El presente artículo se publica con el permiso del boletín Alerta Económica, producido por MAXIMIXE.
Hoy por hoy las principales amenazas a la seguridad nacional ya no provienen de posibles guerras fronterizas. Provienen de planes de destrucción masivos con armas atómicas, químicas, bacteriológicas o cibernéticas. También de contingencias derivadas del abuso perpetrado por el ser humano contra el hábitat natural de animales y plantas, o de la manipulación de patógenos desencadenantes de pandemias desde laboratorios públicos o privados.
Si entendemos por seguridad nacional la salvaguarda de las vidas de los peruanos, su integridad y la de su hábitat, a todas luces ya no necesitamos unas Fuerzas Armadas dueñas de voluminosos armamentos convencionales y soldados, sino un ejército de talentos, con grupos de élite polivalentes, expertos en adelantarse y actuar rápidamente frente a cada tipo de amenaza.
La mejor defensa nacional contra una pandemia será un sistema de salud fuerte, pero no sólo eso. El Covid-19 ha puesto en evidencia la paupérrima posición de los hospitales peruanos en el contexto latinoamericano. Nuestro seguro de salud ‘universal’ (SIS) cubre tanto a la población como un desnudo de Picasso. Tampoco las clínicas y seguros privados se salvan, tanto así que su aporte a solucionar la emergencia sanitaria ha sido virtualmente cero.
Durante esta crisis, el presidente Vizcarra nos ha regalado sucesivos anuncios de medidas sanitarias y económicas, muchas de ellas muy bien intencionadas, pero que inmediatamente se estrellan con una cruda realidad heredada de gobiernos anteriores, como también de propios errores de focalización o de gestión.
Vizcarra les repite una y otra vez a nuestros conciudadanos “lávense las manos” y desde sus casas ellos le responden “no tengo agua” o “el grifo queda afuera”. También Vizcarra les dice a nuestros niños y jóvenes “estudien de manera virtual” y ellos le responden “no tengo Internet y así me regalen una laptop no tengo conectividad.” Entonces Vizcarra vuelve a la carga e insiste: “almacenen sus alimentos” para que no salgan de sus casas todos los días y hagan aglomeraciones, y todos al unísono replican “no tenemos refrigeradoras”, “tampoco tenemos plata para comprar alimentos por una semana.”
No tener agua potable, no tener Internet, no tener refrigeradora, no tener un mínimo de ahorros para subsistir al menos un mes o una semana. Todos estos son factores de inseguridad nacional. Si bien son difíciles de afrontar de un momento a otro, queda claro que no pueden quedar como bielas sueltas para el futuro. La satisfacción de necesidades básicas ya no es solo un reto social de largo plazo; es un imperativo de corto plazo.
Las aglomeraciones en los grandes mercados de Lima, principal fuente de contagio del Covid-19, se debe a la búsqueda de los precios más bajos. Este problema podría solucionarse organizando una gran cantidad de ferias de abastos en calles amplias o plazas de cada distrito, para evitar las concentraciones de personas, y éstas puedan adquirir productos traídos del mercado mayorista o directamente de productores.
La distribución de bolsas de alimentos en los lugares más alejados podría estar a cargo de la Fuerza Armada, dado que dispone de los medios logísticos para ello, con el soporte de las municipalidades y organizaciones religiosas presentes en cada zona. Complementariamente se podría usar servicio delivery, siempre que no encarezca demasiado la entrega.
Para evitar las largas colas para cobrar el subsidio de 380 soles a personas vulnerables, el Banco de la Nación debería darle a la población-objetivo identificada con DNI un acceso electrónico a ese dinero, vía aplicativo móvil de banca en celular, para que puedan comprar directamente online o transferir ese dinero a sus cuentas en otros bancos.
Son dos los objetivos primordiales en esta situación de guerra: salvar todas las vidas de peruano que sea posible y, a la vez, preservar el empleo y la integridad de la cadena de pagos.
Los 30 mil millones de soles de Reactiva Perú deberían llegar lo antes posible a las empresas que más necesitan esos recursos con garantía del Estado, que son las que no tienen garantías suficientes para obtener un crédito a una tasa baja. Para ello las empresas postulantes y sus socios deberían firmar una declaración jurada que deje constancia de la magnitud de falta de disponibilidad de garantías. La tasa no debería superar el 2% anual.
Es increíble que el Estado cuente con un tremendo portaaviones bancario, como lo es el Banco de la Nación y su amplia red de oficinas en todo el Perú, y no haya sido utilizado en la distribución de los fondos de Reactiva Perú y el FAE. No olvidemos que estamos en una economía de guerra.
Hasta ahora el gobierno se está comprometiendo a gastar 12% del PBI en esta emergencia. Es un montón, pero aún es temprano para saber si será suficiente. Para financiar parcialmente ese gasto acaba de emitir bonos en el mercado internacional por US$ 3 mil millones, a una tasa de 2,37% a 5 años y de 2,78% a 10 años.
Debería ser preocupación central de todos y principalmente de los más ricos, que esos recursos se gasten con eficiencia y no se filtren a los que no necesitan ayuda por estar en una posición económica privilegiada. Ese celo no solo ayudará a mantener nuestra buena calificación de riesgo país, que nos ha permitido obtener esas bajas tasas de interés, sino que también evitará que el gobierno se vea en la obligación de instaurar un impuesto a las fortunas, típico de las economías de guerra.
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