(Previamente publicado en Alerta Económica de MAXIMIXE, bajo el título: ¿QUIÉN ES MÁS POPULISTA: EL MEF O EL CONGRESO?)
El gobierno es víctima de su propia trampa, como lo denota la siguiente frase del premier Walter Martos: “El sector privado va a gastar menos. Entonces, a quien le toca gastar más es al sector público, es la única forma de reactivar rápidamente la economía nacional.” Y gastar más significa ausencia de austeridad y ausencia de enfoque integral sostenible.
Por ejemplo, a la agricultura familiar, más que inversión en canales y drenes, le urge una transferencia de capacidades (asistencia técnica, semillas, planificación de cultivos, capacidad de acopio, sistema de distribución, etc.) e información oportuna para poder sembrar y cosechar sin perder plata. Lo que le viene sucediendo con los paperos es sintomático; se están empobreciendo ante precios irrisorios derivados de una sobre producción no detectada a tiempo por el gobierno.
El sector privado va a gastar menos porque no ve rumbo claro. Primero, porque el Estado, en lugar de desmantelar las trabas burocráticas durante el proceso de reanudación de operaciones de las empresas, viene endureciéndolas y multiplicándolas. Organismos como Sunafil, Senasa, Digemit junto a las municipalidades se han convertido en el Covid más amenazante para las empresas. Incluso la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, es ahora una rémora para remover barreras burocráticas. ¡Como el cangrejo nomás andamos!
Segundo, porque el proyecto de “Presupuesto Público 2021” y el “Marco Económico Multianual 2021-2024” (MMM) recientemente evacuados por el MEF lanzan a la estratósfera el gasto planeado para 2021 y los años siguientes, con un déficit fiscal de 10.7% del PBI al cierre de 2020, el cual proyectado optimistamente volvería a niveles de déficits inferiores al 1% del PBI recién en 2026, bajo el supuesto heroico de que la economía crezca a un ritmo anual de 4.7% anual, como si viviéramos con Alicia en el País de las Maravillas.
Si no se pone coto a este presupuesto inflado, las consecuencias a mediano plazo serán nefastas. Desde ya se puede avizorar una expansión en ascensor de la deuda pública respecto al PBI, que desde el 26,8% del PBI en 2019 subiría optimistamente a 35.4% en 2020 y 39.1% en 2023, según el MMM, lo que implicaría que recién en 15 años Perú podría retomar niveles de deuda pública por debajo del 30% del PBI; parámetro muy crítico para no perder el grado de inversión que hasta aquí le había permitido al tesoro público endeudarse a tasas relativamente bajas.
Sin embargo, esa trepada podría ser mucho más empinada si la economía creciera a un ritmo menor al 4,7% por año proyectado por el MMM y si, además, se concretaran contingencias negativas altamente probables: como el no pago parcial de los préstamos Reactiva 1 y 2, la probable devolución de los aportes de los pensionistas a la ONP y la probable depreciación del sol frente al dólar. Incorporando estas contingencias, el ratio de deuda pública sobre el PBI podría dar un salto sobre el 50% del PBI en 2024, lo que generaría presiones recesivas incontenibles.[1]
Y para colmo de maravillas, en 2021 los ingresos tributarios volverían a su nivel previo a la pandemia, por arte de magia y una “mayor fiscalización”; ingresos fantasiosos que no se condicen con las perspectivas negativas del entorno mundial y el entrampamiento económico al que nos hemos metido durante la pandemia. Estimo que al cierre de 2020 los ingresos tributarios caerán por lo menos en S/ 20 mil millones; alrededor de 20% por debajo del nivel pre pandemia.
Lamentablemente ya no se sabe quién se lleva las palmas en cuanto a populismo: ¿El MEF o el Congreso? Ambos vienen actuando de espaldas a una responsabilidad fiscal. Creen que el tesoro público es un barril sin fondo, que puede repartir plata a diestra y siniestra, sin importar su impacto a mediano plazo para los peruanos en su conjunto. Es una pelea entre gitanos.
El presupuesto para 2021 supera los S/ 183,000 millones, de los cuales S/ 48,000 millones pretende financiarlos con endeudamiento; casi el doble que el nivel (S/ 21,239 millones) contemplado en el presupuesto institucional de apertura (PIA) de 2020. Esto significa un aumento de la deuda pública respecto al PBI en más de 11 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, lo que pone al país en una situación de vulnerabilidad económica.
El argumento de la ministra para incurrir en tremendo shock de endeudamiento es que habrá menores ingresos debido a la crisis pandémica (S/ 18,000 millones de menores ingresos por recursos ordinarios). Sin embargo, este argumento, antes bien, debiera ser motivo para evitar ampliar el presupuesto y no para endeudar más al país.
Vivimos la peor crisis económica de la historia y no es posible que los 32 millones de peruanos sigan cargando sobre sus hombros el costo de una burocracia frondosa e ineficiente. Es tiempo de fusionar organismos públicos, reducir el número de embajadas e instituir la carrera pública obligatoria en todo el Estado. En paralelo, hay que reducir drásticamente las exoneraciones tributarias.
Ya es tiempo de que el Estado se ajuste el cinturón y reduzca drásticamente la corrupción. En las últimas dos décadas la burocracia estatal ha crecido el doble que la recaudación tributaria. El Ejecutivo y el Congreso deberían dar el ejemplo bajándose las remuneraciones y reduciendo el número de asesores y enviando a sus casas al personal excedente, ganando el 60% de su remuneración sin trabajar, durante un par de años durante los cuales se les puede capacitar para ingresar a la economía digital y circular.
No puede ser que en esta crisis el mayor sacrificio lo estén haciendo principalmente los más pobres. Incluso la mayoría de micro y pequeñas empresas que han logrado sobrevivir, lo vienen haciendo a punta de una austeridad radical, con reducciones drásticas de remuneraciones y de horarios de trabajo. ¿Por qué el Estado no lo hace? Es él el que debiera haber dado el ejemplo. ¿O acaso tiene corona?
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