El reto de las APP frente al avance del modelo G2G en infraestructura
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene promoviendo con énfasis el uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) como el mecanismo óptimo para la ejecución de infraestructura en el país. Como parte de esta estrategia, se busca potenciar el rol de Proinversión, dotándola de mayor autoridad en la promoción de inversión privada, desde la formulación hasta la ejecución contractual de los proyectos. Esta iniciativa se fundamenta en los avances logrados en 2024 bajo la gestión del ministro Salardi, cuando se reactivaron adjudicaciones clave de APP por más de 8,000 millones de dólares y se impulsó el esquema de Obras por Impuestos (OxI) con más de 3,500 millones de soles. Ahora, el objetivo es extender este modelo a proyectos que actualmente se ejecutan como obra pública.
En los últimos años, el esquema de gobierno a gobierno (G2G) ha cobrado relevancia como una alternativa para la ejecución de proyectos de gran envergadura, especialmente tras la experiencia de los Juegos Panamericanos 2019. A la fecha, se han comprometido alrededor de 20,000 millones de dólares bajo esta modalidad. No obstante, es fundamental evaluar sus limitaciones y riesgos ante su creciente implementación.
Si bien los G2G han sido presentados como una herramienta eficiente para cerrar brechas de infraestructura, desplazar a las APP en favor de este modelo puede resultar un error estratégico. Aunque los proyectos APP han enfrentado desafíos relacionados con la gestión de predios, interferencias y permisos ambientales, estos problemas también afectan a la obra pública y a los G2G. Un ejemplo claro es el de los proyectos de riego Chavimochic y Majes Siguas II, concebidos inicialmente como APP y luego convertidos en G2G bajo el argumento de que un gobierno extranjero garantizaría mayor estabilidad. Sin embargo, este esquema implica un costo adicional, ya que suele incluir una comisión de aproximadamente el 5 % sobre el valor del proyecto.
La expansión del modelo G2G conlleva dos riesgos principales. Primero, incrementa la carga financiera sobre el presupuesto público, mientras que las APP permiten distribuir esta responsabilidad con el sector privado a largo plazo. Segundo, al finalizar la construcción de un proyecto bajo el modelo G2G, su operación y mantenimiento recaen en el Estado, a diferencia de las APP, donde la gestión privada garantiza mayor eficiencia y calidad en el servicio.
La experiencia reciente ha demostrado que los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) pueden enfrentar sobrecostos y retrasos significativos. El proyecto de irrigación Chavimochic, que inició con un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares, ha experimentado un incremento del 300 %. De manera similar, el Hospital Antonio Lorena de Cusco ha visto su costo original multiplicado por cuatro, registrando un aumento del 209 % desde la firma del contrato G2G en junio de 2020.
Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en ejecución bajo este esquema desde octubre de 2019, ha alcanzado un avance financiero del 45.2 %, con un aumento del 30 % en su presupuesto inicial. En la misma línea, la Nueva Carretera Central ha registrado un incremento significativo en su costo, pasando de S/ 11,500 millones a S/ 25,000 millones, reflejando los desafíos financieros y técnicos que pueden surgir en estos proyectos.
Estos casos reflejan la falta de previsión y control financiero en la ejecución de proyectos G2G, generando un impacto negativo en la planificación presupuestaria del Estado. "El modelo G2G debe considerarse una alternativa excepcional y no la norma para la ejecución de grandes proyectos. Mientras se fortalecen los procesos de contratación pública, las APP continúan siendo una opción más eficiente y sostenible para el desarrollo de infraestructura de calidad, atracción de inversión privada y una mejor gestión operativa a largo plazo.
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