Acuerdo “G2G” para rehacer el Sistema de Justicia
De nada vale insistir. El Sistema de Justicia Peruano – tal cual está actualmente – no sirve. Peor aún, no tiene solución. Es irreparable. Está corrompido de pies a cabeza. O, mejor dicho… de cabeza a pies.
Por otro lado, tampoco debemos esperar nada de la presidenta Boluarte (la pretensiosa). Ella está de plácemes en su palacio, luciendo joyas “adquiridas con dinero, producto de su esfuerzo de toda la vida”. (Una descarada mentira que duró escasos minutos). Y menos, debemos esperar nada del cantinflesco ministro del Interior, Juan José Santibáñez. (Capturando un alto mando terrorista, que resultó ser un colaborador de la propia Policía).
Con esas autoridades, el (bueno-para-nada) Ministerio de Interior tampoco tiene solución. Y lo mismo se puede decir de la (malograda) Policía Nacional del Perú, en cuyo seno (nos acabamos de enterar) había policías que colaboran con extorsionadores y sicarios.
Aunque parezca mentira, a la presidenta Boluarte y al ministro Santibáñez – y a muchos más – les conviene la degradación moral y el caos operativo del Sistema de Justicia del país.
Ahora bien, tampoco debemos esperar nada del Ministerio Público ni del Poder Judicial. El gato despensero está también de plácemes tal cual… atiborrado de jueces y fiscales, cada cual más corrupto que el otro. Salvo muy contadas y honrosas excepciones.
Tampoco esperemos nada de la Junta Nacional de Justicia… la madre del cordero de la podredumbre moral enquistada en el Sistema de Justicia de nuestro país. El revelador “¿qué quieres… que le baje la pena o que lo declare inocente?” del infame exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Hinostroza Pariachi, sigue retumbando en los corrillos de las fiscalías y juzgados de todo el país.
No tapemos el sol con un dedo. En la justicia peruana, todo sigue tal cual lo revelado en los audios de la vergüenza del escandaloso caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Todo se sigue arreglando con marmaja bajo la mesa, o – lo que es igual – con vara. Vara de políticos “universitarios” (como Acuña, Elías, Ramírez, Luna Gálvez, Cervantes Liñán, etc.) que reparten “diplomados”, “maestrías”, “doctorados” y “honoris causas” para subyugar a cuanto juez o fiscal se les cruce por el camino. Y vara también de representantes de ONGs, politizadas e ideologizadas (Gorritis hay más de uno) que determinan – a su antojo – los delitos y penas contra aquellas personas que no sean de su agrado.
Y ¿qué me dicen de Chibolín? ¿Cuántas autoridades públicas – jueces y fiscales, policías y militares, ministros y alcaldes… – estaban metidas en su colada, codo a codo con los más avezados traficantes de oro y drogas, proxenetas, estafadores, y demás?
Así las cosas, ¿cuántos presos inocentes, que no tienen la plata para pagar las coimas liberadoras, habitan injustamente las cárceles de nuestro país? Y al revés ¿cuántos delincuentes – narcotraficantes, mafiosos, criminales, funcionarios corruptos, empresarios coimeros, y demás – están libres, sólo porque tuvieron cómo pagar la coima liberadora? Injusticia total… por donde se le mire.
Borrón y cuenta nueva. Ese es el clamor de la ciudadanía respeto de la justicia en el país. Lampadia lo sustentó fehacientemente a través de una encuesta en marzo pasado: 85% de peruanos desconfía del Poder Judicial y 73% del Ministerio Público.
Pero no. Lamentablemente, el país no podría subsistir sin un Sistema de Justicia autónomo – Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario, etc. – por más malo y corrupto que sea.
Por ello mi propuesta – sujeta a discusión – de un convenio G2G (Gobierno a Gobierno) con alguno de los países reconocidos por tener los mejores Sistemas de Justicia del mundo: Suecia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda…
Un Sistema de Justicia justo (valga la redundancia), que sea firme, probo, predecible, disuasivo, rápido, oportuno, y accesible para todos los peruanos. En otras palabras, un Sistema de Justicia confiable y respetado por la ciudadanía (incluso, por los delincuentes), con énfasis en la verdadera rehabilitación de los internos, y en la verdadera seguridad ciudadana.
Soñar no cuesta nada.
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