Escribí antes acerca de la corrupción diplomada. Es decir, aquella aberrante valoración de parte del Estado, de equiparar títulos académicos, independientemente de las instituciones que los otorgan. O sea, que se valore igual un título de La Vallejo o La San Juan Bautista, con un título de San Marcos o de Cayetano Heredia.
Ahora bien ¿por qué menciono solamente a La Vallejo y la San Juan Bautista y no a otras universidades bamba? Pues porque me acaba de llegar un estudio denominado “Examen Nacional de Medicina (ENAM): Análisis de la última década de evaluaciones teóricas en los futuros médicos del Perú”; elaborado por el Dr. Giuston Mendoza-Chuctaya, entre otros investigadores y colaboradores.
El ENAM es una prueba de 200 preguntas diseñada para medir los conocimientos fundamentales de los futuros médicos generales. ¿Qué dice el estudio en cuestión? Pues que entre el 2009 y 2019, los peores rankeados a nivel nacional fueron los estudiantes del último ciclo de Medicina Humana de dichas universidades. El 70 % de los alumnos de la Universidad César Vallejo, que realizaban su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), desaprobaron el examen. Y el 63 % de los estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, tampoco aprobaron la prueba. O sea ¿qué quieren que les diga? ¡Una estafa de aquellas!
Claramente, la politización de la educación universitaria es la madre del cordero. Ambas universidades, y varias más, son de propiedad de políticos en actividad. En los casos antes mencionados, de César Acuña Peralta y José Luis Elías Ávalos, respectivamente. Lo más sorprendente de todo es que ambas universidades han sido licenciadas por SUNEDU. O sea ¿qué mide SUNEDU? ¿Conocimientos o plata como cancha? Bueno pues, del resultado del estudio respecto del ENAM, más parece SUNEDU mide lo segundo. En fin.
Pasemos ahora a la otra corrupción enquistada en el Estado peruano: la corrupción licenciada. Es decir, aquella corrupción materializada en las famosas licencias de conducir, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, y mil tipos de licencias más. No hay Ministerio, Gobierno Regional, ni Municipalidad Provincial o Distrital que no tenga vela en este entierro.
La corrupción licenciada es muy parecida a la corrupción diplomada. Efectivamente, en nuestro país, muchas licencias son falsas. Cero merecimientos.
Entre las muchas licencias que emite el Estado, las de conducir son las más conocidas. Varios pueden dar fe de lo lucrativa que es la corrupción licenciada. Tanto que – gracias a ella – se pudo financiar la millonaria campaña electoral presidencial y congresal del partido político Perú Libre.
En Ica, cuando llegamos al Gobierno Regional en el 2015, las licencias de conducir se traficaban – sin ningún examen de por medio – a S/300 o S/500 para conductores de autos particulares, y a S/1,500 o S/3,000 para conductores de camiones de carga pesada y autobuses grandes para transporte de pasajeros. Incluso, por una módica suma adicional, se brindaba un servicio de “Delivery a Domicilio”. De acuerdo a lo que desmantelamos en Ica, yo estimo que cada mafia regional de licencias de conducir se embolsicaba entre S/150 mil y S/ 300 mil diarios. ¡Un platal!
A ese respecto, uno de los mayores logros de nuestra gestión como Gobierno Regional fue destituir a la mafia enquistada en la Dirección Regional de Transportes, denunciar a sus miembros ante el Ministerio Público, y mejorar significativamente la atención a los ciudadanos. Pero todo ello acabó con el fin de nuestra gestión.
Conclusión: “Dinámicos del Centro”; es decir, mafias de licencias de conducir, hay en todos los Gobiernos Regionales, incluso en el propio Ministerio de Transportes, en Lima. Por ello, el Perú está lleno de conductores de vehículos particulares y de transporte de carga pesada y pasajeros, ¡que no están calificados para manejar! Por ello hay tantos accidentes automovilísticos en nuestro país.
Y lo mismo pasa en las Municipalidades Provinciales y Distritales. “Los Tiranos del Centro” de la Municipalidad de Huancayo – por ejemplo – lucraban chantajeando, cobrando cupos, “otorgando licencias de funcionamiento”, a los comerciantes formales e informales de la ciudad. Tal como sucede por todos lados en nuestro país, salvo, muy contadas y honrosas excepciones.
Y así por el estilo. Las licencias de construcción y de funcionamiento – y las mil clases de licencias más – son la misma historia, harta corrupción, y harta plata por lo bajo. En ese sentido, la corrupción licenciada constituye otra faceta de la podredumbre moral que hay que desterrar en nuestro país. Para ello se propone – precisamente – una radical simplificación administrativa en el Estado y otra – también radical – transformación digital del mismo. Cero colas, cero papeles, cero sellos y firmas, cero discrecionalidades, cero coimas. Todo digital.
Pero con un Estado inoperante y cómplice de la corrupción, nada bueno debemos esperar. Con esa gente en el poder, el único camino que los peruanos tenemos por delante es la debacle. Necesitamos eliminar la corrupción licenciada en nuestro país.
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