Sí. El Perú es un país de inequidades sociales. Muchos tienen poco o nada, y pocos tienen mucho. En otras palabras, hay muchos pobres y pocos ricos. Y eso no es bueno… al contrario. Sin embargo, no nos confundamos: el problema no es la riqueza. El problema es la pobreza. En ese sentido ¡ojalá hubiera muchos más ricos en el país!
Mucha gente pobre no tiene para vivir dignamente. Ese es el problema. Entonces, bueno fuera que muchos pobres dejen de ser pobres, y pasen a ser ricos. Ese debiera ser el gran logro por alcanzar, de parte del gobierno.
Pero no. Aunque digan lo contrario, el gobierno está empobreciendo a mucha gente. Gente pobre que se está volviendo pobre extrema. O sea, gente que no tienen ni para comer. De allí provienen los mendigos y delincuentes que pululan por las calles de todo el país.
Incluso, mucha gente de clase media se está volviendo pobre. ¡El gobierno está empobrecimiento masivamente a los peruanos… cruel y despiadadamente! ¿Cómo así?
Veamos. El principal factor de empobrecimiento es el desempleo. En su momento, el desempleo provino de la brutal cuarentena decretada por el inepto y corrupto expresidente Martín Vizcarra, al inicio de la pandemia del COVID. Pero luego – pasada la pandemia – el empobrecimiento de los peruanos proviene de la falta de inversión… sobre todo privada.
“¡No hay empleo!” resuena como disco rayado por todo el país. Muchas empresas – sobre todo, micro y pequeñas empresas – han cerrado. Por consiguiente, las personas que trabajaban en ellas han quedado sin empleo. Por otro lado, cada cierto tiempo, importantes empresas mineras (las de Pataz, por ejemplo) paralizan sus operaciones por actos de terrorismo o crímenes atroces. Actos que – dicho sea de paso – en su mayoría son originados por el propio Estado, por inacción, permisividad, y hasta connivencia entre el Estado y las bandas criminales.
Bueno pues. En esos casos, miles de trabajadores pierden sus empleos. Al menos, temporalmente. Pero no sólo ellos. Muchos proveedores de dichas empresas también se ven afectados. Y – por ende – sus trabajadores. Y así sucesivamente, el impacto recesivo llega hasta los gobiernos regionales y municipales – y al propio gobierno central – por la consecuente disminución de tributos y canon minero.
Sin embargo, el desempleo también proviene de la falta de inversiones en nuevas empresas y / o en ampliaciones de operaciones de empresas en marcha. A ese respecto, sabido es que – en nuestro país – alrededor de 300 mil jóvenes ingresan al mercado laboral, cada año. Pero como no hay nuevas inversiones, esos jóvenes se quedan en la calle.
Ahora pasemos a las inequidades en cuanto a servicios básicos: agua, salud, educación y seguridad. A ese respecto, los ricos no tienen problemas. Ellos tienen todo. Ellos viven en distritos que tienen buenos servicios de agua y desagüe. Educan a sus hijos en colegios y universidades privadas. Se atienden en clínicas privadas cuando lo requieren. Y en temas de seguridad, muchos tienen “guachimanes” particulares. El problema lo tienen aquellos que no tienen acceso a dichos servicios… los pobres.
Pero ¿acaso no es función del Estado brindar dichos servicios básicos? ¿Acaso las municipalidades de todo el país no son las responsables de las empresas de agua y saneamiento? ¿Acaso los gobiernos regionales no están a cargo de la salud y educación – públicas y gratuitas – en sus respectivas jurisdicciones? Y en cuanto a la seguridad ¿acaso la policía y el poder judicial no deben velar por la seguridad de todos los peruanos?
La respuesta a todas las interrogantes anteriores es SÍ. El Estado – con los impuestos que recauda de las empresas y de la ciudadanía – debe brindar dichos servicios públicos, de manera eficiente y transparente. En ese sentido, el Estado es el llamado a reducir las brechas entre ricos y pobres. Y tiene los recursos económicos para ello.
En los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), gracias a los buenos precios de nuestros principales productos de exportación, el Estado recaudó más Impuesto a la Renta (IR) que nunca. Incluso, Los altos precios de los combustibles propició también la mayor recaudación de Impuesto General a las Ventas (IGV) de la historia. Ojo, cuando suben los precios de los combustibles, el Estado gana y la población civil pierde. Muchos no saben eso. Pues, sería bueno que lo sepan.
En síntesis, a lo que quiero llegar es que – efectivamente – el Perú es un país de profundas inequidades sociales. Inequidades generadas desde dos frentes: (1) El frente laboral. El desempleo genera muchas inequidades entre los que tienen trabajo formal, y los que no. Y (2), el frente de los servicios básicos. Los pobres (los marginados) carecen de agua, salud, educación y seguridad. ¡Muy injusto!
¡Cómo no protestar por ello! ¡Claro que la gente tiene razón en protestar! Yo también protesto contra el Estado – Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales – que desalienta, en vez de alentar y facilitar, las inversiones privadas para generar empleo, y – peor aún – teniendo más recursos que nunca, no brindan los servicios básicos a la población pobre.
No nos engañemos. El Estado está extremando las inequidades sociales en el país, en vez de reducirlas. Ergo… el Estado es el problema.
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