Los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto” revelaron – a la bruta – el extremo al que podían llegar ciertos jueces y fiscales, cuando se pasan al lado del mal. Para muestra, tres botones: (1) “Tu encargo se cumplió.” Estaban hablando del nombramiento en un alto cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura de una joven, digamos… débil de carácter. (2) “¿Qué baje la pena o que lo declaren inocente?” Estaban coordinando la sentencia de un delincuente violador de una menor de edad. Y (3) “Estoy pensando en diez verdecitos.” Estaban hablando de favorecer a un narcotraficante.
¡Qué tal! A ese nivel de podredumbre llegaron algunos de los más altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país. Es verdad, los “Audios de la Vergüenza” se dieron a conocer a mediados del 2018. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿habrá mejorado el Poder Judicial o seguirá tal cual? ¡Si las paredes hablaran, ciertamente tendríamos la respuesta! Pero no; las paredes no hablan, así que todo lo que diré a continuación – del Ministerio Público y del Poder Judicial – son simples apreciaciones personales.
Bueno pues, me temo que todo sigue igual en la administración de justicia de nuestro país. El Poder Judicial – léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, propiamente dicho – sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos. Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales – incorruptibles, inteligentes, incuestionables – que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero – lamentablemente – hay también de los otros.
Los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con el Instituto de Defensa Legal (IDL) no son nada santos. Y lo mismo se puede decir de los convenios suscritos entre dichas instituciones judiciales con varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales… y a sus familiares. Sobre todo, cuando se trata de aquellas universidades de propiedad de políticos en funciones como César Acuña (Universidad César Vallejo), José Luis Elías (Universidad San Juan Bautista), Pepe Luna Gálvez (Telesup), Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas), Luis Cervantes Liñán (Universidad Garcilaso de la Vega), entre otras.
¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos – u otros familiares – estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente… ninguna.
Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad – en todo sentido – de la Fiscalía y el Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás. Me refiero, tanto a temas remunerativos como a condiciones laborales: inmuebles, mobiliarios, equipos, servicios, etc. ¿Acaso no hay fiscalías y locales judiciales inmundos, con baños sin agua, expedientes en el suelo, calurosísimos, y todo lo demás? ¿Qué fácil debe resultarle a un criminal, amenazar – o sobornar – a un juez o fiscal, para torcer un fallo judicial a su favor? ¿No será por eso, que tantos criminales andan libres y / o son declarados inocentes?
También tenemos el problema de la impredictibilidad de la justicia en nuestro país. Yo puedo dar testimonio de ello. Dos bloqueos de carreteras idénticos – me refiero a los bloqueos de Ica y Virú en diciembre de 2020 – denunciados penalmente en los mismos términos, por los mismos delitos, con las mismas pruebas, con los mismos agraviados, en la misma fecha, merecieron dos fallos diametralmente opuestos.
La Fiscalía de Ica declaró el caso complejo – por la gran cantidad de denunciados – y prosiguió con las investigaciones de los denunciados. Mientras que la Fiscalía de Virú – a pesar de contar con más denunciados que Ica y a pesar de tratarse de un hecho delictivo idéntico – declaró infundada la denuncia y dispuso su archivamiento.
Bueno pues, pareciera que las fiscalías e instancias judiciales remotas – sobre todo, las de Sierra y Selva – son más permisivas frente a la corrupción y criminalidad organizadas. Lo cual es muy malo. ¡Muy injusto para la inmensa mayoría de peruanos! ¡Pésimo para el país!
¿No será que, frente a tantos fallos injustos, extraños y / o pro-delincuentes haya muchos “tu encargo se cumplió, qué baje la pena o que lo declaren inocente, o estoy pensando en diez verdecitos? Estoy seguro que sí.
He ahí otro inmenso desafío nacional, del cual se habla cada vez más… la reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” de nuestro país. Reforma que, dicho sea de paso, no podría gestarse dentro del propio Poder Judicial – por más autónomo que sea – porque no se puede poner al gato de despensero.
La reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” debería gestarse desde la ciudadanía, y en alianza con la prensa. Una prensa – y una ciudadanía – que funjan de controladores y evaluadores del monstruo de la “JUSTICIA” en nuestro país. Algo así como ¿juez coimero? ¡A la cárcel! ¿Juez miedoso? ¡A su casa! Todo público. Todo transparente. ¡No queda otra!
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