Según las palabras textuales de Mirtha Vásquez, causantes de un pánico minero financiero inusitado: “[las minas Inmaculada, Breapampa, Pallancata y Apumayo] no gozarán de ampliación alguna para procesos de explotación ni exploración. Por el contrario, el Estado les exigirá que sus actividades cesen con prontitud.” Anunciaba así el ocaso del orden institucional minero vigente y la instauración del capricho discrecional político para determinar qué minas podrán sobrevivir y cuáles, simple y sencillamente serán aniquiladas.
Inmediatamente las acciones de Hochschild Mining se precipitaron perdiendo un tercio de su valor en la Bolsa de Valores de Londres. “Bienvenidas las inversiones” pregonaba muy suelto de huesos Pedro Castillo en la CADE, mientras parecía oírse un “vengan aquí para hacerlas polvo” como un eco despistado de su premier.
Para colmo, la ministra Vásquez, en un intento de recular lanzó un comunicado en el que adelanta que las fechas de cierre serán las del contrato de concesión original, ignorando el derecho que les asiste a las mineras de extender la vida útil de una explotación a través de nuevas reservas probadas resultantes de “exploraciones brownfield”, que puedan ser realizadas en paralelo a la explotación.
Si la ministra Vásquez tuviera legítimo apego al cuidado del ambiente, tendría que preocuparse por perfeccionar el sistema de multas y sanciones ante situaciones de contaminación del agua, en lugar de prohibir la continuidad de la minería formal, que está sujeta a incesantes supervisiones de la OEFA y se rige por exigencias muy altas de carácter ambiental, dentro de las cuales está el presentar un plan de cierre para poder iniciar operaciones, garantizando el cierre ordenado dada la vida útil de la mina.
Para garantizar el cierre ordenado de una mina el minero constituye garantías monetarias a favor de la autoridad competente, que permitan cubrir los costos de la rehabilitación y así evitar que surjan nuevos relaves que engrosen los pasivos dejados por las antiguas explotaciones mineras. De hecho, hoy en día gran parte de la contaminación del agua, de la cual se quejan con justa razón las comunidades, proviene de relaves antiguos que siguen depredando las cuencas.
Poner coto arbitrario a las explotaciones mineras formales servirá únicamente para incentivar su explotación ilegal e informal, para sustituir la legalidad por la ley de la selva, que no se atiene a ningún estándar ambiental.
Las minas suelen ser explotadas por décadas y hasta siglos. Mientras su período de vida útil se vaya ampliando, su fecha de cierre se va extendiendo. El cierre de una mina procede cuando ya no hay mineral para ser procesado o cuando, teniendo mineral, su costo de explotación resulta siendo muy alto, siendo inviable seguirlo desarrollando. No se cierra una mina porque su plan original contemplaba una fecha de cierre. Menos aún porque a un ministro equis se le ocurre. Los planes de cierre se actualizan anualmente en función a los nuevos hallazgos de reservas probadas.
Eso no significa dejar a un lado la preocupación por el ambiente y el riesgo de que alguna empresa minera formal incumpla las exigencias ambientales. Para ello está el sistema de multas y sanciones, el cual debería mejorarse buscando que genere los incentivos necesarios para que la empresa minera internalice los daños ambientales que puedan generar sus actividades de explotación.
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