El valle del Mantaro y el riesgo que implica para su futuro el Complejo Metalúrgico de La Oroya
El Complejo Metalúrgico de La Oroya tiene una discutible y larga historia en la zona central del país. Fue fundada por la Cerro de Pasco Coorporation en 1922. En 1974, este complejo fue expropiado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pasando a formar parte de la empresa estatal CENTROMIN PERU. En 1997, esta compañía fue privatizada por el gobierno de Alberto Fujimori, asumiendo discutiblemente su gestión la empresa norteamericana Doe Run, tras ofrecer 247 millones de dólares al Estado, la cual incluía a la unidad minera de Cobriza (Huancavelica). En el año 2009, Doe Run se declaró en insolvencia, a todas luces de forma calculada, para evitar cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) que se les exigía por el alto impacto negativo que generaban en el aire, agua, suelos y cuyos afectados eran los pobladores de la zona de influencia.
Un informe de Televisa México en el año 2017 señaló al respecto lo siguiente; “La Oroya, en Perú, es la quinta ciudad más contaminada del planeta. Allí se vive con elevados niveles de metales tóxicos en el cuerpo, de 60 a 70 microgramos de decilitros en la sangre, seis a siete veces más del límite permisible. Por encima de ese indicador se presenta un sin fin de enfermedades” (Autor Ricardo Burgos Televisa, 6 de noviembre de 2017).
La nula o baja responsabilidad ambiental de los operadores que administraron históricamente el complejo metalúrgico La Oroya causó que la ciudad y los ríos Mantaro y Yauri se afecten gravemente y sus aguas se constituyeran en vehículos de contaminación, atentando principalmente contra el agro de la sierra y selva central del país; tema que es de nuestro interés en el presente artículo.
De los ríos desaparecieron peces, ranas, plantas y cuanta forma de vida existiese, y, como indicadores biológicos, revelaban el daño ambiental que se venía causando. El costo fue gigantesco para las ciudades, valles, producción agraria e imagen de la región.
El 18 de octubre de este año, la Revista Energiminas informó lo siguiente “… tras 13 años de paralización, el Complejo Metalúrgico de La Oroya reinicia sus operaciones. El viceministro de Energía y Minas, Jaime Chávez participó en la ceremonia especial por el reinicio de las operaciones. El proyecto va a ser gestionado por la empresa Metalúrgica Bussines Perú SAA, administradora actual y de sus 1,270 extrabajadores accionistas. El viceministro dijo “no queda más que felicitarlos y que esto debe ser un factor de progreso para toda la sierra central, y un significativo grano de arena en el resurgimiento de la economía en nuestro país”. Más tarde el presidente del directorio, exdirigente minero, Luis Castillo Carlos, dijo “Hoy podemos decir que contamos con todos los permisos y licencias otorgados por el gobierno y este merece nuestro reconocimiento”.
El 20 de octubre del presente año, el diario El Comercio señalaba en un informe que; “En el marco del compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para destrabar proyectos de inversión privada que representan importantes ingresos para la economía del país, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó el otorgamiento de las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales industriales y domesticas tratadas, que permitirá el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya, paralizadas desde hace 13 años”.
El tratamiento de las aguas residuales que serán vertidas a los ríos Mantaro y Yauri cumplirán los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental para el agua, y de esa manera se permitirá la disminución de la afectación de los cuerpos de agua, contribuyendo con la disponibilidad en los diferentes usos de agua en beneficio de las poblaciones de la cuenca”.
Esta noticia y decisión nos genera fuertes dudas y temores:
i) ¿Esta novísima empresa de trabajadores objetivamente habrá podido cumplir rigurosamente con las exigencias técnicas y ambientales que demanda el Ministerio de Energía y Minas y la ANA para lograr la licencia que les permita operar?
ii) ¿La empresa de trabajadores cuenta con los recursos económicos y técnicos para operar y cumplir con las exigencias ambientales? En la Oroya se comenta que, en los últimos tiempos, el sindicato ha estado vendiendo chatarra para agenciarse de recursos y atender sus urgencias económicas. Si fuera así, ¿de dónde van a sacar el capital de trabajo y los capitales adicionales para operar?
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