Ica, y se han registrado actos de vandalismo.

Como sucede en estos tiempos, las redes sociales están inundadas de información que, en su mayoría me atrevería a decir “tendenciosa y reivindicativa”, con ambas partes culpándose de lo sucedido. De un lado, se afirma “que es una medida gestada desde fuera”, nuevamente le achacan la responsabilidad al Foro de San Pablo, y a George Soros, levantando cucos a la gente, para levar a la desestabilización de uno de los emprendimientos más exitosos que tenemos en el país: la agro exportación. En la vereda del frente, están quienes manifiestan “todo es fruto de la Constitución de 1993”, algo que muchos, sin haberla leído, repiten de forma dogmática, cual letanía hasta el cansancio, insistiendo que debe ser cambiada.

Ni lo uno ni lo otro. Estamos, nuevamente, enfrentándonos entre peruanos y una vez más el terreno de enfrentamiento está en la agricultura, sector que no alcanza a ser entendido por los macro inmaculados economistas que se encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes recurren a paliativos para que el problema se apague y postergue, pero no se solucione. En otra vereda se encuentran los dirigentes “gremiales”, muchos de los cuales se irrogan la representación de los agricultores pequeños o trabajadores del campo, pero que jamás han tenido entre sus manos una herramienta de trabajo, ni si se han ensuciado los zapatos con tierra, y sólo buscan un beneficio inmediato para sus propios intereses. No olvidemos que estamos en tiempos electorales, y por ende, abundarán las promesas, la mayoría imposibles de cumplir y olvidadas al alcanzar el gobierno.

La base del problema parecería ser el Decreto de Urgencia 043-2019-MINAGRI, publicado el 14 de Julio de 2020, que amplía la vigencia de la Ley 27360 de Promoción del Sector Agrario, por diez años, hasta el 31 de diciembre de 2031. No se está negando que esta ley fue fundamental para el desarrollo del sector agro exportador, habiendo colocado a Perú en los primeros lugares como exportador de varias frutas y hortalizas que se muestran en diferentes mercados de Norteamérica, Europa y Asia, y que han logrado incrementar nuestras agro exportaciones desde US$ 645 millones el 2000 hasta más de US$ 7,400 millones en 2019, en más de cien partidas arancelarias, y permitiendo a 1,115 pequeñas empresas agrarias exportar menos de 1millón de dólares, 168 entre 1 y 10 millones, y solo 24 más de US$ 10 millones.

Frente a esa historia de éxito empresarial, se encuentra el hecho que las remuneraciones a los trabajadores no han sido acordes con el crecimiento y la bonanza de los negocios agro exportadores. De otro lado, si se tiene en cuenta que la ley tuvo ya una vigencia de más de 19 años y que gran parte de los negocios agrarios en cultivos permanentes y semipermanentes reportan ganancias y largamente a la recuperación de lo invertido en los primeros 10, la ley debió no sólo ampliarse, sino mantenerse, pero para apoyar nuevos emprendimientos, ya que los antiguos pueden y deben entrar a un régimen laboral y tributario similar al que tienen los otros sectores del país. Si la pretensión esgrimida es que “la agricultura es incierta”, esto puede solucionarse con una cobertura de seguro agrario al igual que lo hacen en países como México, Colombia y Argentina, donde el Estado cofinancia los seguros que protegen la inversión de los pequeños productores ante el riesgo de eventuales eventos climáticos.

Gran parte de las protestas indican los bajos salarios que se paga a los trabajadores en las empresas y además la contratación de “services”. Las empresas declaran que, gracias a ellos, gran parte de la mano de obra se ha formalizado. Si partimos del principio que hay ciertas labores agrarias que son continuas, como por ejemplo el control de plagas y el empaque de algunos productos, hay otras labores de carácter temporal. En la mano de obra permanente, las empresas podrían haber hecho algo mejor en el pago de las remuneraciones de sus trabajadores, no limitándose al pago del salario mínimo en donde se incluye las vacaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Tal vez haber considerado por separado estos dos conceptos y luego dividirlo entre los doce meses, de manera que ni las vacaciones ni la CTS formen parte de un salario mínimo hubiese evitado problemas.

Las empresas contratan “services” para los trabajos eventuales y de esta manera evitan el proceso de pago directo a los trabajadores eventuales, y se ahorran costos logísticos. Tal vez sería mejor que las empresas contraten cuadrillas de trabajadores de la zona para los trabajos eventuales, como se hacía en los cultivos tradicionales, cuando se contrataba cuadrillas para la “paña” del algodón, buscando una alternativa para que la utilidad del “service” se traslade al trabajador. Con estos dos problemas solucionados oportunamente y en diálogo, gran parte del problema se hubiese solucionado, y una solución adicional sería que las empresas beneficiadas tributaria y laboralmente por el Estado, participen en un porcentaje de sus utilidades a sus trabajadores, tanto permanentes como eventuales, de acuerdo a los tiempos laborados.

Debido a la situación política que vive el país, exacerbada por el tiempo de elecciones, aparecen quienes se irrogan la representación de los trabajadores, sin entender que la agricultura es un proceso que no puede detenerse. Aprovechan el descontento de estos y sobre todo de aquellos de los “services” para hacer proselitismo político y promover un paro que en principio debe ser pacífico. En ese sentido y a lo largo de mi trayectoria en agricultura, he enfrentado varios paros que empezaron como pacíficos: algodón, precisamente en el departamento de Ica, arroz en el norte del país, papa (dos ocasiones) y pequeños ganaderos. La característica de estos, es que son rápidamente infiltrados por agitadores y hasta delincuentes que aprovechan para conducirlos a situaciones violentas con destrucción y perjuicio a la propiedad privada y pública. Situación que escapa al control de los promotores originales del paro.

No es mi intención satanizar una protesta, pero debemos recordar, ya que algunos lo hemos olvidado, que el país sufrió cerca de dieciocho años la insanía de un movimiento violento y terrorista que propugnaba la destrucción de la sociedad, movimiento, que por más que lo nieguen, no ha sido deslindado por quienes se dicen de izquierda y tienen entre sus banderas el cambio de la Constitución de 1993, como si esto fuera la panacea para resolver los problemas del país. Proponen su cambio, pero no especifican cuáles serían las alternativas. Esta, si bien, permitió el crecimiento del país y nos hizo alcanzar cifras macroeconómicas que hablaron de un milagro peruano, simplemente no llevo el bienestar equitativo a todos los peruanos. Esta razón, sin embargo, no es motivo para cambiarla, sino para adecuarla con leyes anti monopolio, protección al consumidor, y un Estado promotor, en lo que realmente es una economía social de mercado, hoy solo de nombre.

En conclusión: la solución a los problemas que se han presentado en Ica, debe darse por un diálogo amplio y sincero entre las partes en conflicto en donde se debe pensar en un bien común con ceder cada una de las partes en sus pretensiones, buscando alternativas sostenibles y factibles. Es desafortunado que el debate político en el país se ha polarizado a extremos que o se está en la derecha o en la izquierda, habiendo dejado de ver que hay un centro y una economía social de mercado que nos puede ayudar a ser un país más viable.