Fue trascendente el discurso del ex presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, realizado el 15 de marzo de 1962. Ahí, resaltó el rol de los consumidores en el desarrollo económico y cómo han sido afectados por casi toda decisión económica, pública y privada, por lo que era menester la actuación del estado a fin de proteger ese interés común debido a que “consumidores son todos.
La protección al consumidor a través de los años está vinculado a la esencial participación de diversos grupos de ciudadanos en Estados Unidos que solicitaron el tratamiento justo y adecuado de los productos y servicios ofrecidos por proveedores como los bancos, luego tales reclamos se extendieron por todo el mundo
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 65° que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Es desde los cimientos constitucionales que surge la necesidad de cautelar los derechos de los consumidores en el mercado.
Según INDECOPI - Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, entre las principales atribuciones de los consumidores está el derecho a recibir del proveedor información oportuna, suficiente, veraz y accesible para tomar una decisión de consumo adecuada, y el derecho a recibir servicios idóneos, es decir, que lo adquirido guarde relación con lo ofrecido.
INDECOPI, “dice” que promueve la protección de estos derechos y que los proveedores cumplan con sus obligaciones”.
INDECOPI “dice públicamente que ha impuesto multas a 15 empresas financieras por un total de s/3,6 millones, por 192 operaciones no reconocidas que incurrieron en infracción”.
Entre enero y julio del 2024, INDECOPI registró un total de 4.406 reclamos y 2.054 denuncias contra las entidades del sistema financiero por operaciones no reconocidas. Como resultado de las investigaciónes de las denuncias, en cerca de la mitad (920) se concluyó que las entidades financieras infringieron las normas de protección al consumidor.
INDECOPI afirma que, en ese periodo, impuso multas a 15 bancos, cajas y financieras por un total de S/3,6 millones por 192 operaciones no reconocidas en las que se permitió que se afecten las cuentas de sus usuarios.
Sobre lo afirmado por INDECOPI debería la Contraloría General la República investigar y comprobar si es verdad tal afirmación pública. Sobre las multas de las cuales se beneficia INDECOPI puede ser cierto ya que los consumidores se quejan y ellos imponen las multas (recursos captados para dicha institución) pero el resultado final muchas veces no beneficia en definitiva a los consumidores luego de una demora fuera de plazos de ley para resolver las denuncias que pueden pasar el año.
En ese sentido, lo que llama poderosamente la atención y hay que precisarlo contundentemente, es que la secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, para resolver casos muy urgentes referidos a quejas probadas ampliamente con documentos de los consumidores afectados, no cumple con el tiempo establecido para el debido proceso.
El Decreto Supremo N° 085-2010-PCM, TUPA - INDECOPI, referido al vencimiento de los plazos para resolver los temas. Según la normatividad vigente, la investigación de los casos debe resolverse en 120 días.
Pero actualmente hay cientos de quejas de consumidores, que a pesar de haber transcurrido 360 días de las denuncias presentadas no las resuelven definidamente a la Comisión no le interesa al parecer a adrede. ¿Por qué? ¿algo muy extraño sucede?
Cabe destacar, por lo acotado en el párrafo anterior, que la actitud de INDECOPI colisiona directamente con el código de ética y conducta de dicha institución, que establece como un deber que los funcionarios a cargo de las denuncias cumplan con observar e investigar el debido proceso, dentro del cual existe el plazo razonable de 120 días.
“El delito sólo existe para los pobres, mientras los ricos y poderosos andan inventando nuevas leyes para impedir que los pobres se rebelen y ellos sigan robando al pueblo en los bancos, telefonía, recibos de luz, agua” Alex Pimentel.
Al respecto, se debe precisar que la economía tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la persona y para ello se deben aplicar medidas para lograrlo. Si se deja todo al mercado, las cosas se harán en beneficio del grande y al no pensar en el resto se ira contra de los intereses de la mayoría perjudicando a la sociedad.
Estos hechos en perjuicio directo de los consumidores nos hacen recordar cuando un ex ministro de economía del año 1992, al referirse al INDECOPI creado en su época dijo: ¡Frankenstein sigue vivo!
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