¿Reforma o anti-reforma tributaria?
Gran parte de las conductas evasoras se realizan a vista y paciencia de la SUNAT, dentro de un contexto de informalidad y de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando, la subvaluación y otros delitos comerciales.
En cambio, la elusión tributaria es el uso de los vacíos de la ley para reducir la carga tributaria, buscando que disfrazar los hechos económicos gravados, sustituyéndolos por otros equivalentes que no están gravados o están gravados con menor tasa. Supone el uso de resquicios dentro del marco de la Ley, sin causa real que no sea otra que tratar de evitar que se produzca un acto gravado, bajo la premisa de que ella restringe o prohíbe sólo lo que establece expresamente.
Se estima que en el período 2017-2020 los costos por elusión de impuestos ascendieron a alrededor de S/ 16.000 millones, encima de los S/ 14 mil millones ocasionados por la evasión del impuesto a la renta, aunque debajo de los S/ 22,6 mil millones motivados por la evasión del IGV.
Mientras la evasión tiende a ser masiva, la elusión suele concentrarse en las grandes empresas; principalmente multinacionales que suelen depositar sus ganancias en paraísos fiscales.
Sin embargo, mucho cuidado, pues, así como hay ciertas multinacionales que utilizan los paraísos fiscales para el lavado de dinero (caso Odebrecht) o prácticas elusivas que merman la base tributaria y desvían ganancias, también hay las que los utilizan para evitar una doble tributación arbitraria que afecte sus legítimas ganancias.
El problema aquí es cómo generar la credibilidad internacional necesaria para seguir atrayendo inversiones al Perú, sin ahuyentar los capitales por el temor de que la SUNAT vaya a ser un uso abusivo de las normas anti elusivas.
Actualmente el impuesto a la renta a las empresas vigente en Perú (29,5%) es más alto que la media latinoamericana y, más aún, que la media de los países de la OCDE. Estados Unidos ya ha reducido su impuesto a la renta a las empresas de 35% a 20%. El Perú no puede quedarse atrás.
A mayor ineficiencia, discrecionalidad y arbitrariedad del ente recaudador de impuestos, mayor la incertidumbre para el inversionista. Se estima que la SUNAT le cuesta al Perú alrededor del 1,5% de los ingresos recaudados, más que en la mayoría de los países de América Latina.
A su vez, a mayor ineficiencia del gasto público, menor es la percepción de legitimidad del cobro de impuestos, por lo que mayor es el incentivo a la informalidad, a la evasión y a la elusión tributaria.
La legitimidad también se ve mermada por la ineficiencia, burocratismo y corrupción que ha maniatado la labor de la SUNAT. Se necesita una nueva SUNAT, gobernada por un directorio comprometido con la eficiencia recaudadora, pero también con la facilitación de la inversión y las actividades económicas.
Cabe señalar que las mejores prácticas en materia de reformas de política tributaria recientes -relievadas por el Informe Reformas de política tributaria 2018 (Tax Policy Reforms 2018) de la OCDE- ponen énfasis en la reducción de las tasas impositivas antes que en su aumento. Particularmente, plantean reducir los impuestos a las empresas y a las personas físicas, con el fin de alentar la inversión, el consumo y la participación en el mercado laboral.
Dicho informe presenta las más recientes reformas tributarias realizadas en los 35 países miembros de la OCDE. Enfatiza los casos de Francia, Letonia y Estados Unidos, con gran hincapié en el apoyo a la inversión y algunas medidas diseñadas para aumentar la equidad, como el aumento de los créditos fiscales por ingresos de trabajo, para incentivar la participación en el mercado laboral, evitar la fuga de talentos y contribuir a la progresividad del sistema tributario.
A su vez, diversos países vienen reduciendo el nivel del impuesto a la renta a las empresas, estableciendo mecanismos para atraer inversiones de alto contenido tecnológico, promover un crecimiento más robusto y generar empleos de calidad; de paso que se desincentiva las prácticas elusivas.
A la luz de todo este análisis, vale la pena que el Congreso convoque a un Consejo Consultivo de Expertos para que en equipo con la Comisión de Economía y el MEF se formule un plan de reforma tributaria que aterrice en leyes de calidad respaldadas por la legitimidad que da el consenso.
Para ello no se requiere la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. La prerrogativa para elevar los impuestos es exclusiva de los representantes del pueblo en consenso con la sociedad civil.
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