La crisis moral que afecta a la política peruana demanda una reflexión seria sobre la relación que debería existir entre moral y política. Para quienes comulgan con Maquiavelo en el sentido de que el fin justifica los medios, la política es en esencia amoral. En esta línea de pensamiento, Benedetto Croce afirma que la moral del político comienza y termina en la búsqueda del orden público y el bien común, por lo que cualquier acción que apunte a ese fin no viola ningún ordenamiento moral abstracto.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando el fin desaparece? ¿Cuándo el estadista desaparece y el poder político cae en manos de gente sin capacidad moral para perseguir fines como la búsqueda genuina del orden público y el bien común? ¿Qué pasa si un narciso mártir amoral asume el mando de la nación bajo un código gansteril y se atrinchera en sus objetivos destructivos derivados de su vinculación disfuncional con la sociedad y la política? En tal caso, la sociedad debiera poder defenderse para ponerle coto a su autodestrucción.
Max Weber [3] consideraba que las cualidades morales fundamentales de un político son la prudencia y la sensatez, en la medida que ellas permiten un sano equilibrio. Para él la política se rige por la ética de la responsabilidad y no de la convicción, entendiendo que la primera es guiada por el deber y las consecuencias, a diferencia de la segunda que se guía por los principios. Y subraya la necesidad de alcanzar un equilibrio entre principios y consecuencias.
De no ser así, si el político se guiara sólo por los principios, caería en el fanatismo y la intolerancia, y si sólo se orientara por los resultados, sin tomar en cuenta los principios, llegaría a posiciones cínicas que minarían su legitimidad.
De aquí se deriva la teoría de la ‘Razón de Estado’, que postula situaciones de excepción moral para los gobernantes, justificables sólo en circunstancias extremas. La razón de Estado, sin embargo, debiera considerarse una posibilidad negada para el gobernante que utiliza su poder para manipular la realidad o para falsearla haciéndola aparecer como una situación extrema. Ay del gobernante que declara a su país en emergencia para poder sojuzgarlo, para hacer de su pueblo un mero observador de destrucción y latrocinio.
Por ello, y más allá de toda la evidencia existente, en el Perú la incapacidad moral del gobernante no necesita ser probada y la Constitución no prevé un antejuicio (proceso legal) para el presidente, como sí existe en Estados Unidos. El proceso para declarar la vacancia de Pedro Castillo se viene cumpliendo a cabalidad, incluyendo su derecho a defenderse. Si un presidente traiciona su juramento, la sociedad representada por el Congreso tiene el derecho de defenderse, y éste está en la obligación moral de actuar en consecuencia y no de sus propios intereses.
Referencias:
[3] Max Weber (2001) El político y el científico. Madrid: Alianza.
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