Otro punto que muestra el IGH es la situación de Lima, que, si bien no está Grave, si muestra vulnerabilidad a la falta de alimentos debido a la extendida informalidad laboral de su población económicamente activa, agudizada por la migración venezolana, que supera el millón doscientos mil, con un 70% en Lima. La pandemia paralizó ingresos familiares, afectando su economía y la seguridad alimentaria de sus miembros.
En la presentación, resaltaron la necesidad de la Gobernanza local para fortalecer los sistemas alimentarios. En el marco de un sistema alimentario mundial que no ha logrado acabar con el hambre de forma sostenible, es importante y necesario examinar su gobernanza a nivel local, dónde la ciudadanía está encontrando formas mejores y más innovadoras de hacer que las personas responsables de la toma de decisiones rindan cuentas para abordar la inseguridad alimentaria y nutricional y el hambre. Por ello, es importante la gobernanza de los sistemas alimentarios locales. Y la incorporación de las comunidades a la gobernanza de los sistemas alimentarios. Se debe considerar que los gobiernos locales, suelen tener menos recursos y personal técnico que sus homólogos del gobierno central. Que el liderazgo local es fundamental para la sostenibilidad de las intervenciones locales, y que las comunidades locales más afectadas por el hambre son las que más pueden ganar con la mejora de la rendición de cuentas.
Recomiendan desarrollo de políticas, para poner la gobernanza inclusiva y la responsabilidad en el centro de los esfuerzos para transformar los sistemas alimentarios. Garantizar la participación, la acción y la supervisión de la ciudadanía, y tener en cuenta el contexto. Aumentar los recursos para hacer frente a las necesidades humanitarias apremiantes, transformando al mismo tiempo los sistemas alimentarios para hacerlos resistentes a las crisis.
Proponen y consideran como retos pendientes: “El Estado es el principal garante de los derechos humanos, por lo que es su deber respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación. Se requiere atender a los mecanismos de cumplimiento, lo que incluye la obligación de todos los niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) de rendir cuentas y de la población exigirlas.
La crisis sanitaria reveló una serie de problemas estructurales del país poniendo en evidencia duras desigualdades, precariedad y vulnerabilidad de varios sectores de la población nacional, que deben ser encarados por las autoridades nacionales y subnacionales.
La fuerte dependencia de los principales commodities alimentarios (trigo, aceite, maíz) y no alimentarios (combustibles, fertilizantes) ha generado serias preocupaciones en torno a la seguridad alimentaria del país. Reducir esta dependencia requiere un enfoque de mediano y largo plazo, en el que se involucre directamente a los productores agrarios, a los consumidores urbanos y rurales, y a autoridades vinculadas a la producción, la alimentación, la salud y la educación.
El Estado debe garantizar espacios para la participación de la sociedad civil y el sector privado en su sentido amplio (empresa, organizaciones, iglesias, iniciativas individuales, etc.), impulsando el establecimiento y garantizando el funcionamiento de plataformas de múltiples actores, con el objetivo de complementar, potenciar el alcance y mejorar la acción pública en favor del bienestar social.
Las plataformas de múltiples actores a nivel local son clave y permiten una mejor gobernanza de los sistemas alimentarios, atendiendo las prácticas de gestión local de los recursos naturales, reconociendo los métodos de agricultura y ganadería y las preferencias alimentarias basadas en las culturas locales, y condiciones agroecológicas.
Las organizaciones de base e iniciativas populares (ollas comunes, atención comunitaria, clubes, etc.) han demostrado ser capaces de brindar respuestas rápidas y eficaces, reduciendo los impactos, pero se requiere que las autoridades locales, en especial los municipios, les brinden apoyo, y busquen una mayor coordinación.
La creación de sistemas de protección social de alcance más universal, incluyendo por ejemplo a migrantes y otros grupos vulnerables, con participación de gobiernos regionales y locales, se plantea como una medida complementaria e integradora de los esfuerzos individuales y con alcances más prolongados. Ampliar el Programa Qali Warma a los escolares de secundaria será importante.
La complejidad de los problemas mencionados requiere una transformación de los sistemas alimentarios con un enfoque holístico. Para poner fin al hambre y cerrar brechas es necesario promover relaciones comerciales más equitativas.
Los avances futuros, en términos de reducción del hambre en el país y en el mundo, deberán incluir la participación activa de las comunidades y los pueblos originarios como los principales agentes de cambio de sus entornos territoriales y culturales que conlleven a sociedades más justas, desarrolladas y responsables del medio ambiente”.
A tomar en cuenta y a tomar acciones a la brevedad. No es posible ser indiferentes e insensibles a que un buen número de nuestros compatriotas estén viviendo esta dura realidad. Ojalá que esta preocupación que revela el IGH 2022, sea tomada con la máxima responsabilidad por nuestras autoridades.
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