Coca, amapola y lavado de dinero
Aparte de esos negocios diversos, hay tres sectores que son estratégicos para la actividad de lavado de dinero al por mayor: el sistema financiero, las universidades y las empresas de transportes. Los dos primeros le permiten amplificar el lavado de dinero y hacerse de una reputación comercial, social y política, mientras que un servicio de transporte informal es fundamental para el traslado camuflado de la droga y los insumos que permiten producirla.
Al ofrecer bienes y servicios a precios por debajo de su real costo, las empresas de fachada generan una competencia desleal a las demás empresas. Distorsionan los precios de mercado por el lado de la oferta y también por el lado de la demanda, puesto que los mafiosos disponen de excedentes masivos que se gastan en viajes, fiestas, compras de lujo, financiamiento de equipos de futbol y, por último, la compra de candidatos políticos que luego quedan comprometidos a dar normas para favorecer sus actividades ilícitas.
La demanda artificial que genera el dinero sucio da lugar a un aumento también artificial de los precios, debido a que quienes lavan dinero están siempre dispuestos a pagar más por cualquier bien o activo.
Para las demás empresas o políticos que no gozan de los millonarios recursos provenientes de la plata sucia lavada por empresas de fachada y entidades financieras inescrupulosas, la subsistencia en el mercado se torna en una gimnasia cotidiana dramática.
El lavado de dinero también afecta la recaudación tributaria mientras al mismo tiempo genera espejismos de bonanza por las inyecciones de liquidez invisible en la economía, incidiendo en proyecciones de crecimiento del PBI mayores a las reales, lo que induce a la aplicación de políticas fiscales expansionistas que ahondan el desbalance fiscal a mediano plazo, incentivando un endeudamiento público excesivo, no sostenible en el tiempo.
El masivo movimiento de dinero ilegal genera también una alta volatilidad en la demanda de dinero, en los flujos internacionales de capital y el tipo de cambio debido a transferencias transfronterizas de activos inesperados.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del 2010 al 2016 se lavó más de US$ 13 mil millones en el Perú. Sin embargo, esta cifra no estaría reflejando la real situación en toda su dimensión pues, si bien se aproxima de alguna forma al dinero ilegal proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, subestima los flujos de dinero ilícito proveniente de la corrupción, la tala ilegal, el tráfico de tierras, el contrabando, la subvaluación, la trata de personas, el tráfico de animales y otros delitos.
Debe fortalecerse la autonomía y la capacidad de acceso a información y monitoreo actualizado de la UIF, procurando que su labor merezca el respaldo articulado de todo el Estado para combatir el lavado de dinero. Para ello es esencial blindar el sistema político de la infiltración mafiosa y la captura de organismos tutelares de la nación, como la Policía Nacional.
Como reza la hermosa canción: Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola; yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Hoy más que nunca, recemos porque los mejores peruanos, los más honestos y probos, sean quienes desempeñen los cargos de ministros. Las riendas del Estado deben iluminar el destino de todo el pueblo peruano y no el de las mafias, sus lugartenientes y lacayos.
Comments