Otra crítica se vincula a la aplicación de una reducción del impuesto a la renta de 29,5% a 15%. Para empezar, las mejores prácticas a nivel mundial señalan la conveniencia de que todo incentivo tributario sectorial sea transitorio, con plazo definido que suele ir entre 5 a 10 años como máximo, siendo otorgado sujeto a compromisos de inversión y absorción y capacitación de mano de obra, entre otros.
Por tanto, en principio, las empresas agroexportadoras han gozado de esta ventaja tributaria por un plazo técnicamente excesivo, puesto que los cultivos respectivos no implican ningún esfuerzo adicional de innovación. Constituye un regalo injustificado para las inversiones ya efectuadas. Además, una reducción de tasa de impuesto a la renta tiende a generar un incentivo perverso a desviar las utilidades de empresas afectas hacia las empresas exentas.
En tal sentido, preferible a una reducción de tasa sería aplicar el mecanismo de la depreciación acelerada a negocios nuevos, que impliquen una innovación y diversificación, mejor aún si son bionegocios sostenibles o de agroforestería que implican la combinación de cultivos. La ventaja es que el impacto se podría focalizar a una inversión concreta, pudiendo establecerse incluso el tipo de activos beneficiados por sobre otros. Además, no generaría distorsión a favor de activos de corto plazo y es menos propensa a abusos (como la venta y recompra de un mismo activo), pues cualquiera sea la duración del activo, siempre se deprecia su costo de adquisición.
Por el lado laboral, es recomendable dejar a un lado el esquema de “salarización” del pago de la CTS, las gratificaciones y las vacaciones. Claro está que ello podría implicar una reducción del salario neto percibido por el trabajador. Sin embargo, para compensar ese impacto es preciso aplicar un salario mínimo más alto para contratos laborales estacionales. Tiene mucha lógica, puesto que no es lo mismo trabajar un día dentro de una relación de trabajo permanente, que un día dentro de un lapso de 3 meses de faena temporal. Mientras más breve el plazo el trabajador afronta mayores costos de transacción y “tiempos muertos” en los que no está contratado. ¿Cuán mayor debería ser ese salario mínimo estacional? Podría ser entre 20 y 30% mayor quizás, sujeto a evaluación técnica.
De otro lado, al problema de la alta informalidad y los abusos de los agentes de contratación (“services”) que se encargan de reunir la mano de obra en sus lugares de origen y de transportarla a las zonas donde se le necesita, actuando como intermediarios entre los trabajadores y la empresa agroexportadora, se suma el problema de que éstos vienen siendo contratados por las agroexportadoras para el manejo del personal que realiza labores primordiales, cuando deberían estar constreñidos a la provisión de servicios conexos, como limpieza, fumigación, etc.
Estos agentes sólo deben ganar una comisión por su labor, la misma que debe constar junto con los pagos a los trabajadores en el contrato con la empresa agroexportadora. Para evitar abusos, se debe obligar a que exista un contrato escrito que contenga estipulaciones concordantes con la nueva ley.
La provisión del personal dedicado a las labores centrales podría estar a cargo de autoridades de la región, de sindicatos de trabajadores agrícolas o cooperativas de trabajadores agrícolas, a la usanza de varios países europeos, para evitar eventuales abusos de los agentes de contratación.
La nueva ley también debe contemplar la presunción de que los trabajadores son de planta si tienen una permanencia continua de tres meses o más al servicio de una empresa agroexportadora.
También debe contemplar aspectos no directamente laborales pero que inciden en la calidad de vida de los trabajadores, como la disposición de medios de transporte dignos, acceso gratuito a refrigerio de calidad, bloqueadores solares, medicamentos y material de curación de primeros auxilios, etc. Proporcionar asistencia médica al trabajador y sus familiares en empresas que tengan más de 100 trabajadores.
Espero que estas líneas sean un granito de arena para construir un diálogo alturado y veraz, que algún día nos permita al menos responder a la pregunta ¿cuándo empezó a salvarse el agro del Perú?
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