Señor Contreras entienda, hay crisis en la agricultura familiar el cambio climático viene golpeando un sector primario de la economía. Parece que usted olvida o no ha leído que el artículo 88º de la Constitución Política vigente establece que el agro tiene un trato preferente, (el agro trabaja con seres vivos).
Reconozca que mientras se regularizan los precios de los productos agropecuarios básicos en la canasta básica, 6 de cada 10 peruanos encuestados por el INEI, afirma que en los últimos 3 meses se han quedado sin alimentos alguna vez. Esto refleja cómo se agudiza la crisis alimentaria en nuestro país, más de la mitad de la población carece de comida suficiente (según la ONU).
Fuente: Comisión de Presupuesto – Congreso de la Republica
El Perú se ha convertido en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica. La principal causa de esta inseguridad es una tasa de pobreza que este año alcanza a la cuarta parte de la población, impidiéndole cubrir su canasta básica de alimentos.
Para el 2024 se debe incrementar la partida de préstamos para 13 mil productores más o sea 200 millones, el Fondo de Garantía para el Campo FOGASA debe incrementarse en 160 millones y el Emprendimiento de la Mujer Rural pasar a 30 millones, un total de 290 millones que tienen sobradamente financiamiento que el Señor Contreras no ha querido considerar para el ejercicio fiscal del 2024.
El mayor impacto en mujeres rurales e indígenas
El presupuesto 2024 prácticamente no incorpora la perspectiva de género, lo cual permitirá orientar mayor cantidad de recursos al empoderamiento de las mujeres en el sector, Es importante que en los gremios y otras organizaciones de productores agrarios, reconozcan que las mujeres rurales e indígenas sostienen la vida, cuidan las tierras y territorios, los recursos naturales, familias y comunidades, aún más en escenarios tan inciertos como el actual.
Las crisis de los últimos años han tenido mayor impacto en las mujeres rurales e indígenas, quienes han tenido dificultades para reducir la pobreza luego de la pandemia y están invisibilizadas dentro de la actividad agraria debido a décadas de debilidad institucional y el machismo estructural del campo.
A pesar de que las mujeres rurales representan el 30% de la población productora del sector agrario, aún es muy poca la creación de políticas y programas orientados a atender sus necesidades y las brechas de género en el agro. Los avances que se dieron en 2021 con la Ley N° 31168 que crea la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria y el Fondo de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena no han tenido los resultados esperados.
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