La corrupción en Petroperú rebasa de lejos a la del escandaloso ‘Lava Jato’ e involucra a varios presidentes de la república y altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al actual gobierno. La Contraloría y la Fiscalía de la Nación tendrían que cumplir cabalmente su función fiscalizadora, para evitar que prosiga la impunidad.
Como ya se sabe, el 18 de octubre último, el dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras lo cual ganó de manera irregular un contrato para abastecer a Petroperú de biodiesel por US$ 74 millones. Estuvo acompañado de la lobista Karelim López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y su amigo Gregorio Sáenz Moya, quien inmediatamente después resultó siendo contratado por Petroperú, a pedido expreso de Pedro Castillo.
Es tal el nivel de descomposición y descaro al que ha llegado esta empresa estatal que, el 20 de enero de 2022, el directorio de Petroperú se dio el lujo de acordar que la Gerencia de Cumplimiento ya no eleve a ese máximo órgano de dirección sus reportes de control operativo, sin que éstos tengan previamente la venia del gerente general, el cuestionado y todopoderoso Hugo Chávez, amigo íntimo del presidente Pedro Castillo. Como bien se sabe, en toda empresa seria, tanto la gerencia de cumplimiento como la de auditoría, ejercen funciones delegadas directamente por el directorio para ayudarlo a cumplir su rol de control gerencial y operativo.
Ahí no queda la cosa. Ese salto con garrocha a los principios del buen gobierno corporativo, dio lugar al disentimiento y posterior despido de la gerente de cumplimiento, Zenaida Campos, quien había emitido un informe sobre las irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh, amigo de Sáenz. Encima siguen las presiones ejercidas contra los trabajadores, por parte del Hugo Chávez de Petroperú, para desaparecer pruebas.
Si bien la corrupción en Petroperú viene de muy atrás e involucra a varios gobiernos, preocupa el nivel de podredumbre que viene alcanzando la mayor empresa del país. Se trata de recurrentes contratos de abastecimiento, proyectos de inversión y gastos de mantenimiento sobrevalorados. De ahí que esta empresa de todos los peruanos arroje pérdidas, a pesar de vender sus productos en un mercado oligopólico en el que su poder para fijar precios es altísimo.
El festín de sobrecostos se facilita por ser la única empresa pública exceptuada del control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y del organismo rector de la actividad empresarial del Estado (Fonafe), por lo que se da el lujo de tener su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones.
La factura de esta inmensa corrupción la vienen pagando todos los peruanos, al sufragar sus pasajes de transporte público, al echar gasolina a sus vehículos o comprar cualquier producto que tenga que ser transportado para llegar al consumidor.
La mayor fuente de pérdida para Petroperú proviene del Plan de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). No es que estuviera mal que Petroperú pretendiera modernizar la refinería de Talara; indispensable para eliminar los sulfuros contaminantes del diésel y las gasolinas, ya que superaba las 2,000 partes por millón (ppm) de azufre. Se supone que el MRT reduciría este parámetro a 50 ppm. Sin embargo, ese propósito no debiera haber costado más de US$ 800 millones; parecido a lo que costó modernizar la refinería La Pampilla. [1]
¿Qué se hizo en la práctica? Se procedió a montar una nueva refinería en Talara, en abierto incumplimiento de la ley (N°30130) que declaró de necesidad pública e interés nacional la ejecución del PMRT. Entonces se decidió elevar la capacidad de procesamiento de la refinería en 30 mil barriles diarios, pasando de los actuales 65 mil barriles a 95 mil. Esos 90 mil barriles de petróleo no son siquiera suficientes para cubrir la demanda doméstica, que supera los 150 mil barriles.
Referencias:
[1] La Refinería La Pampilla, de propiedad de Repsol, produce 102 mil barriles diarios, el proceso de desulfurización del diésel y gasolina y una ampliación de producción de 15 mil barriles diarios sólo le costará US$ 740 millones (declaraciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol 18/10/16) mientras que la Refinería de Talara necesita US$ 4,782 millones para ejecutar un proceso similar. Gato Encerrado (13/03/2022).
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