El Gobierno debe promover alternativas de financiamiento para los productores del sector agropecuario, que realicen actividades en lo alimentario, forestal y del medio rural, por medio de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos, para elevar su productividad y su nivel de vida.
En la actualidad por la situación de recesión en la economía 2023, ha generado que el PBI agrario sea de - 3%, el sub sector agrícola - 4.3% y pecuario -0.8%, más los conflictos políticos y sociales que atravesamos, entonces se está perdiendo de vista el problema del productor, quien no cuenta con capital de trabajo (financiamiento) para producir en el campo.
Conocemos que la política económica neo liberal, ha reducido a su mínima expresión la influencia del MIDAGRI en la elaboración y aplicación de una política agraria y es el MEF que no es especializado en dicha temática, quien define la política sectorial de forma errada o al revés.
La minimizada aplicación de una política agraria con una política macroeconómica de libre mercado y la reducción de la función reguladora del Estado, ha generado una mínima influencia del MIDAGRI en la formulación y aplicación de una política sectorial en temas arancelarios, tributarios, financieros, competencia desleal con países que subsidian a su agricultura entre otros.
El MEF no conoce que una brecha que limita la competitividad del productor agropecuario es que el 91% de las 2,260,973 Unidades Agropecuarias no acceden al crédito.
El Ministro Alex Contreras; es evidente que no ha leído o no entiende: que el artículo 88º de la Constitución Política, señala, que el agro es un sector que debe tener un trato preferente por que aporta a la economía y trabajo, a la salud, al turismo, al comercio...: y si hubiese actividad protegida y garantizada en el campo con maquinaria, semillas, créditos, capacitaciones, tecnología, servicios básicos, buena calidad de vida...; no habría la necesidad de que los productores migren a las ciudades. No olvidemos que el agro trabaja con seres vivos.
El sector agrario se encuentra casi abandonado, hay un temor de los bancos privados por invertir, dejando de lado la inclusión financiera para atender las zonas rurales.
Señor ministro de economía, usted ha reconocido públicamente que la crisis agraria es profunda, perjudicando a los/as productores de la agricultura familiar
¿Qué le pasa señor Alex Contreras? usted, pomposamente declaro que el Gobierno impulsará el desarrollo empresarial rural; y cuenta con S/ 50 millones para promover la economía de organizaciones de las zonas rurales. Para empezar y con la finalidad cumplir con el objetivo, crea el fondo inclusivo de desarrollo empresarial rural (FIDER) y se compromete a COFIDE institución que le pone una serie de obstáculos a AGROBANCO y a toda acción que tiene que ver con sector agrario. Además, crea una secretaria técnica a cargo de COFIDE y en el comité de dirección ¿ningún representante del MIDAGRI?; a parte de una tramitología burocrática que viene generando que el pretendido plan de desarrollo empresarial rural fracase y sea una ocurrencia solo para impresionar públicamente.
Ministro en el MIDAGRI si “no lo sabe”, existe la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros con dos direcciones de línea: 1) Dirección de Asociatividad y Desarrollo empresarial, 2) Dirección de Seguro y Fomento del Financiamiento agrario.
La necesidad de tener un Banco especializado que atendiera las necesidades financieras del sector agropecuario siempre es un punto de debate. Constituido en el 2002, el Banco Agropecuario (AGROBANCO) es una empresa del Estado, gestionada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
El FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) es una empresa de derecho público, adscrita al sector Economía y Finanzas; es el único accionista de AGROBANCO y se supone que sus acuerdos son serios y deben cumplirse.
Sin embargo, el 2023 FONAFE dispuso un aumento del capital social de AGROBANCO en S/. 200 millones para fortalecimiento patrimonial y de esa manera atender la necesidad de crédito de los pequeños productores a nivel nacional. Sin embargo, llama poderosamente la atención que a la fecha solo se ha cumplido con el desembolso de S/. 50 millones y acaban de disponer arbitrariamente que los S/. 150 millones restantes no se ejecutarán (S/. 50 millones diciembre 2023 y S/. 100 millones 2024).
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