Ahora que la maquinaria del Estado necesita estar a tono con las exigencias de un nuevo gobierno y de las situaciones tan complejas que nos ha impuesto la nueva realidad se vuelve un imperativo la inclusión de la innovación. Casi siempre se considera que innovación y administración pública son incompatibles y que solamente se puede vincularse con las empresas privadas porque estas son más flexibles y adaptativas. Estas percepciones no solo que no son ciertas, sino que muchas de las organizaciones públicas son también actores de cambio y de forma permanente, y hoy con la pandemia, aún más se ha innovado y se han adaptado a las nuevas circunstancias del mundo en que vivimos.
La realidad ha hecho que se la gestión de lo público y todas sus instituciones se transformen e innoven, los hospitales, la seguridad, los trámites, la atención al público, los bancos del Estado y otras lo han hecho. Además, los servidores públicos cada vez más tienen un alto nivel de profesionalidad que les hace totalmente aptos y permeables a la innovación. Las administraciones públicas tienen poseen una gran potencialidad y capacidad real de innovación. Todas las disrupciones y cambios de paradigmas que se ha dado en los últimos tiempos en la tecnología, en la ciencia, en la salud, en la seguridad, en el comercio, en la educación y demás han sido gracias la participación de lo público y la gestión de las políticas públicas.
De todos modos, aunque los organismos públicos posean las condiciones necesarias para poder ser innovadores no todos realmente lo son ya que hay también tensores reactivos que dificultan la capacidad de innovación. En muchas ocasiones, las dinámicas e inercias organizativas, los sistemas de gestión de recursos humanos, las relaciones laborales y una cultura administrativa conservadora e inercial dificultan las capacidades potenciales de innovación. Ahora pues, aunque los organismos de lo público tengan las condiciones para ser innovadores no todos realmente lo son porque son espacios de tensión de lo político y esto dificulta en gran medida la innovación, principalmente normativa, y esta sí, es una variable que condiciona notablemente los cambios en lo público. Por esto, es adecuado reconocer que nuestras administraciones públicas podrían ser más innovadoras en las políticas públicas y en los servicios que ellas prestan.
El CLAD define el concepto de innovación tiene un carácter elástico y ambiguo. En el caso de la gestión pública podría definirse como la necesidad que la Administración Pública tiene que anticiparse y adaptarse a los cambios sociales; y, en general, a todo tipo de cambios que haga que la relación entre ciudadano-Administración se transforme y que la Administración Pública tenga los mecanismos necesarios y optimizados para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, de esta definición puede desprenderse que el concepto de innovación va cambiando en función de los retos de cada momento y temporalidad.
En el caso de las administraciones publicas latinoamericanas se asocia innovación al uso de tecnologías de información, pero esto como sabemos, son medios de innovación, lo que se requiere es trabajar en escenarios creativos que se adapten a las necesidades sociales y políticas complejas. No pueden limitarse a la innovación a mejoras incrementales o circunstanciales sino a rupturas profundas para generar igualdad, oportunidad, eficiencia y transparencia en el manejo de la administración pública. El Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, como universidad de posgrado, es el espacio adecuado en la generación de profesionales y políticos que innoven la gestión de lo público.
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